Los antecedentes: agitación obrera y lucha estudiantil
En México, desde la década del ´50, el movimiento obrero comienza a hacer
una importante gimnasia de lucha contra el priato. El régimen, sostenido sobre
el férreo control de las organizaciones obreras a través del charrismo
sindical, comenzaba a dar signos de desgaste frente a la deslegitimación y el
descontento.
El 4 de febrero de 1957, los telegrafistas comienzan a reducir su carga de
trabajo, en respuesta a la demanda de aumento salarial presentada frente a la
SCOP. Como respuesta, el gobierno despide a 27 dirigentes telegrafistas, lo que
desencadena el paro de siete mil empleados distribuidos en 723 oficinas que
exigen la reinstalación de sus compañeros.
Para el 10 de ese mes, los paristas, organizados en asamblea, presentan un
pliego de peticiones que incorpora la reinstalación de los despedidos, cese de
los funcionarios, no a la represión a los paristas y desconocimiento de la
dirección sindical. Este último punto, va a ser el elemento común de los
procesos huelguísticos que emergerán en México bajo el dominio del PRI y que
comienzan a superar a sus direcciones burocráticas. Se trata de huelgas muy
duras, por fuera y en contra de las direcciones sindicales, donde la propia
dinámica de la lucha, arrastra a los trabajadores a mayores cuestionamientos
del gobierno y el Estado.
Para el 11 de febrero, la huelga de los telegrafistas recibe la adhesión de
los 320 operarios de Radio México. El gobierno decide dividir a los
trabajadores y ofrecer aumentos salariales por categorías. Pero los
trabajadores se niegan a aceptar el acuerdo al grito de ¡unidad!
El día 14 de febrero, los trabajadores de Radio Chapultepec se suman al
paro. Para ese momento son ya 850 mil el número de mensajes y giros no
despachados y retenidos por la huelga. Sin embargo, bajo la represión, las
amenazas y el aislamiento promovido por las direcciones sindicales, los
trabajadores deben volver a sus labores.
El 22 del mismo mes, se reanuda el servicio y el primer mensaje que se emite
desde todas las plantas radiofónicas y las oficinas telegráficas va “en
atención al presidente” Ruíz Cortines, para que se resuelvan las justas
demandas de los telegrafistas. Finalmente, los trabajadores rompen con su
sindicato charro y comienzan a organizar un sindicato independiente, logrando
la satisfacción parcial de algunas de sus reivindicaciones.
De igual forma, luchas por salario que adquirían la fuerza de una lucha
contra la burocracia sindical, las dio el Movimiento Revolucionario
Magisterial. La lucha de los maestros, va a ser acogida por los estudiantes de
las escuelas normales y los trabajadores del Instituto Nacional de
Capacitación.
Pero el proceso huelguístico de mayor envergadura en este periodo, será el
de los ferrocarrileros, que fuera parte de las banderas de lucha de los
estudiantes insurrectos de 1968.
El 2 de mayo de 1958, aún bajo la presidencia de Adolfo Ruíz Cortines,
varias organizaciones sindicales conforman la Gran Comisión Pro Aumento de
Salarios, incluyendo a la dirección del Sindicato de Trabajadores
Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).
A pesar de que el acuerdo de las asambleas sindicales fue exigir aumento
salarial de 350 pesos mensuales, los dirigentes comenzaron a “bajar” la
petición y finalmente negociaron con el gobierno una prórroga para ejecutar el
aumento de salario.
Espontáneamente y desconociendo a su dirección, los ferrocarrileros se
lanzan a la calle el 24 de mayo y sus secciones más combativas como la 13, 25,
26 y 28 difunden el “Plan del Sureste”, llamando a los trabajadores a rechazar
los 200 pesos de aumento salarial y la prórroga pactada por sus dirigentes.
Además, las secciones combativas, llaman a desconocer a los líderes charros y
exigen el reconocimiento oficial de sus dirigentes elegidos democráticamente.
Finalmente el 26 de junio se realiza el primer paro ferrocarrilero, 40
secciones del sindicato expulsan a la burocracia y forman el Comité Ejecutivo
por Aumento de Salarios, dentro del cual se encuentra Demetrio Vallejo. El paro
general ferrocarrilero, que paraliza todas las vías férreas nacionales será el
1 de julio y obtendrá un triunfo parcial consiguiendo aumento de salario, la
expulsión de la burocracia sindical y el reconocimiento de la nueva dirección,
encabezada por el mismo Vallejo.
Sectores cada vez más amplios de las masas obreras estaban muy inquietos. La
lucha ferrocarrilera había demostrado dos cosas: que se podía torcer el brazo
al gobierno y ganar mejoras laborales, y que se podía expulsar a los charros.
El de 1958, es el año en que los petroleros de las secciones 34 y 35 expulsaron
a sus dirigentes charros y en que el magisterio combativo del MRM enfrenta sin
tregua a la dirección del SNTE para disputar la dirigencia de la sección 9 del
Distrito Federal.
Para la toma de posesión de Adolfo López Mateos, ya el país estaba imbuido
de una agitación obrera. Los telefonistas realizaron paros escalonados, los
ferrocarrileros emplazaron a huelga por reivindicaciones laborales. Las
empresas se negaron a responder sus exigencias y 74 mil trabajadores del riel
volvieron a la huelga nacional.
El gobierno declaró inexistente la huelga y las empresas comenzaron los
despidos masivos. El 28 de marzo, mientras se celebraban masivas asambleas en
locales sindicales y estaciones, el gobierno lanzó una operación militar
cercando alrededor de 15 mil trabajadores y realizando aprehensiones en masa
que llenaron los cuarteles de presos políticos. El secretario de organización
del sindicato, Gilberto Rojo Gómez, llamó a los ferrocarrileros al trabajo y
anunció que el gobierno se había comprometido a dejar en libertad a los presos.
Una vez desarticulada la huelga, el mismo Rojo Gómez es encarcelado.
Durante el mandato de López Mateos,
se fueron a huelga los pilotos de las principales compañías aéreas organizados
en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), los trabajadores del
Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, los obreros textiles y los
telegrafistas, sumando aproximadamente 2358 huelgas, la mayoría de ellas contra
las direcciones sindicales priistas. De igual modo, a pesar de las
derrotas, durante el periodo de gobierno de Díaz Ordaz, fueron los
profesionistas médicos y maestros universitarios, los que protagonizarán movimientos
huelguistas de gran envergadura.
El movimiento estudiantil no fue inmune a esta agitación y durante la década
previa a la irrupción de 1968, protagonizó importantes procesos, además de la
creciente solidaridad de la juventud con las luchas obreras, que se evidenció
con mayor fuerza en el apoyo a la lucha magisterial.
El más emblemático de estos procesos es conocido como “el movimiento de los
camiones” frente al aumento de tarifas, que si bien no implicó la paralización
de actividades en las universidades, si estableció los primeros lazos de unidad
entre los estudiantes del IPN y de la UNAM, y la solidaridad de sectores
populares con los estudiantes.
Según Gilberto Guevara Niebla, el
movimiento de los camiones tuvo las siguientes características: “(…) la
unión entre obreros y estudiantes fue bloqueada por la política oficial (los
estudiantes recibieron de la policía trato diferente al que recibieron los
obreros, como lo demuestra la represión contra petroleros del día 29 y por la
política de los dirigentes estudiantiles; (…) el movimiento incorporó a
estudiantes de las dos redes de instituciones públicas de educación superior:
alumnos de la UNAM y del IPN y (…) se perfilaron en este conflicto vanguardias
de estudiantes politizados que pugnaron por articular la lucha estudiantil con
las luchas obreras. No obstante sus limitaciones, este movimiento fue el
heraldo histórico de la insurgencia estudiantil de los años sesenta” (Guevara
Niebla, 1988:25). Para 1956, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional
se lanzan a la huelga la cual es coartada por la intervención del ejército, la
toma militar de las instalaciones y la aprehensión de sus principales
dirigentes.
