Los nuevos herederos de Zapata. Armando Bartra. (Fragmento)

 Zapata cabalga de nuevo 

Cuando despertó, los campesinos aún estaban ahí Agotamiento del modelo de desarrollo agropecuario Desde 1940 hasta 1965 la agricultura mexicana cumple satisfactoriamente las funciones que le asigna la reproducción económica del capitalismo dependiente. Durante 25 años la oferta de productos agrícolas crece más rápidamente que la población, lo cual permite abastecer el mercado interno manteniendo relativamente bajos los precios de los alimentos y de los insumos industriales de origen agrícola. En otras palabras, durante casi 30 años el trabajo campesino permite contener el alza del costo de la vida urbana, colaborando a frenar las presiones obreras sobre los salarios industriales. Paralelamente, este crecimiento de la producción permite reducir las importaciones agropecuarias y obtener una masa creciente de excedentes exportables, de modo que para 1965 la balanza comercial de productos agropecuarios arroja un saldo favorable de más de 600 millones de dólares que compensan casi el 50% del déficit en la balanza comercial de productos industriales. En otras palabras, durante casi 30 años el trabajo rural genera una parte sustancial de las divisas necesarias para que la industria pueda importar su infraestructura tecnológica. Pero a mediados de la década de los años sesenta este “milagro mexicano” comienza a resquebrajarse. El crecimiento de la producción agrícola, que de 1940 a 1965 había sido a un promedio de 5% anual, disminuye de 1965 a 1970 al 1.2% y de 1970 a 1974 prácticamente se estanca al reducirse la tasa de crecimiento promedio anual al 0.2%. Considerando el crecimiento de la población, en el 126 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 último periodo el producto agrícola por persona sufre una reducción promedio de 2.6% cada año. El lento crecimiento del valor de las exportaciones de ciertos productos (hortalizas y otros), la reducción del valor de las exportaciones de otros productos (algodón, azúcar, henequén, ganado), sumado a las crecientes importaciones de bienes de origen agropecuario (maíz, trigo, arroz, oleaginosas, lácteos, etcétera), determina que –en términos de balanza comercial– para 1974 México haya dejado de ser un país exportador de productos agrícolas y se haya transformado en importador absoluto de bienes agropecuarios. Al esfumarse el superávit agrícola, mantenido por 30 años, el déficit industrial solo puede ser compensado por el superávit en la balanza de servicios, que sin embargo también se reduce, de modo que el saldo rojo en la balanza comercial aumenta aceleradamente y tiene que financiarse con un endeudamiento externo creciente: de 1970 a 1977 la deuda externa aumenta en más de 500%, pasando de 4 262 a 22 912 millones de pesos. El resultado inevitable de este proceso es la devaluación. En lo interno, el creciente déficit en la oferta de bienes de consumo de origen agropecuario, que tiene que compensarse con compras a altos precios en el mercado internacional, genera una incontenible elevación de los precios con la consiguiente alza del costo de la vida. A pesar de que se intenta cargar sobre los hombros del proletariado todo el peso de la crisis, los salarios obreros tienen que aumentar, lo cual deriva en incrementos más que proporcionales de los precios de los productos industriales. Los efectos de este proceso se suman al estancamiento productivo del sector manufacturero, impulsando el desarrollo de la espiral inflacionaria. Las causas generales de esta crisis, que se inicia con e1 deterioro creciente de la producción agrícola desde 1965 y estalla, a partir de una serie de factores coyunturales, a principios de los años setenta, podrían resumirse en el agotamiento de un sector agropecuario sometido a una permanente descapitalización en beneficio de la acumulación industrial. Después de casi 30 años, las posibilidades de desarrollo de la industria basada en la agricultura han llegado a su límite y la gallina de los huevos de oro del capitalismo mexicano agoniza. Sin embargo, esta explicación general, que presenta a la agricultura en bloque como víctima de un modelo de crecimiento, es unilateral. En realidad, para que la agricultura como un todo pudiera servir al desarrollo de la industria, un sector de la propia agricultura Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 127 tuvo que desarrollarse a costa del resto. El modelo agropecuario que permitió el desarrollo industrial tenía que ser profundamente polarizado, y es cuando esta polarización interna hace crisis que la funcionalidad de todo el sector agropecuario se deteriora. De hecho, lo que se derrumba a fines de los años sesenta y principios de los setenta no es toda la producción agropecuaria, sino particularmente los cultivos destinados al mercado interno y en especial los de consumo humano directo como el maíz y el frijol. Pero cuando estos cultivos sufren un deterioro prolongado tienden a desatar mecanismos que extienden la crisis a todo el sector. En cierto modo también la agricultura tiene pies de barro, y la impresionante modernización agropecuaria de las últimas décadas encuentra su talón de Aquiles en la agricultura tradicional predominantemente campesina y temporalera. De 1950 a 1960 la producción de maíz y frijol creció a un 4.8% anual promedio y la agricultura en su conjunto tuvo un crecimiento promedio del 4.3%; pero cuando la producción de estos granos se contrae, como de 1970 a 1976 en que tiene un crecimiento negativo de 0.4% anual, la agricultura en su conjunto decrece a una tasa de 0.1%. La crisis de la agricultura campesina temporalera y destinada al mercado interno de consumo popular arrastra al conjunto del sector, pero este deterioro de la agricultura tradicional no se explica solo por factores intrínsecos; en realidad lo que sucede es que la agricultura empresarial y de riego y en general la producción agropecuaria de exportación o destinada al consumo interno de la población de mayores recursos se ha desarrollado a costa de la agricultura tradicional. Ciertamente era necesario el crecimiento de la producción agrícola moderna y de exportación, para que el sector agropecuario cumpliera con las funciones de sostener el desarrollo industrial, y en este sentido la sobreprotección y los privilegios que se le otorgaron parecen justificarse; sin embargo también la agricultura tradicional y de mercado interno cumplió una función irremplazable pero, a diferencia del empresario, el campesino no fue apoyado y estimulado sino exprimido hasta el agotamiento. A principios de los años setenta, la complementariedad del modelo se rompe por su eslabón más débil, pero también entra en crisis por su extrema polarización. Si la agricultura tradicional se mantuvo descapitalizada y explicablemente ineficiente, la producción agropecuaria empresarial se revelaba especulativa, depredaVIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 128 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 dora, controlada por las trasnacionales y cada vez más dependiente del mercado mundial. Si el crecimiento de la industria a costa de la agricultura, que fue funcional durante 30 años, ya no se sostenía, la polarización del sector agropecuario que permitió esta funcionalidad había llegado a sus límites y se volvía, también, irracional. La política agraria de sobreprotección sistemática al sector agropecuario de exportación y de estímulo a las agroindustrias había creado un monstruo. La agricultura de riego fue privilegiada frente a la temporalera al extremo de que para los setenta del pasado siglo estaba sobrecapitalizada y las inversiones tenían rendimientos marcadamente decrecientes, pero además el uso depredador de los recursos acuíferos estaba conduciendo al agotamiento de los mantos freáticos, y el empleo irracional de fertilizantes y pesticidas amenazaba con provocar una pérdida de control sobre las plagas. Como contrapartida, la agricultura temporalera, que seguía constreñida al empleo de medios de producción rudimentarios y obligada a producir cada día más a cambio de ingresos cada vez menores, tuvo que sobreexplotar los suelos, agotando la fertilidad de la tierra, con lo que provocó erosión y deterioró la ecología. Pero, además, la configuración de un sector agroexportador estaba dejando de ser funcional a la acumulación interna y se sometía cada vez más a las necesidades del destinatario de la producción. La agricultura del noroeste se había transformado en un enclave de las trasnacionales y de los brokers estadounidenses y era extremadamente frágil y sensible a las fluctuaciones del mercado y a los movimientos especulativos de los socios financieros y compradores. La otra cara de la moneda era una agricultura de mercado interno incapaz de satisfacer la demanda de bienes de consumo popular, de modo que las importaciones masivas de granos, oleaginosas y otros cultivos conducían a que también el mercado interno estuviera sometido a las fluctuaciones de los precios internacionales de los alimentos. Este proceso se venía dando desde 1940, pero desde 1950 y sobre todo a partir de 1960 se le añaden otras dos tendencias distorsionantes: el crecimiento impetuoso de la ganadería extensiva de exportación y el control creciente de las empresas agroindustriales sobre el producto agrícola. La expansión de la ganadería mayor es un caso extremo de irracionalidad, pues no solo estaba al servicio del mercado exter- Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 129 no sino que, a diferencia de la agricultura de exportación, su crecimiento no se basaba en el aumento de la productividad, sino principalmente en el control monopólico de las tierras de agostadero. Se trataba de una ganadería extensiva que casi no empleaba mano de obra, que dependía principalmente del pastoreo libre y, que en lo fundamental, exportaba ganado flaco y en pie. En los años setenta la demanda creciente de forrajes para la ganadería representó un papel decisivo en la crisis de la producción agrícola para el mercado interno de consumo popular, al generar una masiva sustitución de cultivos en beneficio de los productos forrajeros como el sorgo y la soya a costa, principalmente, del maíz y el frijol, y al captar incluso una parte sustancial de la producción de granos susceptibles de consumo humano destinándolos al consumo animal. A fines de los años setenta la ganadería empleaba cerca del 40% de la superficie explotada del territorio nacional y en 1975 el ganado consumió alimentos de origen agropecuario por valor de 34 mil millones de pesos. Ciertamente una parte de la producción de carne se destina al mercado interno pero los principales consumidores son los estratos de población de ingresos medios y altos (apenas una de cada cuatro personas), de modo que la ganadería destinada a la exportación y al consumo privilegiado compite favorablemente con la demanda masiva popular en la producción y el consumo de granos. A principios de los años setenta, aproximadamente el 20% de las tierras de labor estaban sembradas con pastos y productos forrajeros, mientras que en los mismos años, 1970 a 1974, la superficie cosechada de maíz se redujo 20% y la de frijol, 31%. El crecimiento de las empresas agroindustriales no debe interpretarse como un sano desarrollo de los procesos de transformación que aumenta el valor agregado de los productos y genera empleo. En lo esencial, las empresas agroindustriales acumulan con base en la transferencia del plusvalor generado por la agricultura, predominan entre ellas de manera abrumadora las trasnacionales y destinan el grueso de su producción de alimentos al consumo animal o a satisfacer la demanda de los sectores de altos recursos. A fines de los años setenta alrededor del 25% de la producción agrícola se industrializaba y una parte importante de estos bienes se destinaba a la producción de alimentos balanceados, rama en la que tres trasnacionales (Anderson-Clayton, Ralston Purina e International Multifoods) dominaban el 60% de la producción. Otro VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 130 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 sector importante de la agroindustria –la producción de leche condensada, evaporada y en polvo– era controlada casi en el 90% por trasnacionales. La creciente desviación de la producción agropecuaria hacia las empresas agroindustriales, que frecuentemente se benefician de la política oficial de subsidios en los precios de las materias primas, y cuya producción se orienta en lo fundamental a la exportación, la ganadería o los consumidores de recursos medios y altos, colaboró de manera importante en la crisis de producción agropecuaria, en la elevación de los precios urbanos de los alimentos y en el aumento del costo de la vida. En resumen, la dinámica del sector agropecuario y la política agraria oficial condujeron a: • el desarrollo de la agricultura de riego sobre la de temporal; • el impulso a la producción agropecuaria de exportación a costa de la de mercado interno; • la extensión de la ganadería y la producción forrajera, en detrimento de la agricultura y de la producción de granos para el consumo humano, y • la expansión monopólica y trasnacional de las agroindustrias que interceptan, desvían y encarecen los bienes de consumo popular. Y todo esto expresándose en la sobreprotección institucional a los empresarios agrícolas, a la gran propiedad ganadera y al capital agrocomercial y agroindustrial; lo que contrastaba con el desamparo a la pequeña y mediana producción campesina, que no solo había carecido de apoyo oficial, sino que había sido exprimida por una política de precios claramente desfavorable. El resultado de este proceso fue la crisis de producción que se anunciaba desde 1965 y estalló en la década de los setenta. Crisis de la economía campesina Pero la crisis de producción no es más que un aspecto de la crisis agraria de los años setenta; paralelamente a ella se desata una conmoción social y política de enormes proporciones. Si la insuficiencia de la producción agropecuaria para satisfacer el mercado interno y generar excedentes exportables configura Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 131 una crisis de abasto que se expresa en la escasez de bienes de consumo popular y cuya base está en el desmantelamiento de la economía campesina y el agotamiento de la agricultura de temporal, la paulatina contracción del ingreso de los trabajadores del campo hasta niveles inferiores a los de subsistencia se expresa en el ascenso espontáneo de la lucha campesina y genera una crisis social y política de gran envergadura. La ruina generalizada de los pequeños campesinos, el empobrecimiento progresivo de muchos agricultores medianos y el rápido crecimiento de la masa de campesinos sin tierras propias y con escasas posibilidades de empleo asalariado, acorrala a la mayoría de los trabajadores rurales en un nivel de ingresos de infrasubsistencia. Esta situación no es nueva, pero se agudiza hasta hacerse social y políticamente explosiva a fines de la década de los sesenta y principios de los setenta. Después del cardenismo el reparto agrario se frena notablemente y además las tierras susceptibles de explotación agrícola llegan a representar menos del 10% de las dotaciones ejidales. De esta manera, para la década de los cincuenta, el número de pequeños productores con tierra no solo no aumenta sino que comienza a disminuir pasando de 2.5 millones en 1950 a 2.1 millones en 1970, mientras que el número de campesinos sin parcela propia casi se duplica, pasando de 1.4 millones a 2.5 millones. Para 1970, los trabajadores del campo que no tienen tierra propia, aunque muchos participan en las labores agrícolas familiares o trabajan en aparcería, superan ya en 400 mil a los campesinos que disponen de una parcela. Pero la insuficiencia de las tierras en manos de los campesinos no solo se expresa en los 2.5 millones que carecen de parcela, puesto que casi dos millones de los que sí están en posesión disponen de minifundios temporaleros de infrasubsistencia, de modo que tienen que sumarse a los que carecen de tierra en la búsqueda de ingresos complementarios. A fines del pasado siglo, la población rural seguía aumentando, pero desde 1950 las tierras de labor de las que disponen los campesinos prácticamente no se incrementan; por otra parte, la industria solo absorbe una pequeña porción del crecimiento demográfico rural: de 1940 a 1970, la industria y los servicios solo dieron empleo a tres de cada 10 nuevos trabajadores del campo; finalmente, la agricultura capitalista tampoco ocupa a la totalidad de esta VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 132 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 mano de obra liberada pues sus inversiones se orientan fundamentalmente a elevar la composición orgánica del capital agropecuario: en 1940 la proporción entre la maquinaria y los jornales en el costo de la producción agropecuaria era de 1-3 y para 1960 la proporción era ya 3-2. Si entre 1950 y 1970 el crecimiento demográfico, combinado con el estancamiento de la agricultura campesina, genera una creciente subocupación rural, la crisis general de esta agricultura –que de una forma u otra sostiene a los subocupados– a fines de la década de los sesenta, lanza a la lucha por la subsistencia a más de cuatro millones de campesinos. La ruina de la agricultura campesina, que está en la base de la crisis de producción y es el disparador de la crisis social y política generada por la movilización de los subocupados, se origina en la desmesurada explotación a la que los ha sometido el sistema. A diferencia del empresario, que reacciona ante la baja de los precios de venta disminuyendo la producción, el campesino, colocado en las mismas condiciones, aumenta la oferta con el fin de mantener el ingreso mínimo de subsistencia. Esta particularidad ha sido utilizada por el Estado para lograr incrementos notables en la oferta de productos agrícolas de origen campesino, manteniendo sin embargo estancados los precios y sin realizar inversiones en el sector de los pequeños y medianos productores. Pero este mecanismo de explotación tiene límites, pues en un momento dado el campesino ya no puede seguir produciendo con pérdidas, la desacumulación llega a sus últimas consecuencias y el agricultor abandona las tierras o se retrae a la producción de autoconsumo. Una de las características del incremento en la extracción del excedente por la vía absoluta es que su agotamiento no es gradual sino abrupto, y en México la catástrofe se presenta a principios de los años setenta: entre 1971 y 1974 la superficie cosechada de maíz se reduce en más de un millón de hectáreas –el 20% del total– y la de frijol en 600 mil –el 31% del total–. Esta drástica contracción está determinada no solo por el abandono empresarial de estos cultivos poco redituables, sino, sobre todo, por el abandono campesino de una producción ruinosa. La extrema polarización de la agricultura; el carácter depredador, especulativo y dependiente del sector exportador; el deterioro creciente de la agricultura campesina y de mercado interno; la expansión de la ganadería extensiva y de exportación a costa de Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 133 la producción de alimentos de consumo masivo; el creciente control de la producción agropecuaria por los monopolios agrocomerciales y agroindustriales extranjeros; y todo esto acompañado por un subempleo rural cada vez mayor que la industria no pudo absorber: tal es el costo que la economía mexicana tuvo que pagar a fines del siglo xx por haber recorrido una vía de desarrollo industrial fincada en la agricultura. En el agotamiento de este modelo está el origen estructural de la crisis económica social y política del sector agropecuario y sus síntomas inequívocos se presentaron ya durante la década de los sesenta. En los años setenta la crisis estalla al combinarse con factores coyunturales y la conmoción resultante define la naturaleza de todo el periodo. Del estallido de la crisis al fracaso de la alternativa agrarista: 1970-1976 El agotamiento estructural de la vía de desarrollo se manifiesta desde 1965 con el creciente deterioro de la producción agropecuaria, pero la crisis se desata a principios de los años setenta, catalizada por factores coyunturales. En la segunda mitad de los años sesenta la caída de la producción agrícola es incluso mayor que la de los años siguientes, pero es compensada por el aumento internacional de los precios de los productos de exportación y la disminución de los precios de los bienes agrícolas que se importaban. En estas condiciones, el deterioro de la producción no se expresa notablemente en la balanza comercial agrícola. Por el contrario, de 1972 a 1975 los precios de los productos de exportación disminuyen –algodón, café, jitomate, etcétera– mientras que se presentan notables aumentos en los precios internacionales de los granos, que coinciden con las crecientes necesidades de importación. El resultado se muestra en el paso de superávit a déficit en la balanza comercial agrícola y su obligado corolario es el endeudamiento creciente, pues el déficit industrial, que de 1961 a 1965 se cubrió solo en un 7% con endeudamiento externo, para 1975 se tiene que compensar ya en un 66% con base en créditos internacionales, de modo que para 1976 e1 desequilibrio de la balanza de pagos es insostenible. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 134 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 Esta combinación de factores pone en evidencia que la base estructural de la crisis de producción de los años setenta está en la configuración del sector agropecuario, mientras que su fuente coyuntural es la crisis internacional. En el caso de México, los efectos de la importación de la inflación se multiplican porque: • El sector moderno de la agricultura está orientado al exterior y es extremadamente sensible a las fluctuaciones de los precios de lo que exporta. • El agotamiento de la agricultura tradicional hace depender el abastecimiento del mercado interno de las importaciones de granos a precios crecientes. • La capacidad de acumulación de la industria depende en gran medida de los precios agrícolas, pues los bajos salarios obreros se destinan fundamentalmente a la alimentación, y son insostenibles cuando los bienes de consumo de origen agropecuario se encarecen. • La reproducción y crecimiento de la base industrial, sobre todo en lo que respecta a la maquinaria, depende de las importaciones que, dada la escasa exportación industrial, se habían sustentado en el superávit agropecuario y de servicios. Los factores coyunturales que desatan la crisis social agraria, manifiesta en el crecimiento impetuoso de la desocupación y la reducción acelerada de los ingresos de los trabajadores del campo, están íntimamente conectados con los anteriores. El deterioro de la producción campesina y la sistemática reducción de los precios reales de los productos agrícolas tradicionales hasta 1973, se combinan con el aumento de los precios de insumos agropecuarios y bienes de consumo de origen industrial, desatando una avalancha de minifundistas de infrasubsistencia en busca de trabajo asalariado. Esta masa de jornaleros potenciales se enfrenta a una situación coyuntural que contrae aún más las de por sí limitadas posibilidades de empleo: la crisis de la agricultura de exportación reduce la demanda de fuerza de trabajo (así, por ejemplo, la reducción en 1974 de los precios internacionales del algodón conduce a una drástica sustitución de este cultivo por otros mucho más mecanizados que dejan sin trabajo a enormes ejércitos de pizcadores); la reducción de los cultivos de caña, que de 1972 a 1974 se restringen en Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 135 más de 30 mil hectáreas, recorta significativamente la demanda de fuerza de trabajo para la zafra, etcétera. Pero además, la terminación en 1964 de los programas de braceros que daban salida hacia Estados Unidos a una buena parte de los desocupados rurales, si bien no acaba con la emigración –que se mantiene por la vía ilegal de los “mojados”– sí la hace más difícil y reduce las posibilidades de reintegrarse al país con ahorros. Esta crisis social se traduce políticamente en la agudización de 1a lucha campesina –principalmente por la tierra–, en el deterioro creciente de la capacidad de manipulación de la CNC, y en el desarrollo de organizaciones alternativas, algunas oficialistas pero más flexibles como la UGOCM (Jacinto López), la CCI de Garzón, la CAM, y de otras independientes, como la CCI que encabeza Danzós y múltiples organizaciones regionales. En una primera fase, las alternativas económicas y políticas con que el gobierno de Luis Echeverría se enfrenta a la crisis de producción y al creciente conflicto social, son distintas de las que definirán al echeverrismo en la segunda mitad del sexenio. En un primer momento se intenta controlar la inflación y las tendencias al endeudamiento creciente mediante la contracción del gasto público. El aparente repunte de la agricultura en 1971 es resultado de esta decisión, pero en realidad no expresa una auténtica recuperación sino que es un efecto de la contracción general del resto de la economía y de la reducción de la tasa de crecimiento de los sectores más dinámicos. Después de la “atonía” de 1971 el echeverrismo elige definitivamente la vía del desarrollo inflacionario, la expansión acelerada del gasto público y el crecimiento desmesurado de la deuda externa. Con base en esta rectificación se define también la política agrícola del gobierno que se mantiene hasta 1976. En cuanto a la política agraria, los primeros tres años del sexenio echeverrista no muestran grandes cambios en relación a regímenes anteriores. Después de un aparatoso reparto agrario, que estadísticamente lo colocó en segundo lugar después de Cárdenas (con la diferencia de que la mayor parte de las tierras no eran agrícolas o se repartían solo en el papel), Díaz Ordaz había anunciado el fin de la fase redistributiva de la reforma agraria, y en los primeros tres años de su sexenio Echeverría se mantiene en el punto. Hasta 1973 la presencia del Estado en el campo tiende a ser predominantemente militar, pues el DAAC y la CNC carecen de alternativas políticas para enfrentar la creciente lucha por la VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 136 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 tierra. En julio de 1973 el secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, informa a la prensa que ha recibido órdenes del ejecutivo para implementar la intervención generalizada del ejército en el campo “debido a que agitadores profesionales han venido promoviendo invasiones de tierras de pequeños propietarios…”.1 Esta primera alternativa política de Luis Echeverría para enfrentar la crisis social se estrella contra un movimiento campesino que, lejos de frenarse ante la represión, se extiende como un reguero de pólvora y para 1973 cobra ya espontáneamente un carácter nacional. Si la primera opción económica del gobierno conduce a la “atonía” y tiene que ser rectificada, su primera e intransigente política agraria está a punto de desatar una guerra rural y también debe modificarse. Ascenso del movimiento campesino: 1970-1973 Las causas inmediatas de la lucha, los enemigos concretos y las reivindicaciones específicas, difieren de una región a otra, de modo que el movimiento es disperso y de manifestaciones heterogéneas; pero las raíces estructurales de los combates son las mismas y la crisis coyuntural que los pone en acción se extiende, bajo diversas formas, a todo el medio rural. Por otra parte las luchas locales repercuten de mil maneras en otras regiones y se estimulan mutuamente, tendiendo a generalizar la agitación y la movilización. Durante 1970 y 1971 se multiplican los conflictos en el campo y la lucha de clases rural entra en un proceso sostenido de agudización, pero no es sino hasta 1972 y 1973 cuando el ascenso del movimiento campesino cobra espontáneamente un carácter nacional. Ciertamente el desarrollo de la lucha es desigual, tanto en su naturaleza como en su intensidad, pero para estos años se extiende ya prácticamente a todos los estados de la República y cada nueva acción tiene efectos multiplicadores. Es también a partir de 1973 que en algunas zonas el movimiento comienza a estructurarse en organizaciones regionales. Por la naturaleza de sus actores, demandas y enemigos, los movimientos campesinos de esos años pueden ser clasificados a partir de la distinción de cuatro frentes de lucha: combates de los pequeños productores por los precios, lucha de los jornaleros agrí1 Punto Crítico, núm. 24, enero de 1974. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 137 colas por sus salarios, acciones por la democracia y contra la imposición política, y lucha generalizada y multiforme por la tierra. Las luchas por los precios La movilización más importante en torno a los precios de la producción es la que sostienen los cañeros de Veracruz cuando, en diciembre de 1972, 100 ejidos suspenden las entregas de caña al ingenio de San Cristóbal. Dado que los “pequeños propietarios” comienzan a sabotear la lucha –entregando caña por su cuenta– el paro se combina con la toma del ingenio, lo que ocasiona la ocupación militar de las instalaciones el 9 de enero de 1973. Las últimas acciones son un paro solidario de los obreros del ingenio, que es quebrado por el sindicato, y las grandes movilizaciones de cañeros en Jalapa, donde toman el palacio de gobierno. En Puebla, el movimiento de los ejidatarios cañeros de Atencingo se desarrolla básicamente con el mismo contenido, aunque combinado con la lucha contra un cacicazgo que controla la sociedad de crédito. En noviembre de 1969 realizan una suspensión de entrega de caña; en julio de 1970 el cacique José Guadalupe Ramírez está a punto de ser linchado y, en diciembre del mismo año, a resultas de un nuevo paro, los anexos de Raboso y Teruel logran independizarse de la sociedad. En condiciones muy distintas, pero con reivindicaciones de la misma naturaleza, se movilizan durante 1972 en la sierra de Juárez de Oaxaca, 15 mil campesinos de 12 poblados dueños de bosques y que entregan madera a la paraestatal Papelera Tuxtepec. Las demandas son un aumento en el precio del producto y el cumplimiento de los servicios prometidos por la empresa; la forma de lucha es la suspensión de entregas. También contra los explotadores de la madera que saquean sus bosques se dan luchas en 1970 en San Pedro Nexapa, estado de México, y en 1971 en Milpa Alta, Distrito Federal En San Pedro Nexapa la lucha es reprimida con la intervención del ejército. Finalmente es necesario mencionar el movimiento que durante 1972 y 1973 desarrollan casi 100 mil candelilleros e ixtleros de Coahuila y San Luis Potosí contra la Forestal por el precio de sus productos. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 138 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 Las luchas de los jornaleros por sus ingresos Durante estos años, la lucha de los que de una u otra manera venden su fuerza de trabajo a cambio de un ingreso monetario no cobra en el campo un carácter sindical. Sin embargo se presenta en forma de estallidos anárquicos y espontáneos de gran amplitud y virulencia. Así, en Sonora –durante 1971– 30 mil jornaleros, mantenidos durante semanas sin ingresos ni viviendas debido a que las lluvias atrasan las pizcas, inician un movimiento casi insurreccional, toman Villa Juárez y arrasan los comercios expropiando víveres. Frenados por la intervención del ejército, que detiene a los dirigentes, logran sin embargo su excarcelación al sitiar la cárcel mediante una movilización en que participan 10 mil personas. En Sinaloa, durante el mes de marzo de 1972, los trabajadores agrícolas de la flor, el tomate y el algodón se lanzan a un movimiento de huelga con apoyo estudiantil. Interviene la policía judicial, con saldo de estudiantes y campesinos presos, en Guasave, Angostura, Guamúchil, La Cruz, Culiacán y Mazatlán. Por otro lado, la lucha de los ejidatarios henequeneros de Yucatán contra el Banco Agrario por el pago de las deudas, por el aumento de los “adelantos”, e incluso por “aguinaldos”, tiene el carácter de una reivindicación salarial, que tampoco adopta forma de lucha sindical. En 1970 miles de henequeneros toman nuevamente Mérida y solo regresan a sus ejidos cuando Augusto Gómez Villanueva, secretario de Reforma Agraria, les promete dinero. En enero de 1971 cientos de henequeneros de Tecoh asaltan las oficinas del Banco Agrario, secuestran a cuatro funcionarios y expropian las despensas que no querían entregarles. En octubre de 1972, mil henequeneros de Izamal lapidan hasta la muerte al agente agrario, cubren el cadáver con cal y destruyen las oficinas. Luchas por la democracia y contra la imposición política La lucha contra la imposición política, y en general contra el despotismo en el medio rural, es permanente y tiene las más variadas manifestaciones, desde la guerrilla –con apoyo y composición predominantemente campesina– hasta los movimientos contra la imposición municipal. En este segundo aspecto puede mencionarse, a título de ejemplo, la lucha que se desarrolla en 1969 en Huehuetlán, Puebla, contra la imposición de presidente municipal, que fue Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 139 reprimida por el ejército. En el mismo estado, pero en septiembre de 1970, el movimiento contra el alcalde de Izúcar de Matamoros, que culmina con una manifestación de seis mil personas, que lo obliga a renunciar. En el mismo año, en Michoacán, tres mil campesinos de Cherán rodean la presidencia municipal para obligar a los funcionarios a renunciar, y pese a la presencia del ejército logran la renuncia del alcalde. La presencia de la guerrilla, que proviene de un movimiento popular, tiene sus manifestaciones más claras en Guerrero: el 25 de junio de 1972 el grupo de Lucio Cabañas tiende una emboscada a miembros del 50º Batallón de Infantería con saldo de 10 soldados muertos; el 23 de agosto del mismo año, en otra emboscada, mueren 18 soldados y otros 20, entre ellos nueve heridos, son apresados por la guerrilla. Suspensiones de entregas emprendidas por docenas de miles de cañeros; huelgas de taladores; movilizaciones semiinsurreccionales por la subsistencia, desarrolladas por jornaleros o ejidatarios henequeneros; tomas de palacios municipales; secuestro de alcaldes; emboscadas de la guerrilla campesina al ejército, etcétera, constituyen claros síntomas de la agudización de la lucha de clases en el campo; pero por su misma naturaleza, estos tipos de movimiento no podían configurar por sí solos un ascenso nacional y sostenido de la lucha campesina. Pese a su importancia y amplitud, estas no son más que vertientes secundarias del movimiento de los explotados rurales, cuya columna vertebral es, como veremos, la lucha por la tierra. La lucha generalizada por la tierra Millones de campesinos sin tierra, pero con derechos eternamente “a salvo”, esperando la dotación ejidal, el nuevo centro de población, la restitución de terrenos comunales... Exejidatarios y excomuneros desposeídos por los nuevos terratenientes que progresivamente han comprado, rentado, expropiado por deudas o simplemente robado las parcelas ejidales o comunales... Familias de ejidatarios o comuneros con parcelas divididas en hectáreas, medias hectáreas, surcos, en espera de una ampliación de ejido para los hijos mayores de 16, de 20, de 30 años… Y durante décadas, todas estas demandas reducidas a un sordo rumor de papeles. Tres millones de campesinos solicitantes, VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 140 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 agrupados en torno a más de 60 mil comités particulares ejecutivos cuyos expedientes están detenidos en primera o segunda instancia, frenados por fallos negativos o simplemente extraviados. Resoluciones presidenciales nunca ejecutadas, testimoniando –sobre el papel– el espíritu “agrarista” de Díaz Ordaz, López Mateos, Ruiz Cortines. Trámites siempre bloqueados por “trabajos técnicos e informativos” falseados a cambio de dinero: mediciones mal hechas o inventadas sobre el escritorio, amparos, certificados de inafectabilidad expedidos al vapor… Y todo esto enmarañado en una enorme y corrupta burocracia agraria que, por casi 40 años, funcionó como un sólido dique contra el que se estrellaba la creciente marea de solicitantes. Pero a partir de 1970, y sobre todo después de 1972, el dique comienza a agrietarse peligrosamente y amenaza saltar en mil pedazos. Las eternas comisiones de uno o dos representantes del comité particular ejecutivo comienzan a ser sustituidos por grupos de 10, 100, 500 campesinos que ya no aceptan fácilmente las promesas y toman posesión de las oficinas. Y junto a las tomas de las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), las marchas campesinas a las capitales de los estados y al Distrito Federal comienzan a generalizarse. Al mismo tiempo, en sus lugares de origen, la marea rural comienza a desparramarse sobre las tierras reclamadas. En Puebla, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí... en el país entero, resuenan los golpes de machete contra los alambres, y las cercas comienzan a ceder. En todas partes aparecen nuevos linderos, fogatas, banderas, campamentos improvisados. Una reseña exhaustiva es imposible; sin embargo, es también indispensable nuevamente registrar por lo menos algunos movimientos. A partir de la marcha campesina al Distrito Federal en 1972, mencionar la lucha por la tierra en Puebla y Tlaxcala es ya un lugar común; pero esta acción es simplemente la culminación de una serie de combates anteriores y señala el inicio de una nueva etapa. Ya en enero de 1970, 500 campesinos de Monte de Chila, Puebla, tomaron las tierras y fueron reprimidos por el ejército que incluso bombardeó el pueblo... ¡con napalm! En marzo de 1972, también en Puebla, los campesinos con apoyo estudiantil invaden la hacienda de Tepalcatepec y son desalojados en octubre. El 10 de abril de 1972 cientos de campesinos en representación de 52 gru- Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 141 pos de Tlaxcala y 20 de Puebla emprenden una marcha al Distrito Federal, promovida por la Unión de Campesinos y Estudiantes de Tlaxcala y la Federación Campesina Independiente de Puebla, y con la solidaridad del Frente Obrero Campesino Estudiantil del estado de Puebla. La marcha, que demanda solución a los problemas particulares de cada grupo además de reivindicaciones generales, es frenada en Llano Grande por dos compañías del ejército que la interceptan a bordo de 18 transportes militares. Pero la represión a la marcha no frena la lucha, que en los meses siguientes se desata impetuosa en los dos estados: en julio de 1972 los campesinos de Santa Apolonia, en Tlaxcala, toman tierras de las haciendas de Masaquiahuac, San Antonio Micha y Santa Elena, y en septiembre, los de San Francisco Tepeyanco toman Mimiahuapan. En Puebla 400 campesinos de cuatro poblados de Santa Inés toman, en julio, 2 100 hectáreas y constituyen sobre las tierras ocupadas el Campamento Emiliano Zapata que cuenta con apoyo estudiantil. En septiembre del mismo año, también en Puebla, se toman tierras en San Andrés y en la Manzanilla, y en diciembre mil campesinos cuyos representantes habían participado en la marcha ocupan 10 latifundios en Tepeaca, Atlixco y Tecamachalco… Las luchas por la tierra en Sinaloa son un ejemplo de persistencia y continuidad. En el Tajito la primera toma se da en diciembre de 1968 y es desalojada por la policía judicial. En febrero de 1969, los campesinos ocupan nuevamente las tierras y una vez más son desalojados por la policía. En mayo de 1972 una tercera toma conduce a un sitio militar con saldo de muertos y detenidos. En Rancho Siboney la primera toma se da en diciembre de 1971 y es desalojada en febrero de 1972; poco después, los campesinos ocupan de nuevo las tierras y en mayo son otra vez desalojados. En Alhuey los campesinos ocupan las tierras en diciembre de 1971 y son desalojados; sin embargo, en noviembre de 1972 nuevamente 283 campesinos toman 7 380 hectáreas y, una vez más, son desalojados. En Rancho Rebeca 400 campesinos toman mil hectáreas en julio de 1971: son desalojados y presos sus dirigentes. En mayo de 1971, 168 ejidatarios de Los Hornos, El Gallo, Hidalgo y anexos toman 460 hectáreas. Una de las luchas que tiene mayores repercusiones es la de Rancho California. El 14 de junio de 1971 se da la primera toma que es rápidamente reprimida, pero para el 22 del mismo mes los campesinos toman nuevamente las tierras. Ahora la represión incluye VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 142 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 la quema de las casas, pero también la respuesta es más amplia: el 30 de junio tres mil personas, entre campesinos y estudiantes, realizan un mitin en Culiacán exigiendo castigo a los responsables de la represión, libertad a los presos y solución a los problemas agrarios de la entidad. Hay enfrentamientos con la fuerza pública; sin embargo, se logra la excarcelación de los detenidos. En septiembre de 1972 un contingente de mil personas –campesinos y estudiantes– armadas con machetes ataca la cárcel de Angostura y después de tumbar las puertas libera a cuatro presos acusados de invasión. En mayo de 1973 los campesinos de Montelargo toman nuevamente las tierras que ya antes habían ocupado en cuatro ocasiones, y son desalojados en todos los casos. En julio del mismo año invaden tierras 86 campesinos del ejido Las Flores. En Durango algunas luchas tienen antecedentes en la marcha encabezada por Álvaro Ríos en 1966. Así, en marzo de 1970 los campesinos de Cienaguilla, que habían participado en esa acción, obtienen la tierra después de dos invasiones. Sin embargo, posiblemente lo más importante en el estado es la amplia participación campesina en el movimiento popular de enero de 1970 contra el gobernador Páez Urquidi. Esta participación se combina con tomas de tierras, y durante el mismo mes de enero se ocupan latifundios, entre ellos los de Santa Teresa y Santa María del Oro. En octubre del mismo año se presentan invasiones de tierras en el municipio de Hidalgo. Dos regiones de Chihuahua destacan en la lucha por la tierra. En el distrito de Jiménez, durante junio de 1970 dos organizaciones, la CCI (Danzós) local y la Unión de Ejidos del Distrito de Jiménez, coordinan las acciones de más de 200 solicitantes que toman tierras en Héroes de la Revolución, Francisco Villa, China Guapa y El Pilar, Javier Rojo Gómez, etcétera. Por