El movimiento de 1968 no cayó del cielo, si no que es el resultado de un
largo proceso de agitación obrera y estudiantil contra un régimen
antidemocrático, que sustentó el tan mentado “desarrollo estabilizador” en la
explotación de millones de trabajadores y en coartar las libertades
democráticas de la juventud. Las experiencias de lucha de la clase obrera y la
juventud permitieron una acumulación de experiencia que estalló a finales de
los ´60 y se expresó en las luchas de los ´70.
Espiral (Guadalajara)
versión impresa ISSN 1665-0565
Espiral
(Guadalaj.) vol.18 no.51 Guadalajara may./ago. 2011
Sociedad
La resistencia política en México: reflexiones
sobre sindicalismo, movimientos sociales y el instrumento de la convergencia
The
political opposition in Mexico: reflections on trade unionism, social
movements and the instrument of convergence
Jaime Torres Guillén*
* Licenciado en Letras por la Universidad de Guadalajara. Maestro en
Filosofía Social por el ITESO. Profesor del Instituto de Formación Filosófica
Intercongregacional de México y director de la revista Piezas, en diálogo
filosofía y ciencias humanas. Actualmente es candidato a doctor en ciencias
sociales por el CIESAS-Occidente. torresguillen@hotmail.com.
Resumen
El siguiente artículo pretende mostrar al lector que en México, la lucha
política e ideológica es y ha sido muy rica en experiencias. Aunque en los
últimos años se ha intentado invisibilizar y en ciertos momentos se ha
criminalizado la lucha sindical y social, ésta no ha dejado de mantenerse en la
resistencia ante los poderes fácticos. El trabajo muestra de manera muy
sintética, el desarrollo histórico por el que el sindicalismo mexicano ha
pasado frente al poder estatal y patronal. En cuanto a los movimientos
sociales, da cuenta de su teorización y diversidad, especialmente bajo la
categoría polisémica y poco clara de sociedad civil.
Palabras clave: sindicalismo, movimientos
sociales, sociedad civil, convergencia, México.
Abstract
The following article tries
to show the reader that in Mexico, the ideological and political struggle is
and has been very rich in experiences. Although in the last years, some
attempts have been made to make invisible and at certain moments the trade union
and social struggle has been criminalized, it carries on standing against the
extraparlamentary political powers. The work shows in a very synthetic way the
historical development through which Mexican trade unionism has passed as
opposed to the state and patronal power. As for the social movements, it
reports its theorizing and diversity, especially under the polysemic and little
clear category of civil society. The argument is kept that the social movements
in Mexico have been the product of the reactivation of the civil society
against the authoritarian political society. Deep in the essay, it is proposed
to think about the convergence instrument with which the trade unions and the
different civil institutions could stand against the political and economic
crisis into which the project of the present-day government, ally of the
patronal and ecclesiastic elite, has plunged the country.
Key words: Trade unionism, social
movements, civil society, convergence, Mexico.
I. El papel histórico del sindicalismo en México
En la segunda mitad del siglo XIX el sindicalismo mexicano comenzó su
gesta. El movimiento obrero en la época porfirista, aunque fue modesto, opuso
resistencia a la situación de miseria, desigualdad y marginación política que
cundía en la época. Ya a principios del siglo XX es muy conocida la historia
que hunde la raíz en el movimiento sindical en el país, a saber, la huelga de
Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907 respectivamente. El papel del Partido
Liberal Mexicano fundado, entre muchos otros, por Ricardo Flores Magón, fue
decisivo en estas huelgas (González Guerra, 2006: 19).
Posteriormente la fundación de la Casa del Obrero Mundial en 1912 y la
creación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en 1914, aparecen en la
historia del sindicalismo mexicano como una muestra de la combatividad y fuerza
que el movimiento obrero, sindical y de los trabajadores en general, representa
en la historia de México. Pero si de combatividad y estoicismo político se
trata:
La década de los treinta del siglo pasado fue crucial para el país y
para el movimiento sindical. La crisis económica que estalló en todo el sistema
capitalista a partir de 1929 y que se prolongó hasta bien entrada la década,
también afectó a México, de manera que los trabajadores reaccionaron con
acciones y movilizaciones para resarcir la pérdida del poder adquisitivo, de
sus salarios, pero además, invocando la Ley Federal del Trabajo de 1931,
empezaron a exigir la firma de contratos colectivos en las empresas y la
sindicalización de los trabajadores, de manera que en varios sectores se
llevaron procesos de unidad que culminaron con la constitución de sindicatos
nacionales como el ferrocarrilero en 1933, el minero metalúrgico en 1934, el
petrolero en 1935 y la Confederación de Trabajadores de México en 1936
(González Guerra, 2006: 24).
Voces dentro y fuera del gobierno pedían mano dura contra estos
movimientos de los trabajadores. Sin embargo, en esos momentos la fortaleza del
movimiento sindical estaba a todas luces muy por encima de la percepción que
ahora se tiene de los mismos.
Por ese entonces, el llamado a la unidad y la alianza que se llevó a
cabo durante el Congreso Nacional de Unificación Obrera y Campesina convocado
por el Comité Nacional de Defensa Proletaria en el mes de febrero de 1936, fue
crucial para esta fortaleza. Los nombres de personajes entrañables del
movimiento obrero y sindical como lo fueron Valentín Campa y Vicente Lombardo
Toledano representan una gloria para las luchas democráticas del sindicalismo
en México (González Guerra, 2006).
Por su parte los callistas, el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940),
empresarios, banqueros y la jerarquía católica, también tejieron alianzas para
detener la correlación de fuerzas que se gestaba en la lucha de clases a favor
del movimiento sindical (León, 1985). En este aspecto —tal y como Jorge Alonso
lo afirma en su análisis sobre las élites y clases sociales en el periodo
formativo del México moderno (1925-1945) (Alonso, 1976)—, fue a través del
aliciente a la inversión que la élite política del país tejió alianzas con la
burguesía y sus élites (comercial, industrial y financiera) y comenzó a
desplazar a la élite terrateniente. El efecto fue que la industrialización se
genera en concreto (Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos,
Nacional Financiera) no sólo bajo un control de los medios de producción, sino
también por medio de la neutralización de la lucha de clases.
A esta afrenta se le suma el que el presidente Cárdenas crea la
Confederación Nacional Campesina (CNC) para desligarla del movimiento obrero y
buscar corporativizar a éste a través de las mediaciones y hegemonía del Estado
(Córdova, 1986: 13-14). Esto se cumple cuando en 1941 queda electo como
secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel
Velázquez Sánchez. También, con la transformación del Partido Nacional
Revolucionario (PNR) en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y
posteriormente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que se tuvo
el aparato ideal para el corporativismo obrero y campesino que el sistema
político mexicano requería para expresar la unidad en torno al programa de la
Revolución (Córdova, 1986: 18).
Ahora bien, la burguesía mexicana como clase llega a consolidarse en el
periodo de Ávila Camacho debido, principalmente, a la alianza de la élite
política con la élite industrial, además de la conversión de los militares en
empresarios y de la conformación de una élite de líderes obreros y campesinos
ya corporativizados. De hecho la burguesía también se organiza en la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), la Confederación
Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), principalmente, para generar fuerza frente a la élite
política con la intención de que el Estado beneficie a la iniciativa privada y
para defenderse jurídica y coercitivamente de cualquier praxis obrera.
Pero una década más tarde el movimiento sindical se reanima. En 1958
recobran fuerza los ferrocarrileros, maestros, universitarios, petroleros,
telegrafistas, contra viento y marea: la crisis de la agricultura nacional,
disminución de la producción, baja de salarios y cláusula de exclusión en la
Ley Federal del Trabajo (Semo, 1982).
Los nombres de Othón Salazar y Demetrio Vallejo circularon por aquella
época como símbolo de la resistencia y la dignidad trabajadora. Sin embargo, la
derrota del sindicalismo democrático y combativo está documentada (González
Guerra, 2006: 32; Carr, 1996: 212-223). "La burocracia sindical oficial
fue la gran vencedora. Las fuerzas desatadas en 1958 la habían puesto
ciertamente en entredicho" (Semo, 1982: 61), pero el nacionalismo
revolucionario ya inyectado en el sindicalismo y su idea de controlar el
movimiento, alcanzó su cenit y en la década de 1960 el "charrismo"
hegemonizó indisputadamente al movimiento sindical" (Semo, 1982).
Ante este hecho, el gobierno utilizó a las instituciones como el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para dar pruebas de
su cumplimiento revolucionario en lo que respecta a las prestaciones sociales y
así neutralizar la lucha de clases con semejante mediación corporativa. Para
revelar la lucha sindical vinieron las clases medias que tuvieron su mayor
relevancia en el movimiento estudiantil de 1968 (González Guerra, 2006: 32;
Semo, 1982: 61).
En los años setenta y ochenta, respectivamente, a pesar del sindicalismo
oficial, las huelgas obreras y de otros sectores continuaron (Basurto, 1989:
58-62): la del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
en 1971; en ese mismo año, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM;
las luchas de "los trabajadores minero metalúrgicos en 1975 en la Fundidora
de Monterrey, por violaciones al contrato colectivo de trabajo y en 1976-1977,
en Altos Hornos de México, en Coahuila, por la democratización sindical y
mejoras en la contratación colectiva" (González Guerra, 2006: 35) en 1984
se continuó con la huelga que organizaron los trabajadores de la refresquera
Pascual y la de los trabajadores de Aceros Chihuahua, así como la de Volkswagen
en 1987, entre otras. Pero es importante señalar que "las luchas que se
dan en estos años son en su mayoría de carácter defensivo, en especial contra
la pérdida del poder adquisitivo del salario, los topes salariales, violaciones
a los contratos colectivos, los reajustes de personal y las políticas y
reformas antisociales del gobierno" (González Guerra, 2006: 37).
Como es bien sabido, en el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo
(1994-2000) la crisis económica afectó a la mayoría de la población mexicana.
Era el auge de las políticas neoliberales y el fin momentáneo del régimen
priista. La fórmula presidencialista del régimen era sencilla: llamar a un
nuevo pacto social principalmente con los sectores productivos dirigidos por
las cúpulas empresariales y sindicales. "El pacto se logró, sin embargo
tres organizaciones sindicales se negaron: el Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la
Confederación Obrera Revolucionaria (COR)" (González Guerra, 2006: 39).
Por ese tiempo en que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) vio la luz
en 1997, la avanzada de Zedillo procuró minar los sindicatos reformando la Ley
del IMSS, creando la Administración de Fondos para el Retiro (Afores),
impulsando —sin lograrlo— las reformas laboral, eléctrica y energética.
No fue hasta el sexenio foxista (2000-2006) en que la movilización de
los sindicatos se reactivó ante la oleada neoliberal de la política del
gobierno en turno. Los propósitos de esa política, especialmente en el rubro de
lo laboral, fueron impulsados por la representación de Carlos Abascal, entonces
secretario del Trabajo. Básicamente la idea se centraba en reformar la Ley
Federal del Trabajo, privatizar la seguridad social y los fondos de pensiones,
eliminar los contratos colectivos de trabajo y el derecho a la huelga, así como
replantear la relación del sindicalismo corporativo con el Estado para mantener
los topes salariales y retroalimentar la retórica de la llamada "nueva
cultura laboral" (Ortega, 2006: 238).
Bajo la lógica de mantener la tasa de ganancia para la élite
empresarial, la política laboral foxista buscaba flexibilizar las relaciones
obrero-patrón a través de la precarización del mercado del trabajo (Ortega,
2006: 285), concretamente: desocupando puestos de trabajo, ampliando las
funciones para un mismo empleado, reduciendo las indemnizaciones por despido,
dificultando el derecho a huelga, corrompiendo a los líderes sindicales o
apoyando o promoviendo sindicatos "blancos", todo para que estas
acciones produjeran a su vez inestabilidad en el empleo y los sindicatos
estuvieran en condiciones de negociar dicha iniciativa.
Poco a poco los sindicatos y sus aliados1 tomaron su batalla contra estas medidas que venían
de la mano con la privatización del régimen de jubilaciones, la industria
eléctrica, la reforma a la Ley del ISSSTE y que atentaban completamente contra
la autonomía sindical y el bienestar colectivo de los trabajadores.
Así, los electricistas se opusieron a la reforma de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica, que permite concesiones a particulares para
generar y vender energía eléctrica; los trabajadores afiliados al IMSS
resistieron ante la ofensiva del gobierno por privatizar el sistema de
pensiones y jubilaciones aunque sin tener éxito, sin embargo un buen número de
trabajadores afiliados al ISSSTE continúan en su lucha mediante miles de
amparos promovidos en contra de la nueva Ley del ISSSTE del 2 de abril de 2007,
a pesar que en 2009 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) resolvió que la pensión que deben recibir los trabajadores inscritos al
ISSSTE sería con base en la cantidad que la dependencia para la cual laboran
pagó como cuota y no con base en el sueldo nominal del empleado. Esta
resolución se basó, principalmente, en el hecho de que darles la razón a los
trabajadores provocaría un problema financiero que impediría al ISSSTE cubrir
las pensiones y las prestaciones correspondientes.2
Para muchos especialistas esta resolución jurídica estuvo sustentada en
el argumento del ISSSTE que sostiene carecer de recursos económicos para pagar
las pensiones a las que era condenado por los tribunales. A primera vista la
institución, al no recibir las cuotas correctas, genera un déficit en sus
recursos financieros. Pero al parecer el punto de la controversia no era ése
sino corregir el incumplimiento de la ley, es decir, la contienda era si el
problema se corregía "castigando a los servidores públicos impidiéndoles
el derecho a reclamar ante ese instituto sus pensiones correctas u obligar al
gobierno federal a pagar integralmente las cuotas en términos de ley. Se optó
por el primer camino, en contravención a los principios que rigen nuestra
legislación laboral".3
Otro rubro de la activación sindical recientemente fue el de la
autonomía de los sindicatos y la defensa del contrato colectivo. El ejemplo de
este último caso lo representa la lucha de los trabajadores de Euzkadi quienes
al no aceptar el "proyecto de productividad" de la empresa basado en
las políticas neoliberales, iniciaron una larga lucha sindical que habría de
durar del 16 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 2005, con el triunfo de los
trabajadores al convertirse en copropietarios organizados como empresa
cooperativa (Ortega, 2006: 297-298).
Con respecto a este mismo tema de la autonomía sindical, la disputa que
se da al interior del Congreso del Trabajo (CT) y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) en el 2006 con la toma de nota al líder del Sindicato
Ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, para que permanezca en la presidencia
del CT, grupos disidentes piden que se reconozca a Isaías González Cuevas como
presidente del CT y a Napoleón Gómez Urrutia como vicepresidente del mismo
organismo. Esto desata la furia gubernamental y la STPS desconoce a Gómez
Urrutia como líder del sindicato minero. Hay una fractura: unos apoyan a la
STPS y otros al CT reconociendo a Gómez Urrutia como líder de los mineros. El
resultado es la creación del Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía
Sindicales (FNUAS).
La última embestida contra la lucha, la democracia y la autonomía
sindical la realizó militarmente el actual Presidente de México, Felipe
Calderón en contubernio con los partidos políticos, la burguesía y la población
desinformada el sábado 10 de octubre del 2009, en contra del SME liquidando Luz
y Fuerza del Centro (LyFC). A pesar de la parafernalia mediática, los
argumentos de Calderón secundados por todos los medios de comunicación
electrónicos y la mayoría impresos, se fueron derrumbando uno por uno.