otra parte, el Comité de Defensa Popular organiza en abril de 1972 un encuentro campesino-estudiantil con participación de 10 organizaciones campesinas y, dos meses después, 300 solicitantes toman 11 mil hectáreas del latifundio Quintas Carolinas con apoyo del Comité de Defensa Popular. En julio de 1973 campesinos de la CCI que invaden 50 mil hectáreas en Guerrero, Cuauhtémoc y San Francisco de Borja, son desalojados y algunos detenidos. Días después un grupo de cam- Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 143 pesinos y estudiantes toman las oficinas del DAAC en Chihuahua para exigir la libertad de los presos. En Jalisco destaca la toma de la delegación agraria de Guadalajara en octubre de 1972 por 200 campesinos de la CCI, que representan grupos de 30 municipios. La ocupación se prolonga por seis días y solo abandonan el local después de lograr la destitución del jefe del Departamento Técnico. Meses después, en enero de 1973, mil campesinos de Colula, que habían participado en la toma del DAAC, invaden la hacienda de San Diego y son desalojados por el ejército a los 10 días. En julio del mismo año mil campesinos invaden 1 030 hectáreas en Ovejo, municipio de Zapotlán. En Guanajuato, numerosas tomas se concentran en el mes de mayo de 1972. La UGOCM encabeza la ocupación de la exhacienda de Jalpa en el municipio del mismo nombre. Se toman tierras en el municipio de San Francisco del Rincón y en el de Purísima de Bustos; la invasión de Los Arcos es reprimida por el ejército, de la misma manera que las tomas en los municipios de Manuel Doblado y San Felipe. Para este mes se calcula que hay 46 invasiones en el estado. En marzo de 1973 cinco grupos toman mil hectáreas en Santa Anita, municipio de Cortazar; San José de los Llanos, municipio de Guanajuato, y exhacienda de Tapétaro, municipio de Cuerámbaro. El mismo mes otro grupo toma el rancho Tomasito. En agosto, mil campesinos de la CAM invaden la exhacienda de Santa Ana y en octubre hay una nueva toma en Las Brujas, municipio de Abasolo. También en 1972 se multiplican las tomas en el estado de Michoacán. En julio los campesinos ocupan 200 hectáreas en San Pedro Jorullo; en agosto se hacen invasiones en Santa Inés y San Antonio; en septiembre, en el Valle de Zamora, etcétera. El nacimiento del Campamento Tierra y Libertad es, sin duda, la expresión más importante de la lucha por la tierra en San Luis Potosí. A partir del Frente Sindical Independiente Obrero-Campesino, constituido con un puñado de activistas en 1972, cobra fuerza la organización de los solicitantes de la zona que en febrero de 1973 forman un comité coordinador. La decisión de tomar la tierra y los planes para hacerlo no son aquí totalmente espontáneos. En efecto, en otras partes del país existen ya importantes experiencias, y algunos miembros del comité coordinador realizan una visita a Tlaxcala para aprender de ellas. En junio de 1973, los grupos de Otates y Crucitas toman La Mata, y al desalojo responden con un mitin de VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 144 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 dos mil campesinos y un intento de marcha al Distrito Federal, que al ser bloqueada por el ejército termina en comisión al DAAC. A partir de esta acción se constituye en Otates un campamento permanente, que en años posteriores será el centro coordinador de las luchas por la tierra, tanto en las Huastecas como en parte de Zacatecas, Veracruz y otras entidades. En noviembre de 1973, numerosos campesinos del campamento toman las oficinas del DAAC en la capital y realizan una huelga de hambre y otras acciones. La constitución de las Coaliciones Obrero-Campesino-Estudiantiles vinculadas desde el principio a luchas campesinas es el síntoma más importante del ascenso de la lucha por la tierra en Oaxaca. Sin embargo, los conflictos por la tenencia anteceden a su estructuración orgánica. En julio de 1972 la depuración censal en el ejido de Santa Gertrudis genera un movimiento contra los acaparadores de tierra que culmina en una espontánea manifestación campesina en la ciudad de Oaxaca. En el mismo año, los campesinos de Santa Catarina Quiané y La Ciénega toman las mil hectáreas del latifundio de los Abascal en los valles centrales del estado. La Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO) y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) nacen en 1973 y en febrero del mismo año los campesinos de Zimatlán toman el latifundio de Candiani; días después, en Santa Gertrudis siguen el ejemplo invadiendo cuatro “pequeñas propiedades”, en los dos casos con importante apoyo de los sectores que comenzaban a organizarse en la COCEO. Con mayor o menor trascendencia, también en otros estados de la República la lucha por la tierra desemboca en invasiones: en Querétaro mil campesinos de la CAM toman Casablanca en junio de 1972. En Tamaulipas 400 campesinos de la CCI ocupan dos ranchos en Reynosa, el 11 de octubre de 1972. En Sonora, los jornaleros no solo se movilizan por hambre en 1971; en octubre de 1972, un grupo de solicitantes encabezados por la CAM toma el predio de Capetamaya, en Navojoa. En Nayarit, durante 1970, miles de comuneros ocupan los latifundios ganaderos que les han sido reconocidos sobre el papel, y durante más de una semana desarticulan la represión militar tomando una y otra vez las tierras, hasta que son sacados del estado a bordo de transportes del ejército. Además de las tomas de tierras, otras formas de lucha se generalizan. En efecto, en Colima se realiza en septiembre de 1972 una manifestación y mitin con asistencia de más de mil personas entre Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 145 obreros, estudiantes y campesinos, que exige dotación de tierras a los solicitantes y libertad para los presos. En marzo de 1973 se efectúa en Coahuila una “caravana del hambre”, que es detenida cerca de Saltillo. Incluso los peones acasillados de las zonas más bárbaras del país se incorporan a la lucha por la tierra. En Chiapas, durante el mes de agosto de 1973, peones de Vista Hermosa y de otras haciendas ocupan 80 hectáreas de la finca. La lista podría prolongarse indefinidamente sin que pasara de ser apenas una pequeña muestra de la multitudinaria lucha por la tierra que se desarrolla hasta 1973. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que las tomas se cuentan por millares y los invasores por cientos de miles. Naturalmente, las instituciones que tienen en sus manos la posibilidad de cuantificar los conflictos ocultan cuidadosamente la información. Sin embargo, los pocos datos oficiales que se difunden son significativos: a fines de 1973, solo en los estados de Guanajuato, Tlaxcala y Michoacán se calculaban 600 invasiones. Por otra parte, cientos de veces se toman las oficinas del DAAC en los estados y el Distrito Federal, y las marchas masivas a las capitales estatales o a la ciudad de México se cuentan por decenas. Ciertamente, en el medio rural predomina la dispersión. Las condiciones socioeconómicas de los trabajadores del campo los hacen un sector heterogéneo y además constituido por núcleos comparativamente pequeños y aislados. Esta dispersión y aislamiento rural fue sin duda un serio obstáculo para la generalización del movimiento campesino. Pero precisamente por ello el hecho de que, a pesar de todo, este se haya desatado a escala nacional, evidencia lo profundo de las raíces de su lucha. Reconocer su dispersión estructural no debería servir como alegato para subestimar el movimiento campesino; por el contrario, tendría que ser un argumento para apreciar –en toda su importancia– la considerable cohesión orgánica y política que llega a cobrar en unos cuantos años, a contracorriente de algunas de las condiciones objetivas. Todavía en 1970 las acciones son en su mayoría dispersas y básicamente espontáneas; pero en 1973 presentan ya una sorprendente organicidad. De mil maneras, y casi siempre de abajo hacia arriba, los diversos grupos campesinos se enlazan y coordinan sumando sus fuerzas y multiplicando su experiencia. Por todo el país surgen uniones, coaliciones, alianzas, y en muchos estados se constituyen frentes con importante participación campesina. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 146 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 De entre las organizaciones campesinas independientes de carácter regional o estatal, las que aparecen en la siguiente lista se constituyen antes de 1974, y la mayor parte de ellas después de 1970: Unión Campesina Independiente (Veracruz), Comisión de los 100 Pueblos (Veracruz), Liga Campesina Independiente de Valle de Guaymas-Empalme (Sonora), Comité de Defensa de los Campesinos del Valle de Zamora (Michoacán), Unión de Ejidos de la Costa de Jalisco, Frente Independiente de Lucha (Nuevo León), Unión de Ejidos del Distrito de Jiménez (Chihuahua), Consejo Nacional Cardenista (Colima) y Federación Obrero Campesina del Estado de Durango. Formadas después de 1973, pero con el mismo carácter, podemos mencionar al Frente Campesino Independiente (Sonora), a la Unión de Ejidatarios y Cañeros de Morelos “Plan de Ayala” y a la Alianza Campesina 10 de Abril (Chiapas), entre muchas otras. Existen también organizaciones campesinas independientes que rebasan los límites regionales y se extienden por diversos estados de la República: CIOAC, Campamento Tierra y Libertad (que se inicia en San Luis Potosí y se extiende después a Veracruz y Zacatecas), Federación Nacional de Trabajadores Ixtleros y Candelilleros (que aglutina campesinos de Coahuila y San Luis Potosí). Finalmente, se constituyen numerosas organizaciones de participación campesina con el carácter de frentes populares. En ocasiones son de tipo puramente coyuntural, como la de Durango durante el movimiento de 1970 contra Páez Urquidi, o la de Yucatán durante el movimiento de 1974 contra Loret de Mola, pero en otras ocasiones se consolidan como organismos de lucha más o menos permanentes: Coalición Obrero Campesina Misanteca (Veracruz), Frente Popular de Zacatecas, Comité de Defensa Popular (Chihuahua), COCEO, COCEI, Unión de Campesinos y Estudiantes de Tlaxcala, Frente Obrero Campesino Estudiantil del Estado de Puebla. Incluso las propias centrales oficialistas operan en algunas ocasiones como instrumento para la movilización campesina. Independientemente de su comportamiento manipulador, que se expresa en posiciones claudicantes y/o provocadoras, organismos como la CAM, las dos Uniones Generales de Obreros y Campesinos Mexicanos y la CCI de Garzón, tienen que responder a la presión campesina promoviendo numerosas tomas de tierras. Hasta la propia CNC se hace responsable de algunas invasiones y los miembros de la Alianza Nacional de Productores de Caña de Azúcar, también de Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 147 la CNC, promueven luchas tan importantes como la huelga cañera de 1972 y 1973 en Veracruz. Ciertamente estas organizaciones campesinas, o populares de participación campesina, no pueden ser desde el comienzo modelos de funcionamiento democrático y militancia de base: en un principio su cohesión interna es limitada, predomina el espontaneísmo y el caudillismo, y en algunos casos los planteamientos políticos de la dirección son francamente oportunistas. En estas condiciones es lógico que algunas se desintegren espontáneamente o como resultado de la represión –como la Liga Campesina Independiente, desmembrada en 1971– y que otras sean conducidas por sus dirigentes a posiciones abiertamente claudicantes, como sucede con la Alianza Nacional de Productores de Caña de Azúcar. Sin embargo, muchas de ellas se consolidan orgánicamente y tienden a desarrollar una mayor claridad y cohesión políticas: Campamento Tierra y Libertad, Unión Campesina Independiente, Frente Campesino Independiente (FCI), etcétera. En balance, puede afirmarse que en un lapso sorprendentemente corto el movimiento campesino logra una considerable organicidad y comienza a desarrollar una clara independencia, no solo práctica sino también política, con respecto al Estado. De las organizaciones mencionadas casi el 80% se forman antes de 1974, y más de la mitad surgen en el periodo que va de 1970 a 1973. Génesis del “neozapatismo” de Estado En lo que respecta a la forma de enfrentar la crisis de producción, la política de Echeverría parte de reconocer que “el modelo de desarrollo seguido hasta ahora se ha basado en la descapitalización de la agricultura” y plantea la necesidad de darle al sector agropecuario “un mayor potencial económico que le permita capitalizarse y recuperar su dinamismo”. Naturalmente no se trata de que la agricultura deje de representar el papel de sostén del desarrollo capitalista dependiente, pues la posibilidad de exportaciones masivas de petróleo es una opción que todavía no se maneja. Se trata simplemente de reducir por un tiempo la presión sobre el sector agropecuario para que salga de su crisis y pueda seguir cumpliendo la función que tiene asignada. Dada la tradicional reticencia del capital privado, este apoyo económico a la agricultura tiene que correr a cargo del capitalismo VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 148 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 de Estado y deberá complementarse con un respaldo técnico y organizativo también en gran escala. Pero no se trata solo de invertir más en la agricultura y mejorar los términos de intercambio de algunos productos agrícolas; se trata también de cambiar el sentido de la participación del Estado en el sector agropecuario. La concentración del crédito y las obras de infraestructura en beneficio exclusivo del sector empresarial y particularmente del exportador y el abandono total de la gran mayoría de los ejidos y de la producción para el mercado interno, a la larga tuvieron resultados contraproducentes. Se trata, entonces, de destinar una parte importante de los nuevos recursos al apoyo de los ejidos y al estímulo de la producción para el consumo nacional. En la política agrícola echeverrista el sector ejidal está llamado a ser un nuevo polo de desarrollo agropecuario que, supuestamente, debe cubrir los huecos dejados por la producción empresarial privada, además de permitir una utilización más racional y eficiente de los recursos manejados especulativamente por el sector agrario empresarial. Naturalmente los “fines sociales”, olvidados por los empresarios del campo, y que ahora debe cumplir un sector ejidal más dinámico, no son otros que el tradicional apoyo de la agricultura al crecimiento industrial, abasteciendo el mercado interno a precios bajos y produciendo excedentes para la exportación. Pero para que tal cosa sea posible el sector ejidal debe funcionar con el modelo de la empresa agrícola y los recursos que se le destinen deben utilizarse estrictamente conforme a estos objetivos. El Estado debe, entonces, proporcionar no solo los recursos económicos sino también la asesoría técnica y administrativa, el plan productivo, etcétera. Dicho de otra manera: los ejidos solo pueden funcionar como empresas dóciles a las necesidades del capitalismo nacional si operan como empresas controladas por el capitalismo de Estado. El modelo organizativo para estas nuevas empresas agrícolas es el colectivo ejidal previsto en la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 y el principal instrumento de coacción legal para imponerlo es la Ley General de Crédito Rural, que al establecer prioridades crediticias a la organización colectiva permite chantajear a los ejidos. Otra vertiente de la política agraria echeverrista se orienta a contrarrestar el papel distorsionante del capital agroindustrial y agrocomercial mediante una mayor participación del Estado en los Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 149 procesos de comercialización de la producción agropecuaria. Esta intervención, tendiente a racionalizar la intermediación a través de reducir las ganancias comerciales especulativas y transferir limpiamente el excedente producido por el campesino al sector industrial, no consiste nada más en la multiplicación de las agencias del Estado que intervienen en la comercialización, sino también en el impulso a las empresas ejidales de carácter agroindustrial. Para materializar esta política se desarrollan las siguientes acciones: • La inversión pública en fomento agrícola pasa de 2 628 millones de pesos en 1970 a 17 595 millones en 1976, creciendo a una tasa promedio del 49% anual, que contrasta con el 27% al que crece la inversión pública total. • El crédito al campo crece a una tasa promedio del 23% anual entre 1970 y 1975, y se intenta su racionalización mediante la fusión, en 1975, de la banca agrícola oficial en una sola institución, el Banrural. • A partir de 1973 los precios de garantía, estancados en los 10 años anteriores, crecen impetuosamente: el maíz pasa de 940 pesos/tonelada en 1972 a 1 200 en 1973, 1 750 en 1974 y 1 900 en 1975; el frijol salta de 1 750 pesos/tonelada en 1972 a 5 000 en 1973; el trigo aumenta de 870 pesos; tonelada en 1973 a 1 300 en 1974 y 1 750 en 1975; la soya pasa de 1 800 pesos/tonelada en 1972 a 3 000 en 1973, etcétera. • En lo referente a la organización colectiva ejidal se traza un Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina que se propone en la primera etapa, 1974-1976, colectivizar nada menos que 11 mil ejidos. • En lo que respecta a la mayor intervención del Estado en la comercialización y la promoción de empresas agroindustriales ejidales, se crean o fortalecen instituciones como Tabacos Mexicanos (Tabamex), Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), Productos Químicos Vegetales Mexicanos, S.A. de C.V. (Proquivemex), etcétera; se amplía considerablemente el radio de acción de Conasupo y se constituyen aparatos adicionales como el Fideicomiso para la Comercialización de Productos Agrícolas Perecederos; y finalmente se crea en 1971 el Fondo Nacional para el Fomento Ejidal. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 150 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 Esta política de impulso al sector agropecuario no es más que una cara de la moneda; paralelamente el echeverrismo tiene que enfrentar el reto del movimiento campesino, y un vistazo a la historia de los gobiernos posrevolucionarios lo lleva a desempolvar los viejos recursos del agrarismo institucional, tan eficaces en el pasado. El viraje hacia una opción “populista” en el campo se inicia a fines de 1973, después de que se reconoce que entre ese año y el anterior ha habido, por lo menos seiscientas tomas de tierra, y su primera manifestación es el reagrupamiento de las organizaciones campesinas oficialistas en un Congreso Permanente Agrario que integran la CNC, la CCI de Garzón, la CAM y la UGOCM (Jacinto López). Posteriormente, a fines de 1974, todas las organizaciones del Congreso Permanente Agrario firman el Pacto de Ocampo por el que se comprometen a constituir una central única. El papel de apagafuegos que tienen estas maniobras se muestra claramente en el primer congreso del Pacto de Ocampo, donde la UGOCM se pronuncia contra las inafectabilidades agrícolas y ganaderas y la propia CNC se declara opuesta al amparo agrario. Son sintomáticas las palabras de Humberto Serrano (CAM) en el mismo congreso: “Compañeros: o reformamos las leyes o este país se incendia y nos quema a todos…”. Pero solo puede revitalizarse la CNC y solo es posible reagrupar a las organizaciones oficialistas disidentes, si la política agraria del gobierno les ofrece una coyuntura de acción institucional que a la vez sea capaz de calmar los exaltados ánimos campesinos. La transformación del DAAC en SRA en 1975 y el reconocimiento oficial de que la lucha por la tierra “se justifica” y el reparto agrario “no ha terminado” ofrecen esta coyuntura. Naturalmente, no se trata de iniciar un reparto agrario masivo, que por necesidad tendría que cuestionar la existencia misma de la gran propiedad privada en el campo. Echeverría y sus corifeos se encargan de manera reiterada de ofrecer todo tipo de garantías y seguridades a la “auténtica pequeña propiedad”. Se trata simplemente de contener la incendiaria presión campesina sobre la tierra, reencauzándola por el camino del trámite legal a través de las organizaciones oficialistas, y para ello es necesario mantener viva la esperanza en un reparto agrario que “no ha terminado”. Sin embargo, la esperanza de millones de campesinos solo puede sostenerse si cuando menos una pequeña parte de los solicitantes son efectivamente dotados, así sea como muestra que manten- Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 151 ga viva la ilusión para hacer confiables las promesas. Además las organizaciones campesinas oficialistas no solo necesitan subsidios económicos, sino también que se canalicen a través de ellas algunos repartos agrarios que les permitan comprar la confianza y fidelidad de sus agremiados. En definitiva, la crisis política que ocasiona la lucha campesina por la tierra no puede ser ni siquiera mínimamente atenuada si el Estado no dispone de alguna capacidad de negociación y ni los intentos de generar empleo industrial en el campo ni la política de colonización, consistente en enviar grupos de solicitantes de tierras a regiones remotas del sureste se la proporcionan. El Estado apela entonces a la colaboración de la burguesía agraria, buscando que esta