Por ejemplo, que la empresa estaba en una situación económica deplorable
era de suyo conocido por el gobierno. Se sabía desde sexenios anteriores. La
pregunta aquí es si tal situación dependió del SME o del dueño, es decir el
Estado quien era el que otorgaba los puestos a los 71 principales mandos; el
que les pagaba 1 millón 400 mil pesos anuales; el que tenía la obligación de
"modernizar" la empresa; el que ponía las tarifas a la energía y el
que compraba un cierto porcentaje de energía a CFE a un precio alto, para luego
pasarle la factura al consumidor.
La responsabilidad de la deficiencia de la empresa fue facturada al
sindicato por una razón simple: era uno de los sindicatos que podía ofrecer
resistencia a los proyectos privatizadores de la energía eléctrica y el negocio
de la fibra óptica en ciernes.4
El gobierno de Felipe Calderón, sin mediación política alguna, vio
agotadas las "vías institucionales" de negociación, pacto, alianza
con los grupos y movimientos disidentes de este tipo. Y es que, a diferencia
del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) nunca se ha interesado por la lucha
sindical, ni por las grandes organizaciones de masas (Córdova, 1986: 44, 48);
ante esta incapacidad política era necesario aplicar la "razón de
Estado", es decir la violencia militar. ¿Por qué con el SME y no contra lo
que queda del corporativismo sindical? Es muy probable que una de las razones
haya sido la de visualizar la tradición combativa y el símbolo de lucha obrera
que representa este sindicato, capaz de reavivar la resistencia del sector
trabajador.
II. Consideraciones sobre el sindicalismo en México
Todas las glorias y batallas de los sindicatos en México se pierden de
vista ante el desprestigio que ocasiona el que algunos líderes acumulen
riquezas a costa del Estado y el trabajador. La corrupción es y ha sido una
constante en la historia del sindicalismo. También las prácticas
antidemocráticas, el corporativismo y la falta de pluralismo político dentro de
los gremios.
El que en décadas pasadas la lucha sindical fuera la columna de
resistencia del pueblo trabajador y el movimiento obrero, ha perdido vigencia.
El movimiento sindical también sufre su crisis, principalmente porque a falta
de reproducción de cuadros políticamente formados, ha olvidado la historia y
los principios sociales, éticos y políticos que le dieron origen.
Por otro lado, los cambios tecnológicos provocados por la llamada
sociedad del conocimiento y ante la nueva organización del trabajo (ocupación
de tiempo parcial, desempleo en áreas industriales y aumento en el sector de
los servicios, reformas laborales, feminización de la fuerza de trabajo,
migraciones, procesos de integración comercial) (González, 2006: 408-409) los
sindicatos no han sabido del todo responder a tal situación con nuevas formas
de organización y acción, plurales, democráticas, alternas e imaginativas.
Las relaciones clientelares y corruptas de los sindicatos heredadas de
la cultura priista sólo sirven a las élites políticas y económicas del país. El
sindicalismo mexicano necesita deshacerse de esta herencia y buscar
alternativas estudiando las experiencias pasadas, pero también tejiendo
alianzas a nivel global para aprender de otros movimientos y fortalecer los
contrapesos frente a los poderes fácticos y el sistema capitalista.
Para ello se necesita preguntarse en serio si las organizaciones que
integran el CT, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y los grandes
sindicatos nacionales están dispuestos a practicar una democracia interna,
promover el pluralismo político, formar e informar políticamente a sus bases,
plantearse un proyecto de nación y mantener una moral y solidaridad como
valores en pro de la defensa y el bienestar de los agremiados.
También, al menos a corto plazo, se necesita que los sindicatos
mexicanos independientes y democráticos se planteen una convergencia ante la
fragmentación por la que sufren actualmente. En ella se tendrá que elaborar un
plan de acción que se oponga a las medidas (pactos, alianzas, negociaciones
clientelares) gubernamentales para calmar el reclamo social. Se deberá retomar
la lucha por la autonomía sindical, contra las reformas privatizadoras de la
seguridad social y los recursos energéticos del país.
Sin una plataforma política que no olvide la historia del movimiento
obrero y al trabajador mexicano, que democratice sus prácticas, que defienda el
empleo digno y el salario decoroso, la equidad de género, la defensa de las
garantías constitucionales en materia de trabajo y los derechos humanos
laborales, los sindicatos mexicanos no podrán ser actores colectivos en los que
los ciudadanos conscientes y los movimientos sociales puedan confiar para hacer
una convergencia con la cual se enfrente históricamente a la élite política que
hoy acapara el poder y a la clase dominante capitalista local y extranjera que
continúa beneficiándose del estado de cosas actual.
III. Los movimientos sociales y su teorización
Los movimientos sociales son parte de la sociedad civil. Aunque se sabe
que el concepto de sociedad civil es un tanto ambiguo, hay que verlo siempre
desde un horizonte de asociaciones sociales que traspasan las relaciones de
clase: grupos vecinales, redes, colectivos, estructuras de base social en donde
regularmente funcionan a partir de solidaridad, cooperación y trabajo (Cohen,
2000: 61).
En otro lugar he dicho que en el terreno del conflicto político
contemporáneo los actores5 no son las clases, sino los movimientos sociales,
las asociaciones, los frentes cívicos, los colectivos (Torres Guillén, 2008).
Aunque no se niega la persistencia del conflicto de clase como contradicción
propia del sistema capitalista, esta dialéctica social ha sido neutralizada de
tal manera que no es fácil reconocerla en la práctica. Parece ser que en el
escenario del conflicto social actual, la sociedad civil como nuevo sujeto
colectivo,6 aunque no muy bien definido, ha estado reclamando
el paso de los asuntos públicos que monopoliza el Estado al campo de la
sociedad para la democratización de la vida. Frente al viejo dilema de reforma
o revolución, parece que la lucha de la sociedad civil se vuelve emergente en
los países democráticos o que aspiran a democratizar sus relaciones sociales.
Comprender qué es la sociedad civil es un problema del siglo XXI al que
se debe seguir de cerca, como se hizo en su momento con las revoluciones o las
reformas. El siglo XXI en torno a la sociedad civil deberá ser el siglo que se
preocupe por los espacios y contenidos de los derechos individuales, las
libertades y asociaciones voluntarias, la cohesión social, el desarrollo y las
posibilidades de vida alternas al capitalismo. Por eso habrá que insistir en su
teorización.
Pero no hay que perder de vista que el concepto de sociedad civil es una
categoría desarrollada en la filosofía política moderna, en donde se implican
la existencia simultánea de tres niveles de realidad: el sistema jurídico
(derechos civiles, políticos y sociales institucionalizados), una red de movimientos
sociales y asociaciones civiles diversas, tanto en los social como en lo
político, y una cultura de la tolerancia y de la crítica (Olvera, 2004: 23-24).
De la noción de sociedad diferenciada del Estado que se desarrolló en la
Ilustración desde Locke y Montesquieu o la identificación de aquella con éste
tal y como lo hicieron Rousseau y Kant, resultó la concepción de sociedad civil
opuesta al Estado, cuyos componentes serían los individuos autónomos
formalmente iguales y depositarios de derecho (Cohen, 2000: 118). De aquí parte
Hegel para tratar de sintetizar el ethos antiguo con el de la libertad
moderna del individuo (Cohen, 2000: 120-144).
Si tratamos de esquematizar la tesis hegeliana de la sociedad civil,
veremos que apunta a una serie de bifurcaciones debido a su potencial teórico y
filosófico. Por ejemplo, para Hegel la vida ética como síntesis está compuesta
de familia, sociedad civil y Estado. En las dos primeras se conjuga un sistema
de necesidades, de trabajo y estamentos; es particular. En el Estado como
corporación se realiza la libertad concreta de los individuos, es la segunda
familia de éstos y ahí nace la burocracia servidora de lo público.
En este sentido la sociedad política fue concebida, en un principio, al
lado de la sociedad civil. Los sistemas políticos se construyeron a la par de
la sociedad y el Estado vinculó sus lazos para que la sociedad participara
políticamente en la vida pública.
Pero este es sólo el aspecto teórico. En la práctica habría que ver
hasta dónde se cumplió todo ello. Para el caso contemporáneo, y especialmente
en América Latina, sólo se podría hablar de la existencia de sociedad civil
desde su concepción moderna, en países que transitan, tienden o son
democráticos. En los casos donde existe dictadura o autoritarismo extremo, la
articulación de las redes, colectivos y asociaciones se torna difícil.
Precisamente este fenómeno del autoritarismo de Estado fue lo que detonó
el debate contemporáneo sobre la sociedad civil. Ante la falta de vínculo entre
la sociedad política con la ciudadanía, el renacimiento contemporáneo de la
idea de sociedad civil se ubica en tres momentos históricos, a saber: "las
luchas contra el totalitarismo socialista en Europa del Este; la resistencia
contra las dictaduras militares en América del Sur; y, el surgimiento y
desarrollo de los 'nuevos' movimientos sociales en Occidente" (Olvera,
2003: 24).
En México, este fenómeno de la sociedad civil comenzó a partir de las
movilizaciones antiautoritarias gestadas en 1968 con el movimiento estudiantil,
en 1988 con la creación del Frente Democrático Nacional (FDN), en 1994 con el
alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y culminó con
las elecciones del año 2000.
Sin embargo, ante la centralidad de la lucha política por sacar al PRI
de la Presidencia de la República, se perdieron de vista otras formas de praxis
social que no estaban interesadas sólo en los aspectos electorales del poder,
ni en la autonomía y autolimitación política que reclamó para sí la llamada
sociedad civil, sino en la posibilidad de cambiar el sistema de producción
económico y político, la posibilidad de tomar el poder por la lucha combinada
(cívica y armada) y la opción de crear formas de vida alternas al capitalismo
mediante el replanteamiento del Estado hegemonizado por las clases dominantes.
Por ello, más que hablar de sociedad civil, concepto amplio, ambiguo y
donde todo cabe, incluso los sectores de la burguesía (Olvera: 2003),7 habría que precisar que dentro de ésta existen los
movimientos sociales.
Jorge Alonso, en su texto "Aproximaciones a los movimientos
sociales", nos plantea que éstos pueden entenderse:
a) Como potencialidades nacientes con tendencias a institucionalizarse.
b) Como movilización voluntaria de hombres y mujeres en torno a una
causa.
c) Como procesos y redes.
d) Como un sistema organizado de instituciones, procedimientos y
protagonistas mediante lo cual se hacen escuchar las fuerzas sociales.
e) Como universos de sentido y la formación identidades.
Es claro que ante tanta diversidad, así como sucede con la categoría de
la sociedad civil, dentro de los estudios sobre los movimientos sociales
aparecen con frecuencia las ambigüedades y contradicciones sobre todo al querer
buscar leyes rígidas que puedan hacer predicciones sobre las acciones humanas.
Por ello, es necesario estar en continua revisión ante un fenómeno tan
complejo. Basados en el análisis comparativo de Jorge Alonso, hacemos una
síntesis de esta teorización.
IV. El concepto de Touraine
Teniendo en cuenta lo antes dicho, Alan Touraine (Touraine, 2002:
231-241) define al movimiento social como "una acción colectiva que
produce identidad y está orientada a la implementación de valores culturales
centrales contra los intereses e influencia de un enemigo definido en términos
de relaciones de poder". Aunque este autor ha modificado en los últimos
años su posición respecto al tema, sostiene que los movimientos sociales de la
sociedad industrial ya han sido reemplazados por una nueva movilidad más
cultural que social. La lucha de clases ha desaparecido. Es decir, para el
sociólogo francés las categorías culturales han sustituido a las sociales y la
idea de sociedad, por la de sujeto. Todo esto se debe a que el despliegue de
las subjetividades se ha privilegiado en las nuevas sociedades
postindustriales, de tal manera que, si la globalización neoliberal lanza una
ofensiva, ésta es repelida en su mayoría por movimientos culturales, los cuales
reivindican el desarrollo subjetivo más que el conflicto de clase.
V. El concepto de Boaventura de Sousa Santos
Ante la posición de Touraine, Boaventura de Sousa Santos (Santos, 2000;
2001: 177-184; 2003; 2009), invita a cambiar la mirada (ante el imperialismo
cultural y el epistemicidio) y tratar de teorizar desde el Sur. Para este
sociólogo es cierto que han aparecido nuevas formas de opresión que sobrepasan
las relaciones de producción; que con el aislamiento del movimiento obrero se
facilitó el surgimiento de nuevos sujetos sociales y de nuevas prácticas de
movilización social; que ahora los protagonistas no son las clases, etcétera.
Sin embargo, también habrá que reconocer que existen grupos sociales que en su
lucha tratan de universalizar sus intereses y no tanto su subjetividad. En todo
caso hay una multidimensionalidad de movimientos difícil de explicar desde una
teoría, pero no podemos afirmar que lo nuevo de éstos sea la subjetividad.
Puede haber movimientos culturales y personalistas pero siguen teniendo un
carácter social.
Boaventura de Sousa Santos pide ampliar la mirada en torno a la
autonomía y la comunidad de estos movimientos. Además, frente a la pluralidad
de los mismos, se pueden hacer combinaciones con el ánimo de comprender su
estructura. Por ejemplo:
a) Ciudadanías sin subjetividad ni emancipación (grupos que reclaman
garantías consagradas en las constituciones, al margen de su cultura o estilo
de vida y sin derrocar ningún poder fáctico).
b) Subjetividad sin ciudadanía ni emancipación (grupos que reclaman
respeto a su cultura o estilos de vida, sin poner a consideración ningún
derecho otorgado por el Estado o el cambio social)
c) Emancipación sin ciudadanía ni subjetividad (grupos que apelan a la
transformación social, dejando de lado las constituciones del Estado y la
cultura propia)
d) Emancipación con ciudadanía pero sin subjetividad (grupos que apelan
a la transformación social desde las garantías constitucionales del Estado,
dejando de lado su cultura y estilo de vida propio).
e) Emancipación con subjetividad pero sin ciudadanía (grupos que buscan
el cambio social desde su cultura y estilos de vida, sin tomar en cuenta las
garantías constitucionales del estado)
VI. Las investigaciones en América Latina
En los trabajos sobre el tema en el continente americano, el debate está
centrado de manera diversa. A. Negri (2002) privilegia el concepto de Multitud
al concebirlo como una red no jerárquica, la multitud viene a remplazar al
proletariado; J. Holloway (2002) centra su atención en lo que denomina Antipoder
con la intención de evitar reproducir las prácticas del Estado dentro de los
movimientos sociales; para R. Gutiérrez (2006) la Lucha desordenada es
una categoría que busca comprender cómo el desorden del orden convencional lo
lleva a cabo el movimiento espontáneo; por su parte Raúl Zibechi (2007) concibe
a los movimientos sociales como Sociedades en movimiento, se trata de
desplegar la lucha desde abajo y desde la vida cotidiana, sin líderes ni
caudillos.
Pero, por otro lado, desde la percepción de Atilio Borón (2004), Rossana
Rossanda (2007), Samir Amin (2007), los conceptos que mejor explican a los
movimientos sociales son las clases sociales y capas populares. Frente a
éstos, las anteriores ideas son románticas, discursos de moda, percepciones
sesgadas y fantásticas que se acercan demasiado al ideal de la plenitud de la
comunidad perdida; más que ello, se necesita potenciar la fuerza de las clases
para oponerse contundentemente al capital, tomar el poder y organizar lo
desorganizado. Además cualquier organización social no está exenta de
perversiones, traiciones, derrotas y errores estratégicos y tácticos.
Ante ello Pablo González Casanova expresa que como "los movimientos
antisistémicos" no encuentran la clase en sí y para sí que apareció en el
capitalismo clásico, sino que tienen que ver con subclases que al mismo tiempo
se plantean soluciones a los problemas de los pobres entre los pobres, y
ratifican la necesidad y urgencia de una fuerza o bloque plural en lo
ideológico, lo religioso y en las políticas del corto plazo, se torna necesario
luchar por:
[...] la autonomía de las organizaciones, por la autonomía de la
conciencia, la moral y la disciplina. [Ésta] se libra necesariamente en
sindicatos, partidos, pueblos, centros de trabajo, escuelas y universidades. Se
complementa —tras la toma del poder o para la toma del poder— con experiencias
en órganos de poder popular, en comités de defensa, en sistemas de cogobierno,
de participación, cogestión y autogestión [...] (González Casanova, 1982: 24).
La categoría de lo popular
es teorizada por González Casanova desde los años ochenta, para dar cuenta de
que la lucha en América Latina contra los poderes fácticos, el Estado represor,
las dictaduras, el capitalismo como sistema, no es ya hegemonizada por la clase
obrera, "sino por una categoría más vasta y contradictoria como es el
pueblo" (González
Casanova, 1982: 36). Las
experiencias en Cuba, Chile, El Salvador, Nicaragua, hacen pensar que la
historia de los movimientos sociales en América Latina se articulan más en
torno a la idea de lucha popular, bajo políticas de alianza, programas de largo
y corto plazo, bajo la dirección de un frente, coalición, organizaciones
políticas y revolucionarias.
Actualmente González Casanova insiste en que hay que estudiar los
procesos de liberación que precedieron a la lucha social de hoy, como lo fue la
socialdemocracia, el comunismo, la liberación de los pueblos, el nacionalismo
revolucionario y los nuevos movimientos rebeldes legales e ilegales, sociales,
políticos y armados, desde la óptica de la democracia, el pluralismo
ideológico, el pueblo trabajador, la liberación y el socialismo. Así, "la
coherencia con una lucha democrática universal y plural parece ser la
alternativa más poderosa frente al imperialismo y el capitalismo global tecnocientífico
y salvaje. La democracia en su sentido pleno implica la liberación y el
socialismo" (González Casanova, 2005: 281).
VII. Los movimientos sociales en México
Tomando en cuenta la teorización
de los movimientos sociales y la manera de abordarlos, habría que insistir que
en México éstos no han sido homogéneos y que han resultado principalmente del
distanciamiento que la sociedad política ha llevado a cabo con respecto a la
sociedad civil. Además, la
mayoría de ellos son la respuesta que se ha dado a las prácticas
antidemocráticas que el Estado a través de sus distintos gobiernos
(priístas, panistas y perredistas). Sobre este último punto, no está de más
insistir en la advertencia de que no todo los "organismos" que estén
en contra del Estado o alguna política de éste se pueden considerar parte de
esta categoría. En principio porque se tendría que cuidar si en realidad se
pertenece a un movimiento (sea de izquierda, derecha o "centro")
surgido de la población bajo un problema social específico, o simplemente una
Organización No Gubernamental (ÜNG) financiada por los organismos
trasnacionales para torpedear la legitimidad de los Estados y así anunciar su
"adelgazamiento".
Por otro lado, hay que entender que movimientos sociales los hay con
intereses diversos e historias diferentes (Cadena, 2004; Olvera, 2003). Por
ejemplo la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) creada
especialmente como respuesta a la integración económica y de libre comercio de
México con Estados Unidos y Canadá; Alianza Cívica fundada en 1994 con en
objetivo de vigilar y defender el voto en las elecciones de ese entonces,
sumándose a lo que hacía Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia
(CÜCD); la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIÜAC) que
lucha por los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los
trabajadores del campo y la ciudad desde 1975; o el Barzón, que activa la
movilización de un sector de la pequeña sociedad agraria, que lucha contra los
efectos de la crisis de crédito provocada por la caída económica de 1995.
También se pueden identificar por su capacidad organizativa a nivel
local, nacional y a pesar de sus derrotas, mantenerse en la resistencia como el
Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) derivado de la lucha política
principalmente indígena del EZLN, el cual buscaba conjuntar variados intereses
políticos que promovieran una nueva constitución y alternativa de país. Por
otra parte, nacida en junio de 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPÜ) que logró aglutinar 365 organizaciones sociales, ayuntamientos
populares y sindicatos con una demanda única: la salida del gobernador Ulises
Ruiz del estado, es una de las más importantes experiencias organizativas del
movimiento social en México. Por su parte el Frente de los Pueblos en Defensa
de la Tierra (FPDT) en San Salvador Atenco, que también tiene su mayor gesta
heroica y derrota en 2006, logró detener la construcción del aeropuerto
proyectado por el ex presidente Vicente Fox.
Las estrategias de los movimientos sociales pueden ser defensivas u
ofensivas. El primer caso lo ejemplifican bien las movilizaciones en torno a la
construcción de las presas la Parota en Guerrero y el Zapotillo en Jalisco
(afectando a los pueblos Temacapulín, Palmarejo y Acacico), respectivamente. En
ambos casos, las personas resisten ante el objetivo de desplazarlos de sus
tierras, pueblos y comunidades. En el segundo, el EZLN, ante la disolución del
FZLN en 2005, llama a una ofensiva zapatista, pacífica y civil por la humanidad
y contra el capitalismo, a través de la formación de La otra campaña.
Pero los movimientos sociales incluyen también a organismos ciudadanos
de diversas latitudes políticas, ideológicas y plurales, que se preocupan por
aspectos sociales específicos como la seguridad pública, la sexualidad o la
movilidad urbana. Para el primer aspecto, México Unido Contra la Delincuencia
(MUCD) nacido en 1997, producto del llamado de particulares, en especial la
señora Josefina Ricaño quien había padecido el secuestro y asesinato en su
familia, es un caso; o en temas de género y sexualidad, Católicas por el
Derecho a Decidir (CDD), asociación civil que trabaja por el bienestar y la
salud de mujeres y jóvenes en el marco de la defensa y promoción de los
derechos humanos, la justicia social y la democracia, al margen del discurso e
institucionalidad eclesial, es un ejemplo. A nivel local, en Jalisco se
reconoce a movimientos sociales que surgen de problemáticas ecológicas, de
autonomía indígena o movilidad urbana, como es el caso de Ciudad para Todos, el
Movimiento Indígena de Mezcala o Un Salto de Vida.
Ante la diversidad de colectivos, organismos civiles, frentes que buscan
cambios sociales ya sea coyunturales o profundos y de estructura, es
indispensable reflexionar en los horizontes que podrían conjugar voluntades y
acciones que se opongan al sistema actual de explotación y dominio. Para esto y
ante la dificultad que puede resultar la explicación del fenómeno de los
movimientos sociales, Jorge Alonso (Alonso, s/f, a) menciona algunas pistas que
podrían ayudar a ubicar la nomenclatura con que se están formando los mismos:8
Primero: habrá que estar atentos a las condiciones de la
emergencia de los movimientos, a su desarrollo y proceso. Conviene profundizar
en elementos como sentirse con otros, actuar con otros, compartir experiencias,
defenderse de agravios, enfrentar adversidades y hostilidades, defender derechos,
conjurar intereses particulares con colectivos, tejer redes sociales, producir
identidades y plantearse transformaciones.
Segundo: los movimientos tienen etapas correspondientes a
orígenes, a auges, a descalabros, a victorias y fracasos. La muerte de un
movimiento no significa que su influencia desaparezca por completo. Van dejando
marcas en la vida social. Los repertorios tácticos colectivos se van
enriqueciendo. Hay que tener la agudeza para poder escudriñar cómo existe una
latencia que posibilita irrupciones poderosas en determinadas coyunturas.
Tercero: hay que estar atentos a la diversidad y a la
multidimensionalidad. Sobre todo debemos saber escuchar lo que dicen los
movimientos de sí mismos, y descubrir cuáles alianzas establecen y por qué lo
hacen. Se deben buscar definiciones, pero hay que evitar las reificaciones.
Cuarto: no se puede olvidar que los movimientos exitosos
siguen siendo los que logran conjuntar el descontento difuso por medio de
convergencias, organicidades, combinaciones y diseños viables de alternativas.
Quinto: no hay que olvidar que no existe un solo poder,
sino muchos, y no hay un centro del poder.
Sexto: hay que atreverse a pensar. No hay que refugiarse
en hacer una y otra vez lo acostumbrado. Los movimientos populares, los actores
emergentes, la construcción de nuevas subjetividades nos mandan la señal de que
hay que repensar tanto la realidad como sus interpretaciones.
VIII. Alianzas estratégicas y convergencia política en México
En México, el año 1988 marcó un hito en la historia de los movimientos
sociales del país (Tamayo, 1993). Ese año se experimentó un reacomodo en la
manera de entender los procesos electorales, la articulación entre partidos
políticos y las fuerzas sociales progresistas. La candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas
generó una variante inesperada en ese entonces. Las movilizaciones populares
encontraron en el neocardenismo un lugar para unir esfuerzos y estrategias para
terminar con lo que se había convertido en el partido del Estado: el PRI. La
convergencia de estudiantes, amas de casa, campesinos, sindicalistas, obreros,
movimientos urbanos, en torno a este nuevo momento histórico representó una
posibilidad de alianza para apoyar lo que más tarde sería el Frente Democrático
Nacional (FDN).
Aunque se conoce bien el desenlace de esta coyuntura política del país
—fraude electoral salinista, creación del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), desarticulación de la base social—, la experiencia tiene todavía mucho
que enseñarnos ante las actuales circunstancias de crisis política. Como bien
lo indica Jaime Tamayo, con este movimiento nacional se reactivaron las luchas
civiles por la democracia, se fracturó el corporativismo sindical, se
articularon alianzas intra e intersectoriales, se transitó de las demandas locales
y parciales a demandas nacionales y se experimentó la práctica política en
condiciones de pluralidad ideológica. Este último punto es fundamental para
pensar la posibilidad de construir las alianzas dentro de las convergencias de
los movimientos sociales.
En este sentido, Jorge Alonso reflexiona en "Las convergencias,
instrumento de los movimientos sociales" (Alonso, s/f, b), que éstas se
inscriben en un proceso donde ya no se puede postular a un actor privilegiado
del cambio, sino una calidoscópica panoplia de agentes; y en vez de un
resultado único de tipo universal y homogenizador, hay una distribución más
amplia de efectos. Podríamos decir que "las convergencias incluyen a ese
conjunto de sujetos plurales que van coincidiendo, que se van identificando,
que van planteando una meta común de transformación. Se trata de una nueva masa
que supera la dispersión, la fragmentación, y la expresión meramente espontánea
con innovadoras formas orgánicas de nuevo tipo" (Alonso, s/f, b).
Ahora bien, es importante aclarar que no cualquier coyuntura es apta
para desatar un proceso convergente. "Hay momentos en que desde abajo se
pueden generar alternativas propias; pero hay otras coyunturas en donde cunde
la confusión y el estancamiento" (Alonso, s/f, b). También se debe tener
cuidado al ubicar a las convergencias como procesos lineales, o llevarse a cabo
al calor de voluntarismos, ya que las convergencias no son algo que surja
naturalmente, sino son el resultado de complejas construcciones sociales sobre
todo de intereses, acciones o identidades. "Se van fraguando contactos por
medios de las mismas luchas que hacen coincidir de alguna forma. Se van
tejiendo complejas redes en varios niveles desde lo micro, alcanzando lo meso
hasta llegar a lo planetario" (Alonso, s/f, b).
La clave de esta forma de organización radica en el respeto de las
autonomías concurrentes en la cooperación. Es importante señalar que dentro de
la percepción que se tiene de las convergencias, éstas son "en cierta
medida una apuesta, y no están exentas de la incertidumbre" (Alonso, s/f,
b). Como sus acciones son multidimensionales, dentro de ellas habita una gran
cantidad de representaciones sociales las cuales van combinando diferentes
planos y reconocimientos mutuos de sus integrantes en las distintas fases, en
los momentos de expresión, de soterramiento e hibernación.
El momento que se experimentó en 1988 sería un buen punto de partida
para estudiar los aciertos y errores que sucedieron en aquella época. Sería
también un modelo histórico de lucha social para comprender cómo la
convergencia, la alianza, la negociación entre los movimientos sociales
primero, y los partidos políticos posteriormente, puede ser una realidad en la
arena del conflicto social.
El instrumento de la convergencia conjugada con las reflexiones sobre
las tareas nacionales puede ser un punto de partida que logre unificar los
distintos momentos por los que atraviesa el sindicalismo y los movimientos
sociales en México.
Consideraciones finales
En los últimos meses hemos sido testigos de una de las etapas políticas
y económicas más significativas del futuro de la vida nacional. Me refiero al
golpe militar, político y mediático que se le propinó al Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), por un lado; y por otro, las medidas para mantener la tasa
de ganancia de la burguesía tanto nacional como extranjera en medio de una
crisis mundial sin conflictos sociales: el alza al Impuesto al Valor Agregado
(IVA), al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al consumo en general.
Ambos hechos, aunque parezcan coyunturales, corresponden más bien a la
correlación de fuerzas que se ha dinamizado, en parte, por la falta de
legitimidad del sistema de partidos de Estado frente a una población
indiferente a la llamada "democracia electoral", a la pauperización
de la denominada vagamente "clase media" y a la radicalización de los
movimientos y organizaciones sociales que no ven en la actual situación del
país una salida negociada a sus demandas básicas.
La falta de "equilibrio político" o "paz social" que
los dueños del capital siempre añoran con la llegada de algún partido en el
poder del Estado, ha generado desajustes en la dinámica social. Algunos de
estos desequilibrios están a la vista con la crisis económica y la recesión,
desempleo, inflación, altas tasas de interés, disminución del gasto público,
topes salariales; crisis política: falta de legitimidad del gobierno en turno,
aumento del abstencionismo y el fenómeno del voto nulo, poca confiabilidad en
el sistema de partidos y en los partidos mismos, des-ciudadanización del
Instituto Federal Electoral (IFE) y radicalización de los movimientos sociales.
Estos fenómenos hay que observarlos bajo la óptica de la "mediana
duración". Por ejemplo, la crisis económica en México no es producto
directo del "calentamiento de la economía norteamericana" o la
"crisis de los mercados". Es resultado de la política económica
iniciada con Miguel de la Madrid en los años ochenta, bajo el dogma del libre
mercado y continuada con mayor acento en los gobiernos de Carlos Salinas
(1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006). El
liberalismo económico demostró, al paso de las décadas, que la receta
neoliberal (reducción del gasto público, privatización de los bienes
nacionales, neutralización del Estado como rector de la economía) fue un éxito
para el mercado y sus dueños, mas no para el pueblo.
La crisis económica es tan aguda que con ninguna "negociación"
o "pacto" político puede llegar a equilibrarse en el corto plazo. El
gobierno de Felipe Calderón y sus aliados políticos y empresariales saben esto
a la perfección. Por eso necesitan, a toda costa, la legitimidad política que
no ganaron en las urnas.
También habrá que ver la crisis política bajo la lupa histórica. Desde
la reforma electoral de 1977, el sistema de partidos de Estado supo leer, por
un lado, que las masas desorganizadas pero molestas por los golpes económicos y
políticos del "gobierno", podrían ser, aun con su desorganización, un
peligro para la legitimidad del PRI, puesto que al no participar en la
elecciones, la abstención aumentaba considerablemente y si no tenían canales
institucionales dónde manifestar su enojo, podrían ser presa fácil de
movimientos radicales; y por otro, que los partidos de oposición de cualquier
geografía política y los movimientos sindicales-sociales agrupados en torno a
demandas específicas, debían ser orientados hacia las vías institucionales de
participación política, para reducir su beligerancia y garantizar el control de
sus acciones.
Se planteó entonces la reforma política de López Portillo, que
significó, por un lado formalmente, el propósito de ampliar las libertades
políticas y, en consecuencia, la mayor participación de la ciudadanía en la
cosa pública. Por otro lado, constituyó el esfuerzo gubernamental por recuperar
el apoyo necesario para mantener la legitimidad de la representación política,
en términos de liberalismo, y renovar las formas de control político ejercido
principalmente sobre las clases trabajadoras... [la reforma] aspiraba a salvar
los límites democráticos del desarrollo capitalista mexicano en los marcos
mundiales del capitalismo (Rodríguez Araujo, 1981: 49).
La idea era mantener la tasa de ganancia y la acumulación capitalista de
la burguesía nacional y foránea, al mismo tiempo que se mantenía a la oposición
en el terreno legal de la lucha política, pero sin ninguna posibilidad de
cambio social.
Con la llegada de Miguel de la Madrid, la crisis de la ideología del PRI
se agudiza. El discurso neoliberal se hace más patente. Las fuerzas populares
se debilitan frente a la política privatizadora, la apertura a la alternancia
de partidos posibilita el pasar de un sistema de partido del Estado a otro con
"partidos del Estado", lo cual implicaría un colapso de las alianzas
de clases anteriores. Es cierto que a partir de aquí y siendo fiel a la reforma
de 1977 se hacen concesiones sociales y se flexibiliza el reconocimiento de
triunfos electorales de algunos municipios y posteriormente en estados de la
República, pero sin ningún cambio significativo en la esfera del poder
económico. Lo que sí cambia es el discurso: el lenguaje popular, nacionalista y
revolucionario, cede al lenguaje neoconservador tecnocrático, laico y católico
para la reestructuración de los aparatos del Estado.
La reforma electoral de 1977 permitió la formación de un gran frente
cardenista en el año 1988, pero éste fue incapaz de salirse de las "vías
institucionales" que el sistema de partidos le había marcado y perdió
ilegalmente la Presidencia a la República. Posteriormente, las mentadas
"vías institucionales" impulsadas por las reformas de 1986, de
1989-1990, y de 1993 (Córdova Vianello, 2009) parecieron agotarse. Como es ya
sabido, en 1994 surgió el EZLN. Se intentó convencer a los rebeldes de que la
"vía pacífica", es decir, la legitimidad del sistema de partidos de
Estado era el camino para dirimir las diferencias. Los zapatistas,
desconfiados, aceptaron un diálogo que mostró, una vez más, que la reforma
mencionada había sido desenmascarada en sus intenciones reales.
Las reformas electorales continuaron (1994 y 1996) hasta que el PRI
perdió la Presidencia. El fervor por la alternancia duró feliz hasta que
Vicente Fox, una vez en la Presidencia, desilusionó a la mayoría de sus
votantes y a la población. Con la llegada del PAN al poder político, la
correlación de fuerzas cambió.
Fragmentado el movimiento social opositor en varios frentes (guerrilla,
partidos de "oposición", movimientos populares, movimiento obrero)
pero ya sin el control clientelar, cuando menos entre los zapatistas, el movimiento
de Atenco, la APPO en Oaxaca, los maestros y electricistas disidentes, el
partido de Estado administrado ahora por el PAN, buscó de nuevo legitimar su
gobierno mediante las prácticas que aprendió del PRI: se alió con el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el sindicato de Petróleos
Mexicanos (Pemex), y reforzó con poco éxito el aparato clientelar mediante los
programas Oportunidades y Procampo; también permitió la creación de nuevos
partidos que pudieran equilibrar su "gestión" y apoyaran sus
decisiones.
Pero la legitimidad no llegó. El desafuero contra Andrés Manuel López
Obrador, las campañas del miedo contra éste, las elecciones polémicas de 2006,
la violencia desatada contra los habitantes de Atenco, la crisis postelectoral,
la represión contra la APPO, la violación de los derechos humanos por parte de
militares en la "guerra contra el narcotráfico", el descontento de la
población en general por la crisis económica y el fracaso del PAN en las
elecciones recientes, llevaron a Felipe Calderón y a sus aliados a la
conclusión de que no podían esperar a que la lucha de clases perdiera la
mediatización que el PRI había construido a base de corporativismo, retórica
nacionalista y represión selectiva. Por esta razón se han empeñado en
criminalizar cualquier protesta social.
Sin embargo, el problema no sólo está en el partido en el poder y sus
aliados. En este contexto de crisis política y de legitimación social también
se encuentran los sindicatos y los movimientos sociales. Por eso la tarea
principal para éstos conlleva a pensar, cuando menos, en cinco retos:
• Terminar con la herencia política de corrupción, clientelismo y
exclusión al interior de los sindicatos y organizaciones sociales.
• Buscar los mecanismos que permitan converger en sus intereses y
posturas ideológicas diversas en una tarea nacional más amplia que sus demandas
particulares.
• Plantearse tareas a corto y mediano plazo en diferentes rubros (salud,
educación, autonomía sindical, ganar espacios públicos, defensa del voto) que
permitan ir ensayando formas alternativas de acción política conjuntas a nivel
nacional.
• Mantener la confianza en los procesos electorales como una vía de
acceso a formas cada vez más democráticas de las instituciones políticas y de
gobierno del país, además de valorar la posibilidad de alianza coyuntural con
alguna fuerza política partidista, si las circunstancias y condiciones lo
permiten.
• Aprender de las experiencias pasadas, sobre todo de aquellas que han
permitido el diálogo, la tolerancia y la democracia al interior de un frente,
coalición o coordinadora para plantearse la toma del poder y cambiar el
proyecto de nación hacia una que sea más democrática, libre, soberana y
equitativa.
Estos retos se antojan irremediablemente difíciles. Sin embargo, es
necesario planteárselos como formas alternas y siempre en retrospectiva
histórica para que la utopía se vaya apareciendo cada vez más como una
posibilidad real. Sin una imaginación sociológica, dialéctica e histórica de
este tipo, la crisis actual de nuestro país se percibe terriblemente obscura.
El autor de este trabajo tiene la convicción de que las transformaciones
sociales no sólo se dan en las calles o en el conflicto directo, también es
necesario teorizar y reflexionar sobre las prácticas políticas del pueblo que
dirigirán los rumbos del país en los próximos años. Es indispensable establecer
"puentes y políticas de acercamiento entre quienes hacen los análisis
sociales y quienes los amplían y ponen en práctica" (González Casanova,
2002: 13). Sólo teniendo en cuenta ello, el fantasma del purismo, la
intolerancia ideológica y la antidemocracia, no será motivo para evitar una
gran acción colectiva nacional que sea capaz de terminar con el modelo de país
que generaron la oligarquía económica y política de México.
Bibliografía
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Notas
1. Coordinadora Intersindical Primero de Mayo (CIPM), Sindicato
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
(SITUAM), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Frente Nacional de
Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE), Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Centro Nacional de Promoción
Social (Cenpros), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Congreso
Nacional Indígena (CNI), entre otros.
2. Cfr. La Jornada, sábado 28 de marzo de 2009, p. 10.
3. Cfr. La Jornada, 6 de junio de 2009.
4. Cfr. Proceso, edición 1719, 2009.
5. Me refiero a quienes participan en el campo político bajo una demanda
específica organizados en grupos, asociaciones vecinales u organizaciones
cívicas, exigiendo solamente la resolución de su demanda. Son actores en el
sentido en que personifican un ente social que gestiona un beneficio para sí,
frente al Estado. 6. Tomo el término "sujeto colectivo" para
especificar las potencialidades cognitivas, políticas y éticas que tienen
quienes participan en la gestión política frente al Estado, sobre todo en el
sentido de que son capaces de transformar su entorno.
7. Esto permite evitar la trampa de la ofensiva semántica de los grupos
dominantes, como el Banco Mundial (BM), para los cuales ampliar el espacio de
la sociedad civil significa restringir el lugar del Estado, o también en la
ingenuidad de muchas ONG para las cuales la sociedad civil es el conjunto de
todos los que quieren el "bien de la humanidad".
8. También consúltense las propuestas de Pablo González Casanova
(González Casanova, 2002: 25-30).