acepte el sacrificio de una mínima parte de su propiedad territorial con el fin de restaurar la paz social y garantizar la seguridad de la parte sustancial de sus latifundios. Por otra parte, en un principio se trata de ceder únicamente algunos recortes en latifundios ganaderos, como los de Tlaxcala, Zacatecas o San Luis Potosí, y además se sigue la práctica de ofrecer a los propietarios jugosas remuneraciones a cambio de algunas de sus tierras de agostadero. Esta rectificación en la política sobre la tenencia de la tierra es, además, coherente con la opción elegida para enfrentar la crisis de producción agropecuaria, pues, por lo menos en las zonas de un cierto potencial agrícola, las dotaciones ejidales van acompañadas de crédito y se las orienta a crear empresas “colectivas” que respondan a las necesidades de la política agrícola en turno. Un último elemento de la política agraria –y también de la política agrícola– del echeverrismo, que pone en evidencia tanto su confianza económica en el ejido como su necesidad de comprar el apoyo político de los campesinos, son los cambios en la Ley Federal de Aguas que limitan los derechos de la “pequeña propiedad” sobre los futuros distritos de riego a un máximo de 20 hectáreas; lo que evidencia una cierta tendencia al predominio del ejido en las nuevas zonas irrigadas, que contrasta con la práctica habitual desde el avilacamachismo. Con la revitalización del agrarismo la rectificación echeverrista esta completa. Contener al movimiento campesino y reanimar los organismos oficialistas de control, superar la crisis económica en beneficio de los intereses del capital en su conjunto y a la vez respetar y seguir promoviendo los intereses privados en la agriculVIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 152 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 tura: tales son los objetivos de la nueva política agraria, y en todo lo esencial esta política fracasa. Fracaso del “agrarismo” echeverrista En cuanto a la política económica, el fracaso del echeverrismo se manifiesta en la continuidad del deterioro relativo del sector agropecuario: a lo largo de todo el sexenio la producción se mantiene estancada y en dos años, 1972 y 1974, decrece en términos absolutos; sin embargo la población y la demanda siguen ascendiendo y sus requerimientos se satisfacen con importaciones. En los seis años el valor de las exportaciones se mantiene prácticamente estancado pero las importaciones agrícolas aumentan en más de un 300%. El caso del maíz muestra claramente la distorsión del sector agropecuario y la ineficacia de la política agrícola del echeverrismo. A lo largo del sexenio los precios de garantía aumentan a más del doble y la burguesía agraria responde a un estímulo que le garantiza fáciles ganancias, de modo que las tierras de riego destinadas a este cultivo también se duplican. Pero la producción campesina no puede salir del bache de manera tan simple, pues reponer la fertilidad de tierras degradadas por décadas y recuperar la deteriorada economía de los minifundistas no es tarea fácil ni resulta automáticamente de un aumento en el precio. La producción agrícola domestica resiste a los factores adversos y su deterioro es lento, pero también es morosa en los procesos de recuperación. De modo que, pese a los aumentos, la superficie de temporal sembrada de maíz disminuye y el volumen de la producción se mantiene estancado. En 1975 la demanda interna de maíz tiene que satisfacerse con la importación de más de dos millones de toneladas que representan el 23% de la producción total. Por otra parte, el deterioro progresivo de la balanza comercial, el creciente endeudamiento externo y el incontrolable proceso inflacionario fuerzan a que, en el último año del sexenio, se contraiga el gasto público en el sector agropecuario, que de 1975 a 1976 disminuye en un 7% y en un 8% en el subsector agrícola. De manera semejante el total del crédito rural disminuye notablemente en los mismos años. Los grandes planes de colectivización, desmedidos en sus pretensiones e impulsados de manera burocrática y autoritaria se desploman, y de los 11 mil ejidos que se pretendía organizar solo 633 funcionan colectivamente y otros cuatro mil son colectivos solo en el papel. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 153 Los proyectos agroindustriales, mal planeados, dispendiosos y con frecuencia objeto de saqueo por parte de una burocracia voraz, se reducen en la práctica a unas 350 empresas ejidales de las cuales solo funcionan regularmente algo más de 30. Sin embargo, este enfoque del fracaso económico del echeverrismo, en el que se centraron la mayoría de los análisis críticos, es unilateral y relativo; pues la política agrícola no fue más que una parte del proyecto global del echeverrismo en el campo. Vista en su conjunto la opción que se impuso en el sexenio echeverrista suponía que la superación de la crisis de producción provendría fundamentalmente de la mayor intervención del capitalismo de Estado en el campo, “asociado” a la agricultura campesina mediante el modelo de la colectivización ejidal. Por otra parte, el restablecimiento de la legitimidad del Estado mediante la contención de la crisis social y el encauzamiento institucional del movimiento campesino, debía descansar fundamentalmente en dos mecanismos: Control del sector ejidal con buen potencial agrícola (aproximadamente 10 mil ejidos) a través de los aparatos de Estado encargados de financiarlo, organizarlo empresarialmente y comercializar su producción (Banrural, Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera [ANAGSA], Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina, Conasupo, Tabamex, Inmecafé). Control del sector ejidal de infrasubsistencia y de los campesinos sin tierra (que de hecho constituyen un solo gran bloque formado por aproximadamente 20 mil ejidos y comunidades y tres millones de campesinos sin tierra) a través de los aparatos oficiales y oficialistas encargados de regular la tenencia de la tierra (SRA, Pacto de Ocampo, etcétera) y secundariamente a través de ciertas inversiones y créditos políticos que de hecho constituyen subsidios a la miseria. Es ya un lugar común reconocer que esta política fracasa en todos los frentes. Sin embargo, es importante deslindar los aspectos que se muestran del todo impracticables, de aquellos que, pese a los tropiezos muestran una cierta viabilidad; pues esta es la base sobre la que se desarrollará la política agraria de López Portillo. Ciertamente, los aumentos a los precios de garantía y las fuertes inversiones del Estado no tienen efectos espectaculares en la producción agrícola, que se mantiene estancada durante todo el sexenio; sin embargo, en el aspecto económico el fracaso es relativo pues, en cualquier caso, la recuperación no podría ser rápida y esVIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 154 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 pectacular, dado que las inversiones en infraestructura y los créditos refaccionarios tienen efectos a mediano plazo. Los abundantes y espectaculares desastres económicos y organizativos y el evidente desperdicio de recursos, son prueba de corrupción e ineficiencia, pero no invalidan, por sí mismos, la tesis de que la posibilidad de remontar la crisis de producción es inseparable de una mayor participación del capital de Estado en el sector agropecuario, aun cuando esta pudiera presentar, en el futuro, otras modalidades. En cuanto al control político de una base social que le dé legitimidad al Estado en el campo, los dos mecanismos antes descritos operan de manera desigual. La ampliación de la participación del Estado en el financiamiento, la organización y la comercialización de la producción ejidal reforzaron notablemente la presencia del Estado en el campo. Sin duda, la ineficiencia económico-administrativa y la corrupción limitaron los efectos mediatizadores de esta política y generaron descontento entre los ejidatarios. Pero el control no puede confundirse con armonía, y el hecho es que desde los años setenta y por casi tres décadas se reforzó notablemente la dependencia del sector ejidal más productivo con respecto al Estado, a través de los aparatos de control económico. A mediados de los ochenta más de un tercio de todos los ejidatarios del país dependían del Estado, no tanto porque este controlara la tierra que ellos detentaban en usufructo, sino porque necesitaban recurrir a él para obtener el agua y otros insumos, así como para financiar y comercializar su producción. En el sector ejidal de mayor productividad, el control del Estado se expresaba más a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que proporcionaba el riego, el Banrural y la ANAGSA, que manejaban el crédito, el seguro, la Conasupo u otras agencias que se encargaban de la comercialización, que a través del control de la tenencia de la tierra ejercido por la SRA. Y en este sector el cacicazgo en el que encarna el control estatal es ejercido principalmente por los que operan como mediadores con estas agencias: socios delegados o comisariados ejidales administradores del crédito. En este sentido, la mayor intervención del capitalismo de Estado en la agricultura ejidal es un factor que legitimó al Estado mexicano en el campo, pues de él provenían los recursos de los que dependía la reproducción económica de este sector. Ciertamente se trataba de una dependencia conflictiva; sin embargo, no puede Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 155 negarse la importancia de esta base social y su notable expansión durante el echeverrismo. Pero si en lo que respecta a la crisis de producción los resultados de la política echeverrista fueron poco alentadores y el relativo control del sector ejidal productivo resultó costoso y conflictivo, los intentos de contención y manipulación de la enorme masa de campesinos sin tierra y de agricultores de infrasubsistencia fracasaron en toda la línea, e incluso condujeron a una profundización de la crisis política rural. Las acciones que soslayaban el problema de la tierra fueron gotas de agua en un desierto: la creación de empleos agroindustriales resultó mínima y los avíos al minifundio de temporal fueron insuficientes pues no se reproducían, constituyendo un costoso “crédito político” que fluía a un pozo sin fondo. En estas condiciones todos los caminos conducían al reparto agrario; pero el “agrarismo” echeverrista tenía márgenes de maniobra muy estrechos pues estaba circunscrito a la disponibilidad de tierras susceptibles de ser dotadas. La primera en oponerse tajantemente a colaborar con el agrarismo echeverrista es la burguesía rural. Al margen de cualquier consideración que tomara en cuenta las posibilidades y necesidades económicas y políticas del capitalismo mexicano en su conjunto, los empresarios del campo se mueven casi exclusivamente en función de sus intereses particulares e inmediatos. Implícita o explícitamente expresan su pretensión de controlar toda la tierra, barriendo con el ejido cuando este representa un obstáculo a su expansión. En particular ven con profundo desagrado la limitación de sus derechos sobre futuras tierras de riego a 20 hectáreas, y con frecuencia bloquean proyectos de irrigación prefiriendo conservar sus grandes propiedades de temporal. Finalmente, se consideran con derechos casi exclusivos sobre el financiamiento y ven con malos ojos las prioridades que la nueva ley de crédito ofrece a la tenencia ejidal y comunal. Para defender estos intereses han contado –y desean seguir contando– con el control político cuando menos a nivel regional y en ocasiones estatal. No solo manejan a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad y a la Confederación Nacional Ganadera, sino que controlan también en muchos casos a las delegaciones y subdelegaciones de secretarías con incumbencias agropecuarias, así como a las gerencias regionales de los bancos agrarios. Por último también han impuesto casi siempre a las autoridades municipales y con frecuencia a los propios gobernadores estatales. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 156 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 Con este poder se enfrenta el tímido proyecto echeverrista. Apenas los terratenientes son mínimamente afectados echan mano de todas sus armas: recurren al amparo, corrompen funcionarios, manejan a su antojo a la fuerza pública local y en ocasiones al ejército, refuerzan sus “guardias blancas” y “columnas volantes” creando verdaderos ejércitos particulares. En los últimos años del sexenio el ascenso del movimiento campesino es paralelo a la agudización de las contradicciones entre el Estado y la burguesía agraria. El gobierno recurre sobre todo a la SRA y a las centrales oficialistas, que basadas en la nueva política logran revitalizarse y centralizarse con la firma del Pacto de Ocampo. Finalmente, llega a recurrir al propio movimiento campesino, al que pretende utilizar como elemento de presión y chantaje. Desarmado por la intransigencia de la burguesía agraria y la neutralidad expectante de todo el sector empresarial, y ante un movimiento campesino que presionaba cada día más, el Estado recurre a la amenaza. Los propios “líderes” campesinos priistas hablan de la necesidad de suprimir el amparo agrario y reducir toda la propiedad privada en tierras de riego a menos de 20 hectáreas. Entre la espada campesina y la pared terrateniente nace el “neozapatismo” oficialista. Frente al movimiento campesino, la demagogia oficial surte un efecto contrario al que pretenden lograr sus autores. Lejos de tranquilizarlo y reducirlo a una pasividad esperanzada de los trámites de sus adalides priistas, los nuevos planteamientos de la política agraria estimulan al movimiento y colaboran a generalizarlo. El simple hecho de que se admita que el trámite agrario ha sido bloqueado por años y debe agilizarse, desata una verdadera avalancha de comisiones que se apoyan en el demagógico reconocimiento oficial del burocratismo y la corrupción, para exigir soluciones legales, rápidas y expeditas. El estilo personal de Echeverría –quien recibe ocasionalmente a los campesinos y hace promesas– genera un verdadero asedio al presidente y los funcionarios mayores y menores. El reconocimiento puramente verbal de que la lucha por la tierra es “justificable”, basta para que cientos de miles de campesinos, aún indecisos, se animen a movilizarse. La aceptación de que efectivamente existen algunos latifundios simulados propicia que los campesinos destapen la cloaca de las infinitas irregularidades, transas y corruptelas en que se funda gran parte de la propiedad territorial privada. Finalmente, el reconocimiento de facto a ciertos invasores, a quienes eventualmente se les legaliza la posesión, desata una oleada de tomas de tierra en todo el país. La generalización espontánea del movimiento campesino impone cambios en la política agraria oficial, pero estos cambios, así sean demagógicos y precisamente porque lo son y no pueden hacerse efectivos, extienden la inquietud a todos los rincones del país y hacen más homogéneo y generalizado un movimiento que era aún desigual y fragmentario. En este proceso dramático de múltiples contradicciones y desplantes teatrales los actores principales no son los personeros empresariales, como el ilustre asesor jurídico de los terratenientes Ignacio Burgoa, ni tampoco los voceros del gobierno, como el “neozapatista” Félix Barra, secretario de la Reforma Agraria, y ni siquiera el propio presidente Echeverría. Estos no son más que comparsas de una obra en la que el personaje central es el movimiento campesino. Pese a la inmadurez de sus organizaciones y a su desbalagada espontaneidad, los trabajadores rurales logran mantener la iniciativa, y son las sucesivas oleadas de su lucha las que modifican la correlación de fuerzas y agudizan las propias contradicciones interburguesas. Generalización del movimiento campesino: 1973-1976 Si hasta 1973 las acciones eran todavía básicamente dispersas y apenas comenzaban a constituirse organizaciones regionales o estatales, de 1974 a 1976 muchas de estas organizaciones se consolidan, nacen otras y el movimiento tiende a ser cada vez más coordinado y, en algunos casos, también más definido políticamente. Las luchas contra la imposición política, por los precios de la producción, por los salarios, se mantienen más o menos en el mismo nivel de los años anteriores. Se dan fuertes movimientos contra los alcaldes impuestos por lo menos en nueve municipios de Puebla, y en enero de 1975 hay tomas de palacios municipales por lo menos en cinco de ellos. La respuesta popular al desalojo por el ejército es una manifestación en la ciudad de Puebla. En Cholula la lucha es particularmente intensa: tres mil personas toman el palacio municipal, y al ser reprimidos VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 158 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 organizan una manifestación en la capital del estado y después una marcha al Distrito Federal. También en Oaxaca se desarrolla a fines de 1974 una fuerte lucha por la imposición en las alcaldías. A la toma generalizada de los palacios municipales se responde sistemáticamente con la intervención del ejército (Zimatlán, Santa Gertrudis, Xoxocotlán). En Chiapas destaca la lucha de San Juan Chamula, una de cuyas acciones más importantes es la toma del palacio en octubre de 1974, coincidiendo con la celebración en San Cristóbal de las Casas de un congreso indígena. Días después, el ejército los desaloja con saldo de decenas de detenidos. En el estado de México 600 personas toman el palacio municipal de Tenancingo en abril de 1975, y quinientas toman la alcaldía de Cocotitlán en diciembre del mismo año. En Jalisco 250 personas toman el palacio municipal de El Tuito en diciembre de 1974. En Veracruz, tres mil personas toman la alcaldía de Choapas en septiembre de 1975. En Tulancingo, Hidalgo, mil personas toman el palacio municipal y las oficinas del PRI en noviembre de 1975. Las luchas más importantes por el aumento de los precios siguen siendo sostenidas por los ejidatarios cañeros. En octubre de 1975, en Jalisco, el ejército tiene que intervenir para evitar que paren 10 ingenios cuyos abastecedores exigen aumento de los precios de garantía. En diciembre de 1976 el ingenio de Colipan, Puebla, es tomado por 400 cañeros que demandan el pago de los adeudos. Pero también otros agricultores se movilizan con demandas semejantes. En octubre de 1975 se realizan en Coahuila manifestaciones por mejor pago del algodón. La lucha sostenida de los trabajadores del campo por los salarios se mantiene también bajo la forma de algunos estallidos espontáneos, y excepcionalmente, un conflicto de tipo sindical. Los henequeneros una vez más se lanzan sobre Mérida, y en septiembre de 1976 seis mil ejidatarios toman el palacio de gobierno exigiendo mayores adelantos. Una experiencia importante de organización y lucha de los jornaleros de la zafra se desarrolla en la zona de Tuxtepec, Oaxaca. A principios de 1976 60 trabajadores paran el corte reclamando aumento; el paro tiene éxito y para fines de 1976, con el inicio de una nueva zafra, el grupo ha crecido y ahora 80 trabajadores paran de nuevo y logran salario mínimo, servicio médico, pago de incapacidad por accidentes de trabajo. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 159 En enero de 1976 estalla la huelga en la empresa agrovitivinícola de Batopilas, en Coahuila; 64 trabajadores organizados en una coalición desde 1973 exigen el cumplimiento del contrato y, después de un mes de paro, en el que cuentan con apoyo campesino y estudiantil, logran que se les doten en ejido las tierras de la empresa. Otra vez, lucha por la tierra Una vez más, es la lucha por la tierra la corriente principal del movimiento campesino. En los últimos años del sexenio la incontenible marca de las tomas de tierra ocupan el absoluto primer plano en la lucha de clases rural. En Guanajuato, donde existen 3 225 grupos de solicitantes, las invasiones son particularmente impetuosas y la intervención militar resulta tan omnipresente como infructuosa. Para octubre de 1975, un funcionario reconoce que durante el año se han presentado 79 invasiones, todas ellas desalojadas; pero en noviembre los campesinos ocupan nuevamente las tierras y las tomas se extienden por todos los municipios: Manuel Doblado, Apaseo el Grande, Celaya, etcétera. A principios de 1976, 52 predios que estaban invadidos son nuevamente desalojados. Para abril, la UGOCM encabeza dos tomas de tierras de 2 500 y 3 000 hectáreas respectivamente, y un grupo de campesinos toman predios del Centro de Investigaciones Agrarias del Bajío. Nuevos desalojos y nuevas tomas se suceden hasta el fin del sexenio. En Hidalgo existían 116 resoluciones presidenciales sin ejecutar, y durante los años de 1974 y 1975 se multiplican las tomas de tierras. A principios de 1976 se habla de que existen 70 predios ocupados por los campesinos, y para julio de ese mismo año se calcula que siete mil campesinos organizados en 130 grupos se han posesionado de 65 mil hectáreas en ocho municipios de la huasteca hidalguense. En Colima la lucha campesina tiende a confluir en un amplio movimiento contra el gobernador Arturo Noriega, franco representante de los terratenientes. En agosto de 1974, 500 campesinos del Consejo Nacional Cardenista, que representan a 40 pueblos, realizan una marcha exitosa al Distrito Federal. En abril de 1975, campesinos del Consejo se ponen en huelga de hambre, y en diciembre del mismo año se lleva a cabo una nueva marcha, ahora a la ciudad de Colima, que culmina con la toma de las puertas del palacio de VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 160 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 gobierno. Para marzo de 1976 campesinos del mismo estado se posesionan de la SRA en el Distrito Federal, y en mayo de ese mismo año ocho mil campesinos del Consejo, en una gran concentración, rodean el palacio de gobierno exigiendo la caída del gobernador, mientras Arturo Noriega se oculta. En Chiapas se agudiza la lucha contra los finqueros, que en algunos casos llega a estructurarse regionalmente, aunque en otros cobra un carácter semiinsurreccional y espontáneo. En mayo de 1974 más de mil indígenas entre chamulas y andreseros (de San Andrés Larráinzar), salen de la selva con machetes, armas de fuego y también tambores y banderas. Asaltan fincas en el municipio del Bosque y matan a siete hacendados. Interviene el ejército. En octubre del mismo año, y con otro carácter, se realiza un mitin campesino-estudiantil en Tuxtla contra el latifundismo que impera en el estado. En febrero de 1975 mil campesinos de Rubén Márquez, Tonalá, marchan al Distrito Federal para denunciar un despojo de tierras. El asesinato del líder Bartolomé Martínez Villatoro, de Venustiano Carranza, en septiembre de ese mismo año, tiene como respuesta un gran mitin en Tuxtla donde los campesinos están a punto de tomar el palacio de gobierno. Interviene el ejército. En 1976 nace la Alianza Campesina 10 de Abril en una zona donde eran tradicionales las tomas de tierras para la temporada en que se inician los cultivos. En 1976 se coordinan ocho grupos campesinos: Francisco Villa y Cuauhtémoc del municipio de Villa Flores, otros de Villa Hidalgo, Venustiano Carranza, Socoltenango, Tzimol, Comalapa, etcétera, y el 10 de abril ocupan tierras de las fincas de Cuernavaca, Nuevo Edén, San Damián, La Selva, Argelia, Siberia, Santa Inés, Pueblo Viejo y La Haciendita. En las semanas siguientes interviene el ejército con saldo de muertos, heridos y detenidos. En octubre del mismo año, mil campesinos toman la delegación de la SRA en Tuxtla. En Zacatecas y San Luis Potosí el proceso de lucha por la tierra conduce a la constitución de organizaciones regionales que le dan al movimiento consistencia orgánica y política. En febrero de 1974 nace el Frente Popular de Zacatecas, constituido básicamente por estudiantes, campesinos y colonos, que llega a establecer contactos con más de 100 comunidades y organiza mítines y manifestaciones de hasta 20 mil personas. Entre el Frente y la CIOAC se coordinan la mayor parte de las tomas de tierras en el estado. En abril de 1975, dos mil campesinos de Troncoso to- Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 161 man 5 136 hectáreas. Interviene el ejército. Para junio de ese mismo año, el Frente organiza una toma de tierras coordinada en la que participan campesinos de Quemada, Casa Blanca, Pozo Hondo y Boquilla del Carmen. Dos mil solicitantes ocupan 22 800 hectáreas de cuatro latifundios. Paralelamente, se realiza en la ciudad de Zacatecas una manifestación con más de mil asistentes entre estudiantes y campesinos. En octubre se multiplican las tomas de tierras en El Alto, Jalisco, Margaritas, Santa Rosa y en los latifundios de La Valencia y Huejoquilla. En marzo de 1976 los campesinos de Sombrerete toman 5 860 hectáreas en manos de menonitas. En abril, campesinos del Frente pertenecientes a cinco municipios toman la delegación de la SRA en Zacatecas. Para abril de 1976 la lucha por la tierra se agudiza y extiende por todo el estado. Se habla de 48 predios ocupados en 12 municipios, y la Unión de Productores Agropecuarios denuncia 250 invasiones. En mayo, el Frente organiza un acto en el que participan ocho mil personas, y para junio la CIOAC y el Frente implementan una serie de tomas coordinadas y una gran marcha. A partir de esto se profundiza la intervención del ejército; muchos grupos son desalojados, se queman poblados y se detiene a campesinos, pero también se tienen que hacer algunas concesiones: un terrateniente “cede” 2 500 hectáreas. En julio la SRA afecta 1 643 hectáreas para dotar a 89 campesinos. El Campamento Tierra y Libertad, que nace el año de 1973 en San Luis Potosí, se extiende y consolida a partir de 1974. En abril se toman 61 hectáreas de riego en Puente del Carmen con apoyo del Campamento. En mayo, 600 campesinos pertenecientes a 13 grupos –seis de solicitantes y siete solidarios– ocupan el latifundio de Maitines y en el mismo mes 50 campesinos invaden Pretiles y son desalojados. Paralelamente, y como otra forma de presión, se toma la delegación de la SRA. En julio los solicitantes de los grupos fundadores de Otates y Crucitas, que habían sido desalojados, toman posesión de las tierras. En mayo de 1975 un numeroso grupo de campesinos del Campamento toma el octavo piso de la SRA y realiza mítines en las calles. Para septiembre de 1975 el trabajo del Campamento se ha extendido a diversos estados y se realizan tomas coordinadas en Santiago Huatusco (Veracruz), Nuevo Tule (Zacatecas), Rubén Jaramillo (Tamaulipas), y Puente del Carmen (San Luis Potosí). Paralelamente, un grupo de mujeres se posesionan del octavo piso de la SRA VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 162 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 en el Distrito Federal. Dos de las tomas tienen éxito y se mantiene la posesión; en otras dos tienen que desalojar. En diciembre del mismo año, 250 campesinos del Campamento toman de nuevo la subdelegación de la SRA en Ciudad Valles. En marzo los campesinos de Otates ocupan una fracción que les faltaba: Siete Leguas. El asesinato del líder Eusebio García en julio de 1976 tiene como respuesta inmediata una gran manifestación y la toma de la SRA en el Distrito Federal Con el mismo carácter se realiza en julio otra manifestación en Ciudad Valles. Con mayor o menor amplitud, la lucha por la tierra se extiende a todos los estados de la República: en Michoacán, en noviembre de 1975, se toman tierras en La Paz, municipio de Epitacio Huerta, y en enero de 1976 interviene el ejército con saldo de muertos. En el mismo mes 400 campesinos del municipio de Coeneo, miembros de la CCI, toman el octavo piso de la SRA. En abril, campesinos y estudiantes de la Normal de Tiripetío toman la delegación de la SRA y 23 camiones, en protesta por un despojo de tierras. En Coahuila, los campesinos de Lerdo se movilizan al Distrito Federal y toman el octavo piso de la SRA en agosto de 1975. En marzo de 1976 solicitantes de tierras de Batopilas toman las oficinas de Recaudación de Rentas. En abril del mismo año se realizan tomas de tierras en la zona de Torreón, y, en octubre, mil campesinos invaden 13 propiedades y posteriormente 600 bloquean las carreteras próximas a San Pedro de las Colonias. En Chihuahua se refuerza la lucha por la tierra en 1976: a fines de febrero, 600 ejidatarios de Casas Grandes toman 24 mil hectáreas en manos de mormones, y posteriormente invaden 50 mil hectáreas más; a pesar de que son desalojados, para abril hay por lo menos 18 predios invadidos, lo que representa 34 mil hectáreas ocupadas por los campesinos. En mayo, 500 campesinos invaden tres predios más en Villa Almada y 200 chocan con la policía con saldo de un muerto y siete heridos. En Puebla sigue la tradición de las marchas. En 1974 se movilizan por la libertad de Ramón Danzós, dirigente de la CCI, y en agosto de 1975 500 campesinos de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz realizan una manifestación en Teziutlán. En octubre de 1975 estalla la lucha por el agua en 56 ejidos del distrito de riego de Tecamachalco; 1 500 campesinos salen en marcha al Distrito Federal y la policía secuestra a 100 manifestantes. En octubre de 1976, 200 campesinos toman el Rancho de San Isidro. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 163 En el estado de México, 100 campesinos de Oxotitlán toman 234 hectáreas en noviembre de 1975. Un grupo organizado en el Frente Campesino Emiliano Zapata toma tierras en Santa María Zacazonapan en mayo de 1976, y, el mismo mes, 700 campesinos invaden tierras en Temascalcingo y son desalojados. En Jalisco, durante abril de 1975, 600 campesinos de Zacoalco manifiestan en Guadalajara contra la represión. En junio, campesinos del Movimiento de Organización Socialista invaden 1 600 hectáreas en Tlajomulco y Manzanilla de la Paz. En diciembre se realizan tomas de tierra en Lagos de Moreno. En Nayarit, comuneros de San Juan Bautista invaden cuatrocientas hectáreas del municipio de Jalisco en octubre de 1975 y en mayo de 1976 miembros de la Brigada Agraria Adolfo López Mateos (CNC) ocupan 19 predios. Prácticamente no hay un estado de la República donde no se registre por lo menos una toma. En Oaxaca, durante 1974, tomas en Tlalixtac, el Trapiche, Xoxocotlán, etcétera. En la Huasteca veracruzana, 29 invasiones durante 1975. En Nuevo León, 900 hectáreas en Agualeguas son ocupadas en noviembre de 1975. En Guerrero, 40 campesinos de Los Amates invaden 50 hectáreas del fraccionamiento Tres Vidas en la Playa e interviene el ejército. En Tamaulipas se invade la exhacienda de El Pichón en septiembre de 1975, interviene el ejército y la respuesta es una manifestación frente a la SRA del Distrito Federal con apoyo de otras organizaciones. En octubre del mismo año, 300 campesinos de la CCI invaden tierras en tres municipios. En Baja California campesinos de la CCI invaden 60 mil hectáreas en Héroes de BC, Ensenada, en septiembre de 1976. Interviene el ejército. En el Distrito Federal la lucha campesina por la tierra se centra en los despojos que causa el crecimiento de la ciudad: en 1974, protestas de los campesinos de San Pedro Mártir que son despojados de sus tierras para la construcción de la Universidad Militar, y durante 1975, mítines contra despojos de tierras en Desierto de los Leones, San Mateo Tlatengo, Santa Rosa Xochiac y Magdalena Contreras. Más adelante trataremos la lucha en Sonora y Sinaloa, pero con lo reseñado hasta ahora resulta ya evidente que de 1974 a 1976 el movimiento campesino por la tierra es nacional y no deja de agudizarse; y resulta claro también que la represión, inusitadamente generalizada, resulta impotente para frenarlo; por el contrario, en 1975 y sobre todo en 1976, el ascenso llega a un punto máximo. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 164 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 Pese a la insuficiencia de la información y a la poca confiabilidad de las fuentes, algunos datos resultan significativos: para octubre de 1975 se reconocen 79 invasiones en Guanajuato, y en la Huasteca veracruzana se habla de 29 tomas de tierras; para julio de 1976 hay 130 tomas en Hidalgo con 65 mil hectáreas invadidas. Durante el mismo mes, en Sonora están ocupadas 21 mil hectáreas; en Zacatecas, para el mes de abril, se reconocen 48 predios invadidos y, para diciembre de ese mismo año, los campesinos están posesionados de 40 mil hectáreas en Sinaloa. La lucha de clases en Sonora y Sinaloa durante 1975 y 1976 es una clara muestra tanto del fracaso de la política echeverrista como del papel decisivo representado por el movimiento campesino. El caso de Sinaloa Además del hecho de que 85 familias controlan 117 mil hectáreas de riego en el estado, un factor coyuntural favorece el ascenso de la lucha por la tierra en Sinaloa. La zafra azucarera de 1975 es una de las menores de su historia reciente, el 90% de los productores trabaja con pérdidas y, en 49 ejidos, los campesinos queman cañaverales pues no les interesa trabajar para resultar finalmente con números rojos. El resultado es que la producción desciende en un 20% y 40 mil campesinos quedan desempleados... Durante todo el año de 1975 se suceden incontenibles las tomas de tierras en el estado: en mayo, 1 500 campesinos de El Nativo y el Dorado ocupan 50 mil hectáreas en Culiacán, Angostura y Salvador Alvarado. En noviembre dos mil campesinos de la UGOCM se instalan frente a las oficinas de la delegación de la SRA y manifiestan que no se retirarán hasta que no se les entreguen 19 mil hectáreas de riego del valle de Culiacán que están en posesión de veintidós familias. Ante la presión, el gobierno del estado habla de la necesidad de “acelerar al máximo el reparto agrario” y la SRA se anima a repartir a campesinos de Culiacán 2 507 hectáreas pertenecientes a la familia Almada Calles. La respuesta de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad es organizar un paro respaldado por comerciantes e industriales de Sinaloa y que cuenta con el apoyo a nivel nacional de la organización cúpula de la burguesía, el Consejo Empresarial Mexicano. Echeverría declara: “esos señores que pararon los tractores, quisieron organizar hace tres años a sus mujeres con Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 165 una manifestación de cacerolas vacías, como en Chile, y también fracasaron…”, y a continuación pone en alerta a los campesinos. Pese a los desplantes de Echeverría, las afectaciones son insignificantes y el movimiento por la tierra sigue impetuoso. Ciertamente la mayoría de los invasores pertenecen a las centrales oficialistas y con frecuencia son forzados por sus “líderes” a desalojar las tierras; pero es evidente que las tomas responden a una necesidad de la base, y si las organizaciones no las respaldaran perderían el control y los campesinos se lanzarían por cuenta propia. En diciembre 2 500 campesinos invaden mil hectáreas de riego y paralizan los trabajos en otras tres mil; posteriormente se suman otros 2500 solicitantes y ocupan 40 mil hectáreas más. Para este mes se calculan 76 tomas de tierras en el estado, de las cuales 70 son desalojadas. En febrero de 1976 la UGOCM invade tres mil hectáreas del Valle de Culiacán, y el mismo mes los terratenientes rompen el diálogo cuando la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad se retira de la Comisión Tripartita Agraria dejando solos a los representantes del Estado y de los ejidatarios. A fines del mes se calculan 43 invasiones, la mayoría desalojadas; pero cinco predios siguen ocupados. Para abril los predios invadidos y ocupados han aumentado a 39 en ocho municipios, lo que representa 19 439 hectáreas. Para mayo es necesario reforzar al ejército que, como brazo armado del Ejecutivo, tiene que cumplir una doble función: por una parte frenar al movimiento campesino desalojando las invasiones, y por otra, evitar los ataques a los invasores provenientes de los peones a los que “pequeños propietarios” utilizan como fuerza de choque. Durante este mes, 66 predios que representan 15 mil hectáreas son desalojados. Además de recurrir a la violencia directa los empresarios agrícolas presionan y negocian. Para junio realizan un nuevo paro y para septiembre el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa ofrece, a nombre de sus representados, ceder 10 mil hectáreas y vender 17 mil. Pero la SRA se mantiene intransigente y anuncia la afectación de 40 mil hectáreas. Por su parte, solicitantes de la Unión de Ejidos Independientes de Obreros Agrícolas y Campesinos no se conforman con promesas y secuestran al delegado agrario de la SRA y a nueve funcionarios más, exigiendo dotación de tierras para 25 grupos. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 166 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 En noviembre, después de que la instrucción expropiatoria decretada por Echeverría para 80 mil hectáreas en el vecino estado de Sonora ha causado una conmoción nacional y la “iniciativa privada” cierra filas en torno a su sector agrario, la SRA se olvida de sus promesas de afectar 40 mil hectáreas y acepta el viejo ofrecimiento de 10 mil hectáreas de riego, a las que se agregan 3 500 de temporal. Para diciembre es evidente que las migajas no pueden contener al movimiento campesino, y pese al acuerdo de la SRA, las centrales oficialistas tienen que seguir respaldando las invasiones. La CCI y la UGOCM ocupan 30 predios. Pero, además, 50 grupos de la Vieja Guardia Agrarista paralizan 43 mil hectáreas en los valles del Fuerte y del Carrizo. Hay en total 40 mil hectáreas invadidas. Durante este mismo mes el gobernador, que poco antes había hablado de la necesidad de “acelerar el reparto agrario”, se comunica con el secretario de la Defensa “para lograr el apoyo del ejército a fin de poner fin a la violencia en Sinaloa”. Esto no impide, que la CIOAC organice una marcha al Distrito Federal con siete mil campesinos. Sin embargo a Echeverría se le ha terminado el tiempo, y al agotarse el sexenio se agota también la coyuntura que había favorecido al movimiento. Con López Portillo llegarán tiempos de reconciliación con los terratenientes y con ello tiempos de represión para los campesinos. El caso de Sonora Estructuralmente, la lucha por la tierra en Sonora se explica si tomamos en cuenta que según el censo de 1970 el 72% de la PEA agrícola del estado eran jornaleros, y que, según otras fuentes, la región llega a 80 mil campesinos sin tierra. Por otra parte, también para 1970, se calculaba que el 30% de los ejidatarios rentaban sus parcelas. Pero para 1975 una serie de factores coyunturales viene a agudizar esta situación: por una parte la sustitución de una gran extensión de las tierras sembradas de algodón por cultivos mecanizados de trigo; por otra parte, el cierre de un gran número de maquiladoras y los recortes de personal en las restantes. En estas condiciones el ascenso de la lucha por la tierra en el estado era inevitable y las tomas que anteceden a la caída del gobernador Biebrich, como la invasión protagonizada por los 250 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 167 campesinos de San Ignacio Río Muerto, en el Valle del Yaqui, responden a una tendencia natural y espontánea. La renuncia del gobernador el 26 de octubre de 1975, después del asesinato de siete campesinos de San Ignacio, es forzada por Echeverría; pero la política agraria de su sucesor, Alejandro Carrillo Marcor, que en noviembre afecta 4 287 hectáreas de riego para San Ignacio y firma 12 mandamientos sobre 22 823 hectáreas más, no responde solamente a la necesidad de someter al orden a la oligarquía terrateniente local, sino fundamentalmente a la urgencia de dar salidas políticas a un movimiento campesino que amenaza con hacerse incontrolable. Por otra parte, la caída de Biebrich y la demagogia agraria de Carrillo Marcor –quien, por cierto, también es terrateniente–, lejos de neutralizar al movimiento campesino, lo alienta y, en muchos casos, en lugar de hacerlo controlable lo llevan a romper con las organizaciones oficialistas en la medida en que las promesas de dotación no se cumplen. El 7 de abril de 1976 el FCI ocupa el predio San Pedro en el block 407 del Valle del Yaqui, acompañando su acción con el secuestro del delegado de la SRA y dos personas más. Para el día 9 los campesinos liberan a los funcionarios pero declaran que no dejarán la tierra: “Esperamos 18 años para invadir; el Valle del Yaqui será nuestro o no será”. Por estos días todas las fuerzas del agrarismo oficialista se concentran en el estado en un intento de imponerse tanto sobre el movimiento campesino como sobre los empresarios agrícolas indisciplinados. Félix Barra promete no abandonar el estado hasta no resolver el problema. La CNC y la CCI afirman que en seis meses erradicarán el latifundio. Echeverría, adalid de una tercera vía impracticable, regaña a todo mundo: “Ni la violencia de latifundistas ni las invasiones son buen camino…”. A pesar de la desautorización echeverrista, durante el mes de mayo las invasiones se multiplican: tomas en el Valle del Mayo y en el municipio de Echojoa, etcétera. Los ocupantes del block 407 secuestran a dos policías estatales. Para junio el gobernador reconoce que hay 21 mil hectáreas invadidas. Para entonces, la SRA descubre una “solución” que debe dejar satisfechas a todas las fuerzas en pugna; se trata de una promesa de ampliación del distrito de riego 41 sobre 35 mil hectáreas donde se encuentran tierras ejidales cuyos poseedores no las trabajan por VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 168 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 falta de agua. La criba para controlar y seleccionar a los solicitantes que deben ser dotados es su disposición a participar en el desmonte de las nuevas tierras. A fines de junio la alternativa se derrumba estrepitosamente: el 27 del mismo mes las organizaciones campesinas independientes organizan un gran mitin en Ciudad Obregón contra la “solución” de la SRA. Paralelamente, los ejidatarios que serían afectados, armados de palos y piedras hacen huir de sus tierras a los funcionarios de la SRA. Finalmente, las propias organizaciones del Pacto de Ocampo, temerosas de perder por completo el control de sus bases, tienen que rechazar el reacomodo. Pero si las promesas demagógicas no resuelven el problema, tampoco la represión frena al movimiento; al cerco militar sobre el block 407, el 3 de julio, se responde con una asamblea permanente en Ciudad Obregón y un cerco campesino al cerco militar. La publicación en el Boletín Oficial del estado de que 80 mil hectáreas (40 mil de riego y 40 mil de agostadero) están en investigación por simulación y pronto serán afectadas, es una posición que le es impuesta a las autoridades por la continuidad de un movimiento que ha conducido al fracaso todas sus alternativas anteriores, tanto las demagógicas como las represivas. A fines de julio el ejército levanta el sitio al block 407 y se llega al acuerdo de liberar a los presos, cancelar las órdenes de aprehensión y respetar los derechos agrarios de los ocupantes. Doce horas después, los campesinos posesionados desalojan y realizan un mitin en el Campo 30. De agosto a noviembre la promesa de afectación no se cumple y los terratenientes mueven todos sus recursos, entre ellos la promoción de 600 amparos. Presionados ahora por la derecha, y ante un movimiento campesino que se mantiene a la expectativa, las autoridades dan marcha atrás y el 20 de agosto Félix Barra declara que ya no será posible afectar los latifundios antes del 1º de diciembre. Pero a estas alturas cualquier cambio en la posición de Echeverría genera una reacción inmediata en los verdaderos contendientes, y un día después de las declaraciones de Barra 400 campesinos del FCI ocupan de nuevo los blocks 407 y 512. Para el día 26, a pesar de que los del block 407 han sido obligados a desalojar, son ya 11 las nuevas invasiones en el estado. El 18 de noviembre, por decreto presidencial, se expropian 37 131 hectáreas de riego en los valles del Yaqui y del Mayo y 61 655 hectáreas de agostadero. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 169 La reacción de la oligarquía terrateniente cuenta ahora con la solidaridad de amplios sectores de la “iniciativa privada”, que hasta el momento se había mantenido a la expectativa. Al grito de “las brigadas de la SRA son la avanzada del desastre”, los “pequeños propietarios” se lanzan al paro y cuentan con el apoyo de las Cámaras de Comercio de varios estados. El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, que coordina la solidaridad con la oligarquía sonorense por parte de la burguesía organizada de 27 ciudades del país, califica a las medidas de Echeverría de “avalancha desestabilizadora del gobierno contra los mexicanos que sí trabajamos y pagamos impuestos”. Pero no solo ante la burguesía fracasa el intento echeverrista de encontrar una alternativa política a la crisis rural, pues evidentemente las decenas de miles de solicitantes movilizados en Sonora rebasan con mucho el número de ocho mil campesinos que pueden ser dotados con apenas cinco hectáreas cada uno. Durante todo el mes de diciembre el ejército sigue siendo el único aparato del Estado capaz de ordenar mínimamente la situación en el campo sonorense. Tres mil soldados desalojan sistemáticamente las decenas de predios invadidos. Además es necesario pagar a las centrales oficialistas por los servicios prestados, de modo que el 94% de las tierras es repartido a sus incondicionales. Tres mil miembros del FCI son desalojados y, en definitiva, a los campesinos independientes solo les corresponden dos mil de las hectáreas afectadas. Sonora y Sinaloa no son más que dos ejemplos extremos de la confrontación política que caracteriza los últimos años del echeverrismo. En todo el país la lucha campesina por la tierra rompe los cauces institucionales y en todas partes la burguesía agraria reacciona con virulencia; si en el noroeste los empresarios modernos y “civilizados” recurren principalmente al paro, los ganaderos veracruzanos, más primitivos, refuerzan sus “columnas volantes” y las “guardias blancas” se multiplican en Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, etcétera. El agrarismo echeverrista termina el sexenio entre la espada y la pared, derrotado políticamente por la radicalidad campesina y la intransigencia burguesa. Por otra parte es evidente que en la ofensiva empresarial de 1976 está en juego algo más que 37 mil hectáreas de riego: la apuesta consiste en la política agraria y, más aún en la política entera del nuevo régimen lopezportillista. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 170 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 Continuidad de la crisis y definición de una opción antiagrarista: 1976-1980 Para intentar una caracterización del panorama rural de los últimos años setenta, es indispensable el análisis de la drástica rectificación de la política agraria del Estado mexicano; rectificación que forma parte de un amplio viraje favorable no solo a la burguesía agraria sino en general a los intereses más inmediatos y directos del sector empresarial en su conjunto. Esta nueva política se define sobre el cadáver insepulto del echeverrismo y se apoya fundamentalmente en la crítica al gobierno anterior; de modo que un primer paso en el análisis debe ser la caracterización de la crítica a la política agraria de Echeverría. La crítica práctica al proyecto echeverrista corre por cuenta de los campesinos pobres y jornaleros y cobra la forma de un ascenso incontenible de la lucha por la tierra que rebasa a los aparatos estatales de control. Este movimiento, que culmina con un gran auge en 1976, difícilmente podría haber sido encauzado por vías manipulables pero rebasa aún más el control oficial en la medida en que la burguesía agraria, lejos de colaborar con la alternativa “agrarista” del régimen, adopta una actitud intransigente y, finalmente, rompe lanzas abiertamente con Echeverría. Esta combinación de radicalidad campesina e intransigencia burguesa desenmascara la incompatibilidad del “agrarismo” con la naturaleza actual de la formación de clases mexicana y cuestiona definitivamente las pretensiones de legitimidad “populista” del Estado. El régimen de López Portillo asumirá la insoslayable definición “antiagrarista” que le impone la coyuntura, pero para ello será necesario que se desarrolle un profundo desmantelamiento político e ideológico de una “reforma agraria hecha gobierno” que era ya sexagenaria y había calado profundamente en el comportamiento y la estructura del Estado mexicano posrevolucionario. Esta crítica “teórica” al proyecto echeverrista corre por cuenta de la burguesía agraria y sus voceros, en la medida en que casi todos los análisis y “denuncias” particulares –aun los de la “izquierda”– alimentan la interpretación de este sector y fundamentan su alternativa. El sistema de ideas que preside todas estas argumentaciones es básicamente el siguiente: Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 171 • La crisis rural es estrictamente una crisis de producción, y solo puede superarse mediante los estímulos a la productividad, pues antes de repartir es necesario generar riqueza so pena de distribuir miseria. • En el campo los únicos que producen con eficiencia son los empresarios privados, de modo que cualquier política que limite su actividad o genere inseguridad es nociva para la producción y profundiza la crisis. • El ejido, dejado a sus propias fuerzas, ha demostrado ser ineficiente y está probado históricamente que el Estado es un mal administrador, de modo que su asociación, lejos de ser la solución a la crisis, es garantía de fracaso. • Con base en lo anterior se desprende la tesis de que la crisis de producción fue provocada, o por lo menos agudizada, por el apoyo al ejido y los ataques a la “pequeña propiedad”, de modo que el culpable de la crisis es el régimen echeverrista o, en un sentido más amplio, la política general de “reforma agraria”. Las manifestaciones políticas de la crisis y en particular el movimiento campesino por la tierra no tienen una base estructural y provienen de las falsas ilusiones propiciadas por la política de “reforma agraria” y en particular por el “neoagrarismo” echeverrista. • De todo esto se concluye que el fracaso de Echeverría debe interpretarse como la prueba definitiva de que el ejido –con o sin apoyo estatal– no es la alternativa a la crisis agraria, mientras que la agricultura empresarial privada –hasta ahora limitada por la “reforma agraria” e incluso atacada por la “demagogia populista”– es la única alternativa viable. Ciertamente muchas críticas no comparten algunas de estas afirmaciones, pero como no ofrecen un planteamiento global distinto, acarrean agua al molino de la alternativa empresarial, que es totalizadora y coherente. En el contexto de este sistema de ideas la crítica al agrarismo hecho gobierno y al Estado como empresario agrícola se transforma en la apología del “antiagrarismo” y la empresa agrícola privada. La crítica al “populismo” echeverrista se transforma en una apología al sistema capitalista en su modalidad clásica empresarial, aunque en algunas ocasiones se encubra bajo la fórmula de un llaVIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 172 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 mado de la “productividad”. Las denuncias de la corrupción y la ineficiencia son hechas, no a partir de una explícita posición de clase, sino desde la perspectiva de la “honestidad” y la “eficiencia”; con lo que, en última instancia, desembocan en una crítica a las modalidades “populistas” del sistema, reforzando una posición de clase de corte netamente empresarial. En resumen, el análisis crítico del fracaso echeverrista, o bien ha corrido por cuenta de la burguesía agraria y sus voceros, o bien ha caído en la trampa de condicionar una supuesta simpatía por el campesinado y sus demandas a la demostración de que la “vía ejidal” es la más productiva y eficiente y por tanto más adecuada al desarrollo del sistema. Así pues, sobre el echeverrismo sañudamente destazado por sus críticos se fue configurando la política agraria del régimen de López Portillo. La primera tarea de López Portillo fue recuperar la “confianza” de la burguesía en general y de su sector agrario en particular. Los grupos que habían calificado la política de Echeverría como “avalancha desestabilizadora contra los mexicanos que sí trabajamos y pagamos impuestos” y que veían en las brigadas de la SRA la “avanzada del desastre”, reciben al nuevo régimen exigiéndole una rectificación del rumbo del país, “comprometido por políticas erróneas [...] y por una grave ruptura de la solidaridad social”. El centro de esta rectificación es la política agraria, pues “si no hay solución en el campo no habrá solución en nada [...] allí es donde está el problema y la base para la tranquilidad del país [...]”; y finalmente dejan claro que “el pilar más sólido” de esta tranquilidad es “el respeto irrestricto a la propiedad privada” y en particular a la propiedad agraria.2 Ante estas exigencias empresariales la posición de López Portillo es de conciliación a toda costa, y sus primeras declaraciones en diciembre de 1976 están llenas de llamados a la “tregua”, el “reenreacciona con virulencia; si en el noroeste los empresarios modernos y “civilizados” recurren principalmente al paro, los ganaderos veracruzanos, más primitivos, refuerzan sus “columnas volantes” y las “guardias blancas” se multiplican en Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, etcétera. El agrarismo echeverrista termina el sexenio entre la espada y la pared, derrotado políticamente por la radicalidad campesina y la intransigencia burguesa. Por otra parte es evidente que en la ofensiva empresarial de 1976 está en juego algo más que 37 mil hectáreas de riego: la apuesta consiste en la política agraria y, más aún en la política entera del nuevo régimen lopezportillista. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 170 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 Continuidad de la crisis y definición de una opción antiagrarista: 1976-1980 Para intentar una caracterización del panorama rural de los últimos años setenta, es indispensable el análisis de la drástica rectificación de la política agraria del Estado mexicano; rectificación que forma parte de un amplio viraje favorable no solo a la burguesía agraria sino en general a los intereses más inmediatos y directos del sector empresarial en su conjunto. Esta nueva política se define sobre el cadáver insepulto del echeverrismo y se apoya fundamentalmente en la crítica al gobierno anterior; de modo que un primer paso en el análisis debe ser la caracterización de la crítica a la política agraria de Echeverría. La crítica práctica al proyecto echeverrista corre por cuenta de los campesinos pobres y jornaleros y cobra la forma de un ascenso incontenible de la lucha por la tierra que rebasa a los aparatos estatales de control. Este movimiento, que culmina con un gran auge en 1976, difícilmente podría haber sido encauzado por vías manipulables pero rebasa aún más el control oficial en la medida en que la burguesía agraria, lejos de colaborar con la alternativa “agrarista” del régimen, adopta una actitud intransigente y, finalmente, rompe lanzas abiertamente con Echeverría. Esta combinación de radicalidad campesina e intransigencia burguesa desenmascara la incompatibilidad del “agrarismo” con la naturaleza actual de la formación de clases mexicana y cuestiona definitivamente las pretensiones de legitimidad “populista” del Estado. El régimen de López Portillo asumirá la insoslayable definición “antiagrarista” que le impone la coyuntura, pero para ello será necesario que se desarrolle un profundo desmantelamiento político e ideológico de una “reforma agraria hecha gobierno” que era ya sexagenaria y había calado profundamente en el comportamiento y la estructura del Estado mexicano posrevolucionario. Esta crítica “teórica” al proyecto echeverrista corre por cuenta de la burguesía agraria y sus voceros, en la medida en que casi todos los análisis y “denuncias” particulares –aun los de la “izquierda”– alimentan la interpretación de este sector y fundamentan su alternativa. El sistema de ideas que preside todas estas argumentaciones es básicamente el siguiente: Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 171 • La crisis rural es estrictamente una crisis de producción, y solo puede superarse mediante los estímulos a la productividad, pues antes de repartir es necesario generar riqueza so pena de distribuir miseria. • En el campo los únicos que producen con eficiencia son los empresarios privados, de modo que cualquier política que limite su actividad o genere inseguridad es nociva para la producción y profundiza la crisis. • El ejido, dejado a sus propias fuerzas, ha demostrado ser ineficiente y está probado históricamente que el Estado es un mal administrador, de modo que su asociación, lejos de ser la solución a la crisis, es garantía de fracaso. • Con base en lo anterior se desprende la tesis de que la crisis de producción fue provocada, o por lo menos agudizada, por el apoyo al ejido y los ataques a la “pequeña propiedad”, de modo que el culpable de la crisis es el régimen echeverrista o, en un sentido más amplio, la política general de “reforma agraria”. Las manifestaciones políticas de la crisis y en particular el movimiento campesino por la tierra no tienen una base estructural y provienen de las falsas ilusiones propiciadas por la política de “reforma agraria” y en particular por el “neoagrarismo” echeverrista. • De todo esto se concluye que el fracaso de Echeverría debe interpretarse como la prueba definitiva de que el ejido –con o sin apoyo estatal– no es la alternativa a la crisis agraria, mientras que la agricultura empresarial privada –hasta ahora limitada por la “reforma agraria” e incluso atacada por la “demagogia populista”– es la única alternativa viable. Ciertamente muchas críticas no comparten algunas de estas afirmaciones, pero como no ofrecen un planteamiento global distinto, acarrean agua al molino de la alternativa empresarial, que es totalizadora y coherente. En el contexto de este sistema de ideas la crítica al agrarismo hecho gobierno y al Estado como empresario agrícola se transforma en la apología del “antiagrarismo” y la empresa agrícola privada. La crítica al “populismo” echeverrista se transforma en una apología al sistema capitalista en su modalidad clásica empresarial, aunque en algunas ocasiones se encubra bajo la fórmula de un llaVIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 172 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 mado de la “productividad”. Las denuncias de la corrupción y la ineficiencia son hechas, no a partir de una explícita posición de clase, sino desde la perspectiva de la “honestidad” y la “eficiencia”; con lo que, en última instancia, desembocan en una crítica a las modalidades “populistas” del sistema, reforzando una posición de clase de corte netamente empresarial. En resumen, el análisis crítico del fracaso echeverrista, o bien ha corrido por cuenta de la burguesía agraria y sus voceros, o bien ha caído en la trampa de condicionar una supuesta simpatía por el campesinado y sus demandas a la demostración de que la “vía ejidal” es la más productiva y eficiente y por tanto más adecuada al desarrollo del sistema. Así pues, sobre el echeverrismo sañudamente destazado por sus críticos se fue configurando la política agraria del régimen de López Portillo. La primera tarea de López Portillo fue recuperar la “confianza” de la burguesía en general y de su sector agrario en particular. Los grupos que habían calificado la política de Echeverría como “avalancha desestabilizadora contra los mexicanos que sí trabajamos y pagamos impuestos” y que veían en las brigadas de la SRA la “avanzada del desastre”, reciben al nuevo régimen exigiéndole una rectificación del rumbo del país, “comprometido por políticas erróneas [...] y por una grave ruptura de la solidaridad social”. El centro de esta rectificación es la política agraria, pues “si no hay solución en el campo no habrá solución en nada [...] allí es donde está el problema y la base para la tranquilidad del país [...]”; y finalmente dejan claro que “el pilar más sólido” de esta tranquilidad es “el respeto irrestricto a la propiedad privada” y en particular a la propiedad agraria.2 Ante estas exigencias empresariales la posición de López Portillo es de conciliación a toda costa, y sus primeras declaraciones en diciembre de 1976 están llenas de llamados a la “tregua”, el “reencuentro” y la “reconciliación”, y de exhortaciones a “evitar enfrentamientos estériles”. Sus reuniones con “destacados representantes de la iniciativa privada”, los 10 convenios con 140 empresas en diciembre de 1976, el acuerdo con el “ejemplar grupo nacionalista de 2 Las declaraciones son todas de 1977 y provienen de destacados empresarios, como Marcelo Sada, del grupo Monterrey y del Consejo Coordinador Empresarial. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 173 Monterrey” en marzo del mismo año, etcétera, para el presidente son muestras de la “alianza entre mexicanos” que requiere el país. En cuanto a la problemática rural, la recuperación de la confianza de la burguesía empezó por una drástica desautorización política de las tomas de tierras y una intensificación y generalización de las respuestas puramente represivas a la ofensiva territorial campesina. En su toma de posesión como secretario de la Reforma Agraria en diciembre de 1976, Rojo Lugo declara tajantemente: “no se permitirán más invasiones”, y en marzo de 1977 envía una circular a los delegados agrarios de todo el país en la cual les comunica que de ahí en adelante la invasión de la pequeña propiedad será considerada delito federal. Cumplido este requisito inmediato, tendiente a lograr un mínimo consenso burgués para el nuevo gobierno, se emprende la rectificación radical de la política agraria del régimen anterior. Esta rectificación se manifiesta tanto bajo la forma de “desagravios” particulares y simbólicos (pago a precio de oro de las tierras expropiadas en Sonora, por ejemplo) como bajo la forma de una redefinición general y estratégica de la política agraria. El fracaso del agrarismo echeverrista, en su pretensión de controlar al movimiento campesino y mediar en la agudización de la lucha de clases rural, colocó al Estado mexicano ante la alternativa de renunciar a la relativa legitimidad rural que le otorgaba el ser el ejecutor del agrarismo, para asumir en el campo, de manera cada vez más franca y abierta, el papel de representante directo de la burguesía rural; y esto significa, ni más ni menos, que ponerle fin a casi 60 años de reforma agraria. Si, como sostiene la burguesía rural, y desde los años ochenta del pasado siglo reconoce el Estado, el aspecto redistributivo de la reforma agraria prácticamente ha terminado, los campesinos sin tierra o con tierras insuficientes nada tienen que esperar del gobierno. Si el Estado renuncia a su derecho de regular la tenencia de la tierra, renuncia también a su poder de manipulación sobre las esperanzas de los campesinos pobres, pierde toda su anterior legitimidad y su capacidad de control sobre el sector más depauperado de los trabajadores del campo y se reduce peligrosamente a los recursos de última instancia. Con la declaración de que prácticamente ya no hay más tierras que repartir, el Estado no suprime la lucha por la tierra, simplemente renuncia a su papel histórico de mediador. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 174 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 El punto de referencia constante de la oleada antiagrarista es la brutal ofensiva del grueso de la gran burguesía mexicana, cuyos voceros del Consejo Coordinador Empresarial han hecho las más tajantes y drásticas declaraciones: “La Reforma Agraria más que un fracaso es un atentado contra la existencia del país”, “el ejido es el cáncer que corroe el campo mexicano”. Ante esto, el nuevo gobierno emprende un sistemático repliegue: desde diciembre de 1976 las organizaciones campesinas oficialistas del Pacto de Ocampo comienzan a abandonar banderas tales como la solicitud de derogación del amparo agrario, y anuncian su decisión de renunciar a las invasiones de tierras. El siempre franco Humberto Serrano de la CAM expone claramente las razones del repliegue: “De otra manera –dice– el gobierno de López Portillo naufragaría”. Paralelamente comienza la retirada de todos los funcionarios del echeverrismo que habían estado vinculados al problema agrario, incluyendo al propio expresidente; y no se trata solo de que abandonen el panorama político, muchos de ellos son “castigados” con el exilio voluntario o la cárcel: en mayo de 1977 Echeverría es nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial para Realizar Estudios Relacionados con Países en Desarrollo, etcétera, etcétera, y de ahí no para sino hasta las islas Fiji; en agosto, Gómez Villanueva, exsecretario de la Reforma Agraria, renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados y sale como embajador a Italia; en septiembre Félix Barra es acusado de fraude y encarcelado, y así sucesivamente. Pero lo más importante no es este desplazamiento sino la política de los sucesores; Ramírez Mijares, que sustituye al “neozapatista” Salcedo Monteón al frente de la CNC, inicia su ejercicio anunciando que combatirá “la demagogia y la verborrea”, y poco después aclara lo que quiso decir, al declarar que “es inútil seguir peleando sobre la tenencia” y que es necesario que a los campesinos “se les diga la verdad” en el sentido de que ya no hay tierras que repartir. En estas condiciones el Pacto de Ocampo ya no tiene razón de ser y efectivamente, en octubre de 1977, se anuncia su definitivo desmantelamiento. Sin embargo, estos no son más que fenómenos secundarios; en lo fundamental la nueva política agraria es definida por el secretario de la SRA, Rojo Lugo, y ratificada por las declaraciones del propio López Portillo. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 175 A menos de cinco meses del cambio de régimen, la SRA anuncia su propósito de “concluir con la entrega de tierra en este sexenio” y poco después Rojo Lugo declara que “en tres o cuatro años ya no habrá tierras para los campesinos” y que “no es tan importante la tierra sino la posibilidad de encontrar trabajo”; y por si el cambio de las reglas del juego no hubiera quedado suficientemente claro en sus implicaciones amenazantes para los que se atrevan a seguir luchando por la tierra, anuncia que “las invasiones que aún subsisten se están reprimiendo para evitar que se generen más”. Pero es en noviembre de 1977, exactamente a un año de las expropiaciones de Sonora (que comienzan ya a definirse, como el canto del cisne del agrarismo mexicano), cuando la política agraria del nuevo régimen se plantea de manera sistemática: • Se ratifica que el reparto agrario terminará en ese sexenio y mediante este santo remedio “el campo dejará de ser terreno de batallas políticas para ser factor de producción”. • Se anuncia que la lucha campesina por la tierra ya no tiene sentido pues “la SRA no responde a ningún tipo de presiones [...] para entregar ni un milímetro de tierra”. • Para superar el rezago del trámite agrario, único obstáculo que se opone a la regularización definitiva de la tenencia, se anuncia una medida administrativa: la descentralización de la SRA, en cinco regiones. • Finalmente, para hacer más explícitas las plenas seguridades que se quieren ofrecer a los terratenientes, los encargados del reparto de latifundios sostienen que el Amparo Agrario debe mantenerse y que es necesario suprimir los Certificados de Inafectabilidad Ganadera... pero para transformarlos en Certificados de Inafectabilidad Productiva que autoricen a los ganaderos la explotación agrícola de sus tierras. Todo esto en términos agrarios y de tenencia. En el aspecto agrícola, la SRA se hace eco del planteamiento empresarial de moda y reconoce que “ayer el problema más grave era el latifundio, hoy es el minifundio”, y para resolverlo propone la “asociación de pequeños propietarios con ejidatarios y comuneros”. Por su parte López Portillo ratifica en todos los tonos esta política agraria; en declaraciones de mayo de 1978 decreta que “la VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 176 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 tenencia de la tierra es un problema secundario” y que la solución no está en repartir la tierra sino los productos. En el segundo informe presidencial la decisión histórica de acabar con la reforma agraria de manera definitiva cobra su expresión más acabada: “Hay que liquidar el reparto de una vez por todas [..] Millones de mexicanos que tienen vocación y voluntad de cultivar la tierra, no la tendrán…”. Poco después de presentar su programa global, Rojo Lugo, responsable de liquidar el rezago agrario, y con ello terminar el enojoso problema de la tenencia de la tierra, hace una serie de declaraciones derrotistas: “La Reforma Agraria está entrampada […] la SRA ha trabajado fuera de la realidad […] hay 170 mil acciones agrarias sin ejecutar [...] no es posible salvar los problemas de tenencia a corto plazo”. Tres meses después renuncia a su cargo, propiciando con esto la última vuelta de tuerca del viraje antiagrarista del régimen. En junio de 1978 es nombrado nuevo secretario de la Reforma Agraria, Antonio Toledo Corro, expresidente de la Cámara de Comercio de Mazatlán, exdelegado de la Asociación Ganadera del Sur de Sinaloa, representante en México de la John Deere, latifundista dueño de cinco mil hectáreas y personero del grupo Corerepe que aglutina a lo más granado de la burguesía agraria sinaloense. “Se acabó, es el fin, el campesino que pase bajo mi régimen que abandone toda esperanza”, parecen decir todos los voceros de la política agraria lopezportillista, pero a la vez tienen que reconocer la existencia de 64 mil solicitudes de tierra y 17 millones de hectáreas con resoluciones presidenciales de dotación sin ejecutar y, sobre todo, tienen que reconocer la existencia de un movimiento campesino que continúa. Ciertamente la oligarquía rural celebra su triunfo sobre las veleidades populista de Echeverría y cobra venganza sobre los adalides caídos, pero la confrontación con el movimiento campesino está lejos de haberse resuelto. Forzar el exilio de Echeverría y Gómez Villanueva o el encarcelamiento de Félix Barra resultó fácil, y el frágil Pacto de Ocampo se desmoronó solo; cobrarse las expropiaciones de Sonora a precio de oro y todavía exigir disculpas fue cuestión de trámite. Uno tras otro, todos los gobernadores fueron jurando obediencia y ofreciendo plenas garantías a los latifundistas. Finalmente, y para mayor seguridad, un terrateniente fue nombrado secretario Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 177 de la Reforma Agraria. Pero ni Gómez Villanueva había sido el Emiliano Zapata de los años setenta, ni el Pacto de Ocampo era la organización de los campesinos, ni la Ley Federal de Reforma Agraria o la Constitución son, en cuanto tales, las banderas de los explotados del campo, de modo que los golpes de la oligarquía rural, con ser espectaculares, resultan, sin embargo, periféricos al movimiento campesino. Perseverancia campesina y represión generalizada Menos glamorosa, satanizada por muchos de los que pocos años antes la justificaban, velada otra vez por los medios masivos de comunicación, la lucha campesina continúa, y al desaparecer los estrechos márgenes de institucionalización que se abrieron en el sexenio echeverrista, cobra su verdadero nivel como un movimiento disperso y subterráneo pero a la vez persistente e irreductible. El desmantelamiento del agrarismo hecho gobierno se topó con resistencias internas pero, sobre todo, tropezó con la testarudez de un movimiento campesino que se negaba a reconocer el “agotamiento de las tierras susceptibles de reparto” y en lugar de creer en las estadísticas se empeñaba en confiar en lo que veía con sus propios ojos. La lucha por la tierra no terminó en noviembre de 1976. En los últimos años setenta el movimiento se mantuvo en ascenso aunque con flujos y reflujos regionales. La diferencia fundamental radicó en que en ese sexenio se enfrentó a una represión más intensa aún que en el anterior y en que la capacidad de manipulación de las organizaciones oficialistas tradicionales disminuyó. Las tomas de las oficinas de la SRA fueron drásticamente desautorizadas, pero de 1977 a 1979 los campesinos tomaron masivamente las delegaciones de la SRA en Hidalgo, Durango, Puebla, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua, y las propias oficinas centrales en la capital de la República fueron ocupadas en tres ocasiones por campesinos de Hidalgo, Durango y Oaxaca. Las marchas locales o a la ciudad de México se mantuvieron: en 1977 la UGOCM organiza una caminata de dos mil campesinos para denunciar la política antiagrarista del régimen, la Unión Campesina Independiente de Puebla y Veracruz encabeza una marcha al Distrito Federal y también en Veracruz los campesinos VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 178 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 de Palmarillo realizan una parada en el kilómetro 23 de la carretera a Córdoba. Pero las satanizadas tomas de tierra siguieron siendo el recurso más generalizado de los solicitantes a quienes el trámite agrario agota la paciencia. En los últimos años setenta se presentan invasiones en Chiapas, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Yucatán. En 1977 destacan las invasiones de tierras en Chiapas, donde finqueros de seis municipios son invadidos por peones acasillados y solicitantes. Interviene el ejército y las guardias blancas y los ocupantes son desalojados. Durante el mismo año, en Puebla, 100 predios, principalmente de la zona norte, son invadidos por los campesinos. En San Luis Potosí hay 12 invasiones, ocho de ellas encabezadas por el Campamento Tierra y Libertad. En Zacatecas el Frente Popular organiza varias tomas de tierra, así como diversos actos de masas: mítines con participación estudiantil, tomas de la SRA, etcétera. En Sinaloa se presentan reiteradas ocupaciones de predios, sobre todo en la zona norte, que son promovidas por la UGOCM de Horta y la CCI. Ni siquiera el lejano estado de Yucatán, donde el problema principal no es la tenencia de la tierra, escapa de las tomas, y campesinos de Temozón invaden 100 hectáreas. Sin embargo, durante 1977 es en Hidalgo donde la lucha por la tierra cobra un carácter más dramático. Para este año, la Huasteca hidalguense se transforma en un verdadero campo de batalla: en marzo hay 312 invasiones y pese a los desalojos militares para junio se habla aún de 127 predios ocupados, mientras que en septiembre las invasiones son ya 257 y los campesinos están armados. A fines del año el gobernador Suárez Molina, que cuenta con el apoyo de la 18 Zona Militar, pide como refuerzo un regimiento de caballería y denuncia la invasión de nueve mil hectáreas. A lo largo del año más de 100 campesinos son asesinados por el ejército, la policía y las guardias blancas, y decenas de líderes son encarcelados. Los únicos datos duros de las tomas de tierras durante 1977 provienen de la poco confiable Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad , que habla de dos mil predios invadidos en el mes de abril. En 1978 la Huasteca hidalguense sigue siendo la zona donde la situación agraria es más explosiva. Para febrero las hectáreas Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 179 invadidas son ya 11 mil y los campesinos involucrados suman más de siete mil, de modo que la represión sigue en ascenso: en abril es asesinado Pedro Beltrán del Partido Mexicano de los Trabajadores y en mayo cae la lideresa María Teresa Gutiérrez. Sin embargo, para agosto se habla aún de 146 invasiones. En Sonora la secuela del reparto agrario de 1976 se manifiesta en la lucha de los campesinos del FCI porque no se les respeten a los terratenientes las llamadas “zonas de exclusión”. En Oaxaca las tomas de tierra cobran auge en octubre, cuando se realizan invasiones sobre 1 800 hectáreas en la zona de Tuxtepec, y sobre mil hectáreas en el Istmo. Pero en realidad las tomas se extienden por toda la República: en Colima el Consejo Nacional Cardenista encabeza la ocupación de 288 hectáreas y de las oficinas de la SRA; en Puebla los campesinos invaden 600 hectáreas en Atolpan; en Tlaxcala se ocupan tierras en Xiloxoxtla y en Payuca, municipio de Tlaxco; en Guanajuato la CAM liderea la invasión de más de tres mil hectáreas en Celaya y Apaseo el Alto, etcétera, etcétera. Finalmente, en el año de 1979, la lucha por la tierra se agudiza y las invasiones aumentan. En ese año, en la Huasteca hidalguense la guerra continúa y se habla de seiscientas invasiones y 12 mil hectáreas tomadas por los campesinos. Sin embargo, otros estados se colocan en primer plano: en San Luis Potosí el Campamento Tierra y Libertad encabeza la ocupación de 35 predios y se habla de 29 mil hectáreas invadidas en los municipios de Santo Domingo y Ramos. En Chiapas se presentan invasiones en Huitiupan, Simojovel y Sabanilla. En la sierra norte de Puebla dos mil comuneros ocupan tres mil hectáreas. En Sinaloa la Federación de la Pequeña Propiedad denuncia 40 predios invadidos. En Jalisco se registran tomas de tierras en Tecatitlán y Concepción, etcétera, etcétera. Pero en 1979 lo que llama la atención es la agudización de la lucha campesina en zonas de Tabasco y Chiapas donde la expansión de la explotación petrolera expulsa a los agricultores de sus parcelas, deteriora el medio ecológico y, al generar un abrupto aumento del costo de la vida pone en crisis las raquíticas economías de los trabajadores rurales. Ante las reiteradas expropiaciones y unas indemnizaciones que no solo son bajas sino que no se pagan, los campesinos inician, en diciembre de 1978, una serie de movilizaciones contra Pemex que consisten en bloqueos o “tapas” para impedir el acceso a los pozos. Para el 8 de febrero de 1979, cinco pozos están bloqueadospor VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 180 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 las “tapas” campesinas y se comenta que las pérdidas son del orden de los 200 millones de pesos; el 16 de febrero otros dos pozos amanecen bloqueados y Pemex denuncia a los “agitadores profesionales” como causantes del problema. Para fines del mes, tropas de la XXX Zona Militar son acuarteladas en Villahermosa. Tal parece que el boom petrolero, que debía ser la alternativa a la crisis agraria, tiene como uno de sus efectos inmediatos la agudización del conflicto rural y la generación de nuevas formas de lucha campesina. En esta breve reseña hemos dejado de lado las importantes luchas campesinas por los precios de producción que incluyen a los cafetaleros, los cultivadores de tabaco, los productores de ajonjolí de Guerrero, los henequeneros, etcétera, y tampoco hemos, incluido los combates por la democracia municipal que tuvieron gran importancia en Morelos, Chiapas, Yucatán, etcétera. Sin embargo, creemos que lo descrito es suficiente para constatar la persistencia y continuidad de la lucha social de los trabajadores del campo. Pero el avance del movimiento campesino en los últimos setenta no fue solo social, hay también muestras de una cierta maduración política. En particular destaca una clara tendencia hacia una unidad nacional que rompa el tradicional aislamiento de las organizaciones regionales. Se trata, además, de la búsqueda de una unidad en torno a planteamientos políticos y no solo del apoyo solidario en aspectos reivindicativos, y, lo que es más importante, las tendencias a la unificación ponen por delante no solo la independencia con respecto al Estado y las organizaciones oficialistas tradicionales, sino una clara definición contra la política antiagrarista que define al régimen lopezportillista. Ciertamente esta tendencia a la unidad política en una organización campesina nacional independiente y opuesta al Estado no cobra fácilmente formas orgánicas estables; sin embargo, hay múltiples síntomas de que se trata de una necesidad de base y que se manifiesta en una serie de actos unitarios cada vez más importantes. Este avance social y político del movimiento campesino es el contexto en el que se dio el radical viraje antiagrarista del lopezportillismo. La intransigencia frente a la lucha por la tierra, los esfuerzos por desmantelar el aparato agrarista del Estado y los reiterados anuncios del fin del reparto agrario, se toparon con un movimiento campesino que no aceptó, que no podía aceptar, las nuevas reglas del juego. El resultado fue una política agraria basada cada vez más en la represión. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 181 Documentar la represión en el campo durante los últimos años setenta es una tarea inagotable, pero de alguna manera hay que dramatizar el costo que pagaron los campesinos por el desmantelamiento, a sangre y fuego, de los escasos márgenes de negociación que les había dejado el régimen anterior. Describiremos pues algunas de las acciones del ejército, la policía y las guardias blancas en los primeros 12 meses de la avalancha represiva que siguió al cambio de régimen. En lo esencial las acciones tendientes a “desalentar” las tomas de tierra y “disuadir” a los campesinos pueden resumirse en: desalojos militares de pueblos establecidos en tierras ocupadas que, frecuentemente, son también arrasados y quemados; asesinatos de campesinos por guardias blancas, judiciales o ejército; y detenciones (individuales o masivas) en su modalidad “legal” o por vía del secuestro. En diciembre de 1976 el lopezportillismo se inaugura con desalojos en Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa; en el mismo mes hay detenciones de campesinos en Morelos y San Luis Potosí. En enero de 1977 hay desalojos en Baja California, donde un pueblo es arrasado, y también en Jalisco, donde incendian un poblado. Se registran asesinatos en Hidalgo y Veracruz, y las detenciones son en Oaxaca y Baja California, donde se apresa a 35 campesinos. En febrero hay desalojos en Guanajuato, 10 campesinos asesinados en Oaxaca, dos en Veracruz, y ocho presos en Hidalgo. En marzo hay desalojos en Guanajuato e Hidalgo. En San Juan Lalana, Oaxaca, veintinueve campesinos son asesinados. En Veracruz un grupo es ametrallado por guardias blancas en presencia del ejército con saldo de seis muertos y 10 heridos. En Jalisco un campesino es asesinado, y los presos son 30 en Veracruz, tres en Yucatán y dos dirigentes secuestrados en Sonora. En abril hay nueve desalojos en Puebla, con destrucción de los poblados, y uno en Tamaulipas. Los presos son 50 en Sonora y 19 en Tamaulipas. No se registran muertos. En mayo, desalojos en Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y Sonora. Cinco muertos y tres heridos en Hidalgo. Un dirigente asesinado en Jalisco por encabezar una invasión. En Chihuahua veinticinco presos, dos en Guanajuato y uno en Sonora. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 182 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 En junio, pueblos desalojados y destruidos en Colima y Chihuahua y uno, solamente desalojado, en Morelos. Los asesinatos son seis en Jalisco y uno en Hidalgo. No hay detenciones. En julio, desalojos en Zacatecas y San Luis Potosí, con saldo de cuatro presos. En agosto, desalojos en el estado de México y un campesino asesinado en Oaxaca. En septiembre, dos desalojos en Morelos, dos en Oaxaca y uno en Puebla, en este último hay tres campesinos muertos y seis detenidos. En Veracruz hay dos detenidos más. En octubre se registran dos pueblos desalojados y destruidos en Veracruz con saldo de campesinos presos; un poblado destruido en Puebla, con 30 detenidos; otro en Michoacán, con 10 presos, y otro más, desalojado y destruido, en Coahuila. Además, hay 12 dirigentes presos en Hidalgo. Finalmente en noviembre solo se registran desalojos, pero son abundantes: 12 en Sinaloa, uno en Puebla, otro en Veracruz, con destrucción del poblado, y otro más en Colima también con el pueblo destruido. Esto es solo lo que registraron los periódicos, y apenas en los primeros 12 meses del sexenio. En lo tocante a la represión, las estadísticas son frías y desagradables, pero Sergio Alcántara3 se tomó la molestia de realizar algunos cálculos que pueden resultar ilustrativos: en 1977 los periódicos registran 244 detenciones de campesinos, número un poco superior al de 1976 en que fueron 238, pero el número de asesinatos se triplicó con respecto al año anterior al pasar de 81 a 242; el promedio mensual de asesinatos en 1976 no fue gran cosa, solamente siete, pero en 1978 ya pesaron un poco más, pues fueron asesinados, en promedio, 20 campesinos cada mes. El drástico proceso antiagrarista de los primeros dos años del sexenio estaba conduciendo a una guerra rural de impredecibles consecuencias y para 1978 el régimen se ve obligado a matizar algunos aspectos de su proyecto agrario. La continuidad y virulencia del movimiento campesino; la crisis de los aparatos de control, manifiesta en la quiebra del Pacto de Ocampo; la apatía de la CNC; los chantajes de la CAM; las escisiones de la UGOCM; la extralimitación del antiagrarismo, que llega al extremo de que líderes de la CTM pidan la privatización 3 Sergio Alcántara, “La capacidad de respuesta del campesinado mexicano”, mimeo. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 183 de las tierras ejidales; y finalmente las propias contradicciones internas del Estado, obligan al régimen lopezportillista a emprender una cierta rectificación. Ya no se trata de acabar de inmediato con el agrarismo sino de crear las condiciones ideológicas, políticas y administrativas para liquidar la reforma agraria en su modalidad redistributiva en un plazo que primero se fija en 1980 y posteriormente se extiende hasta 1982. López Portillo renuncia al intento de pasar a la historia como el primer presidente posrevolucionario postagrarista y ahora busca reforzar su imagen como el último presidente agrarista. Todavía en junio de 1978 López Portillo declara que el reparto agrario es un “coqueteo con la demagogia”; pero en agosto, poco antes del informe presidencial y coincidiendo con que la CNC cumple 40 años y realiza un congreso, los representantes agrarios del Estado montan un gran espectáculo demagógico en el más puro corte agrarista: el día 9 el mismo Ramírez Mijares que había renunciado a “seguir peleando sobre la tenencia” anuncia que en 30 días serán expropiados latifundios de Gonzalo N. Santos, Robles Martínez y Reyes García por denuncias y estudios de la CNC; el día 12 Gastón Santos recuerda sus días de actor de westerns y asumiendo el papel de villano dice: “Que vengan, los espero”; al día siguiente Mijares se pone el sombrero, las botas y las cananas y declara: “Estaré con los campesinos cuando les entreguen las tierras…”. Por su parte Toledo Corro, de la SRA, se olvida de que “ya no hay tierras que repartir” y asumiendo el papel de sheriff anuncia que ha recibido instrucción de López Portillo para afectar tierras fuera de la ley y que se expropiarán 6 282 hectáreas del latifundio de los Santos, con lo que “se inicia en México un momento histórico”… Finalmente algunos de los declarados “fuera de la ley” se niegan a representar el papel de villanos y prefieren arrepentirse a última hora: la familia de Reyes García ofrece donar 20 mil hectáreas. En total el espectáculo les cuesta a los terratenientes la expropiación de 30 mil hectáreas, aproximadamente el 0.5% de las tierras que los latifundistas detentan ilegalmente, pero además el fondo del asunto es un convenio, previamente negociado, entre el Estado y los ganaderos. Desde 1977 la Confederación Nacional Ganadera había estado pidiendo cambios en el artículo 27 constitucional en el sentido de lograr una plena seguridad en la tenencia y la autorización para VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 184 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 dar uso agrícola a sus latifundios. El gobierno cede a las presiones y se acuerda una modalidad: se redefinirán los índices de agostadero y sobre esta base se establecerán los nuevos límites de la propiedad ganadera a la que se otorgarán “Certificados Definitivos de Inafectabilidad Agraria”. Esto significa que a cambio de pequeños recortes en sus grandes propiedades, los ganaderos habrán logrado salvar los obstáculos constitucionales al latifundio y obtendrán plenas garantías sobre miles de hectáreas a las que podrán dar el uso que más les convenga. En resumen, se están creando las condiciones para legalizar el latifundio. Durante el régimen de López Portillo, en suma, el Estado mexicano se prepara para renunciar a la base de su legitimidad con los campesinos pobres y sin tierra, que hasta ahora había radicado en su función como regulador de la tenencia, y quedarse únicamente con la base de apoyo que proviene de sus funciones económicas en el sector ejidal de producción más o menos moderna. Pero lo más grave de esta decisión es que el Estado está renunciando a su capacidad de negociación política frente a un problema social cuyas raíces son estructurales y para el cual no hay solución: la existencia de una enorme masa de campesinos pobres y sin tierra cuya reproducción no puede ser asumida por el sistema por la vía del trabajo asalariado. Este sector, cada vez más numeroso, presiona sobre la tierra porque no tiene otra alternativa viable y el sistema tampoco puede ofrecérsela. En un país periférico como México, el desarrollo del capitalismo dependiente no conduce nunca a la plena consolidación de relaciones de producción rurales directamente capitalistas, y la contradicción entre los campesinos y el capital territorializado se reproduce paralelamente con la contradicción proletariado agrícola-burguesía rural que, ciertamente, también se desarrolla. El agrarismo institucional, como parte de una reforma agraria permanente, fue la forma en que por más de 50 años el Estado mexicano intervino como mediador en esta contradicción. Durante el periodo en que el capitalismo mexicano logró desarrollarse sin agudizar demasiado este conflicto, el apoyo real a la agricultura empresarial y a los terratenientes fue compatible con la manipulación “agrarista” del campesinado; pero cuando la vía de desarrollo se agota y se exacerban las contradicciones, el Estado como mediador y el populismo agrarista dejan de ser viables. Al parecer, en los años setenta se llega a esta coyuntura. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 185 No tanto lo duro como lo tupido Vista en su conjunto, la década de los setenta se muestra como un prolongado periodo de agudización y generalización de la lucha de clases rural, en el que no destaca tanto lo acérrimo del conflicto como su notable persistencia. Aun reconociendo las evidentes fluctuaciones, tanto nacionales como regionales, el hecho es que la movilización de los trabajadores del campo se mantuvo, durante más de 10 años, sin reflujos drásticos ni descensos definitivos. Los repliegues del movimiento en su conjunto, o de uno u otro contingente campesino, fueron frecuentes, pero por lo general no derivaron en desbandada social ni en dispersión organizativa. Al contrario: el claro endurecimiento de la política agraria del Estado en los últimos años de esa década, su creciente renuncia a propiciar soluciones negociadas y el cierre de casi todos los espacios democráticos rurales, han sido paralelos a la extensión, el fortalecimiento orgánico y la radicalización política de las organizaciones campesinas independientes. A principios de los años ochenta soplaban fuertes vientos anticampesinos y la renuncia del Estado al agrarismo parecía ser definitiva, pero al mismo tiempo las organizaciones rurales independientes cobraron una presencia social y política sin paralelo en los 50 años anteriores. Este proceso organizativo, relativamente joven, enfrentó serias dificultades y no se consolidó plenamente; sin embargo, su perseverancia y su notable capacidad para resistir con éxito circunstancias económicas y políticas hostiles, lo definen como un fenómeno que rebasa con mucho lo coyuntural. Y es que el creciente fortalecimiento de las organizaciones campesinas independientes durante los años ochenta responde a una racionalidad de largo plazo y tiene raíces profundas. De hecho, los años setenta son, en muchos sentidos, una década de ruptura. En cuanto al ámbito rural, durante esos años parece clausurarse de una vez por todas un largo ciclo histórico: termina la época del agrarismo institucional, y sus banderas, actualizadas, pasan a manos del movimiento campesino independiente. Pero el fin del agrarismo de Estado nos remite a sus causas estructurales: el agotamiento del modelo de desarrollo agropecuario seguido durante más de 40 años. La crisis agrícola de producción –que a principios de los setenta deviene también social y política– no solamente no se atenúa con VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 186 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 el paso de los años, sino que a mediados de la década se generaliza y amenaza con devenir crónica. Y esta crisis, que anuncia el agotamiento de una vía de desarrollo agropecuario, también cuestiona, por su base, las relaciones entre el Estado mexicano y las clases rurales. Si la consolidación burguesa de la revolución de 1910-1917 era incompatible con una reforma agraria radical y democrática, tampoco podía sostenerse renunciando por completo al reparto territorial; la única opción viable era una reforma agraria, más o menos moderada y conciliadora, pero permanente. Durante más de 50 años la regulación discrecional de la tenencia de la tierra fue la herramienta privilegiada del Estado mexicano para mediar en los conflictos rurales y ordenar el desarrollo agropecuario. Pero todo por servir se acaba. A medio siglo de distancia el agrarismo como atribución del Estado perdió filo y resultó impotente, tanto para someter a una nueva y poderosa burguesía agraria, como para domesticar a un movimiento campesino cada vez más enconado. A mediados de los años setenta el agrarismo hecho gobierno entona su canto de cisne; son los años del efímero “neozapatismo” echeverrista. Después, todo son estertores. La agonía de una práctica casi sexagenaria, que ha cristalizado en decenas de aparatos de Estado y una intrincada red de intereses, resultó prolongada y dolorosa. El anuncio de la superación del llamado “rezago agrario”, y con ello la supuesta regulación definitiva de la tenencia de la tierra, equivalía a un acta de defunción que se pospone una y otra vez. Pero no había que hacerse ilusiones, estábamos ante un diagnóstico definitivo: el viejo agrarismo de Estado, aquejado de populismo crónico e incurable, estaba condenado. En aquellos días, el Estado mexicano inició el desmantelamiento del agrarismo institucional, base de su legitimidad histórica ante los campesinos pobres y sin tierra. Pero al mismo tiempo extendió y profundizó notablemente su inserción económica en la esfera agropecuaria; particularmente en el sector ejidal de mediano y alto potencial productivo. En este periodo se multiplicaron las obras de infraestructura construidas y controladas por el Estado, se extendieron el crédito y el seguro agrícola, se amplió la red de comercialización oficial, creció la intervención estatal en el fomento y manejo de la agroindustria, se multiplicaron las agencias de promoción y asesoría. En este proceso los campesinos medios y muchos campesinos pobres fueron dependiendo, cada vez más, de los recursos económi- Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 187 cos, técnicos y administrativos de origen oficial. Y con ello tuvieron que reconocer al Estado como fuente irrenunciable de recursos productivos. Así, al tiempo que se replegaba en sus funciones reguladoras de la tenencia de la tierra, el Estado avanzaba en su inserción económica rural, y si bien perdía legitimidad agraria, reforzaba su legitimidad agrícola. Pero de la misma manera que reconocer al Estado como ejecutor del reparto agrario no significó necesariamente sumisión campesina, admitirlo como proveedor de recursos económicos no condujo forzosamente a la subordinación de los productores. Un número cada vez mayor de pequeños y medianos campesinos tuvieron que negociar con el Estado las condiciones de su producción, pero esta negociación fue siempre conflictiva, pues el Estado es un interlocutor difícil, y el resultado del regateo depende siempre de la correlación de fuerzas. Es en este contexto de crisis estructural y redefinición agraria del Estado mexicano que se ubica el ascenso social y político del movimiento campesino en los años ochenta. Su amplio despliegue social, su sorprendente continuidad y la radicalidad e independencia de sus organizaciones, fueron la respuesta campesina al reto combinado de la profunda crisis rural y la drástica definición antiagrarista del Estado. En la medida en que el estrangulamiento económico de la agricultura no se remonta y la miseria de los trabajadores rurales no encuentra salidas ni en la pequeña producción, ni en el trabajo a jornal, ni en la combinación de ambas estrategias de supervivencia, el movimiento campesino no puede darse el lujo de arriar sus banderas y desmovilizarse. En este sentido la continuidad de la lucha campesina es consustancial a la prolongación de la crisis agrícola. Por otra parte, en la medida en que el Estado se orienta decididamente hacia salidas anticampesinas y se muestra intransigente ante las demandas de los trabajadores rurales, el movimiento campesino no tiene otra opción que acendrar su independencia y profundizar sus posiciones políticas. Desde esta perspectiva la radicalización de la lucha campesina es correlativa al endurecimiento de la política agraria oficial. Pero si la tendencia general del movimiento campesino de los años setenta resulta clara, su curso social es sinuoso como pocos: hay periodos de ascenso y épocas de reflujo, además de que estos avances y retrocesos son distintos para cada frente de lucha, se exVIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 188 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 presan en múltiples formas organizativas y por lo general difieren de región a región. Tentativamente y para fines analíticos podríamos identificar tres etapas, que se diferencian tanto por la política agraria del Estado como por el curso del movimiento campesino: • El periodo que va de 1970 a 1973 se caracteriza por una agudización acelerada de los conflictos rurales, acuciados por la crisis agraria y exacerbados por la represión. La creciente movilización campesina se desarrolla en todos los frentes; principalmente el de la lucha por la tierra y el del combate por los precios, pues durante los tres primeros años de la década el echeverrismo no define opciones políticas, ni en lo referente a la tenencia de la tierra ni en lo tocante a la producción, y recurre sistemáticamente a la violencia ante las demandas campesinas. En esta etapa el movimiento es básicamente espontáneo, pues la indefinición del Estado desarma a las centrales oficialistas, que pierden su ya escasa credibilidad, y por el momento aún no surgen opciones organizativas independientes. • De 1973 a 1976 la crisis agraria se mantiene y el movimiento campesino sigue extendiéndose, pero su generalización se ve ahora alentada por una posición oficial más flexible que ofrece soluciones negociadas. La política de precios y los apoyos al sector ejidal atenúan ligeramente las tensiones en el terreno de la producción, pero en el frente de lucha por la tierra la apertura agrarista, lejos de disminuir la presión, propicia la generalización de los combates por la tenencia, y la demanda territorial se transforma en el frente más dinámico y generalizado del movimiento campesino. El impulso al reparto agrario favorece a las organizaciones oficialistas, que incluso logran una efímera coordinación con el Pacto de Ocampo, pero también recupera su dinamismo la CCI de Danzós –transformada posteriormente en CIOAC– y se constituyen numerosas organizaciones independientes. • De 1977 hasta el fin de la década, el cambio del régimen conlleva un drástico viraje anticampesino, los espacios de negociación se cierran y la secuela represiva frena el hasta entonces impetuoso ascenso de la lucha rural. En lo referente a la tenencia de la tierra, el nuevo gobierno es in- Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 189 transigente y, si bien no logra desmantelar este frente de lucha, sí lo bloquea. Con esto queda sin sustento el Pacto de Ocampo y las organizaciones oficialistas, de nuevo debilitadas, se dispersan; pero también las organizaciones independientes se ven obligadas a replegarse y en este proceso algunos núcleos regionales se desintegran. Sin embargo, la mayoría logra combinar el repliegue táctico con un avance político al constituir un amplio frente: la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Pero no en todas las vertientes del movimiento hay repliegue; mientras la lucha por la tierra es frenada, el combate por la producción se generaliza. Ante una crisis agrícola persistente y una política oficial productivista, surgen organizaciones independientes de pequeños productores que logran consolidarse sin endurecerse políticamente, en la medida en que su relación con el Estado es conflictiva, pero menos antagónica que la de quienes demandan la tierra. Los herederos de zapata Pese a que entra en escena a fines de los años setenta, la CNPA es la experiencia organizativa rural más significativa de la década, pues en ella culmina y cristaliza el largo proceso de ascenso y estabilización del movimiento campesino mexicano de los 10 años anteriores. La CNPA, que aparece después de los combates rurales más espectaculares y exitosos y en cuya trayectoria no hay grandes avances reivindicativos, es, sin embargo, la expresión más nítida del irreconciliable antagonismo que separa a un Estado cada vez más despojado de sus ropajes reformistas y una masa de trabajadores rurales que ya no encuentra salida a sus demandas en el agrarismo institucional. En este sentido la CNPA es la manifestación más acabada del agotamiento definitivo de la reforma agraria como fuente de legitimidad campesina del Estado posrevolucionario, y es también la más clara encarnación de la independencia social y política reclamada por la lucha de los trabajadores rurales. La CNPA no fue la mayor organización campesina del país, ni la única organización rural independiente, pero constituye una experiencia privilegiada para comprender la naturaleza del movimiento campesino mexicano en las décadas de los setenta y ochenVIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 190 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 ta. La coordinadora tuvo una indudable presencia rural y en su despegue fue socialmente importante, pero aun si su peso hubiera sido menor valdría la pena reconstruir su sintomática y, a veces, simbólica trayectoria. En 1979 se cumplían 100 años del nacimiento de Zapata. El gobierno de López Portillo había anunciado la clausura del reparto agrario para 1982 y numerosas organizaciones campesinas regionales vivían el fin del agrarismo hecho gobierno en medio de la más feroz represión. En esta coyuntura uno de los hijos de Zapata, Mateo Emiliano, convoca a un Congreso Nacional Campesino en Cuautla, Morelos. La asistencia al acto es sorprendente por su amplitud, pero sobre todo por su heterogeneidad: están ahí las organizaciones gobiernistas de rigor, pero al llamado zapatista concurren también numerosas agrupaciones independientes como la Unión de Comuneros Emiliano Zapata de Michoacán; la Unión Campesina Independiente, de Veracruz; los Comuneros Organizados, de Milpa Alta, entre otros. El acto es oficialista y asisten a la clausura el secretario de la Reforma Agraria, Toledo Corro, y el propio presidente de la República. Inesperadamente, los funcionarios son abucheados y es sintomático que a las primeras voces independientes pronto se una el amplio coro de los acarreados. A medio siglo de su muerte, Zapata gana una nueva batalla, al congregar a los contingentes campesinos más diversos y unificarlos en una protesta inesperada y multitudinaria. Pero en Cuautla no están todos los que son y, sobre todo, muchos de los que están definitivamente no son, de modo que una parte de las organizaciones allí reunidas decide convocar a un encuentro campesino más homogéneo y representativo. El resultado de esta iniciativa es el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas Independientes que tiene lugar entre el 12 y el 14 de octubre en la comunidad de Milpa Alta, Distrito Federal, y en el que se constituye formalmente la CNPA, con la asistencia de representantes de más de 60 organizaciones campesinas y en una reunión de masas que inaugura el estilo participativo y basista que, de ahí en adelante, caracterizará a las actividades colectivas de la Coordinadora. El encuentro y los acuerdos de Milpa Alta no solo representan un pacto entre organizaciones independientes; también constituyen un radical deslinde político con respecto al Estado y las or- Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 191 ganizaciones oficialistas. Y lo más significativo es que la primera declaración de la CNPA refleja, en lo sustancial, las posiciones y experiencias de las bases organizadas; su radicalidad no es doctrinaria y puramente verbal, sino que está legitimada por los asistentes. Además en Milpa Alta se acuerda una primera acción de la CNPA que no podía ser más certera y significativa: impedir que los restos de Zapata sean trasladados al Monumento de la Revolución, donde descansarían junto a los de Carranza y Obregón, que fueron los victimarios del líder. Con este acuerdo la CNPA inaugura una política que la definirá en los años siguientes: impedir mediante la movilización y la lucha que los gobiernos en turno consumen su pretensión confesa de clausurar simbólica, administrativa y políticamente una reforma agraria sexagenaria pero inconclusa. Durante el primer encuentro y en los meses siguientes la CNPA se depura. En un primer momento se incorporan al pacto de unidad una serie de organizaciones formalmente independientes pero cuya práctica se mantiene dentro de los esquemas tradicionales del agrarismo oficialista: manejo de influencias y compromisos políticos con el Estado al margen de las bases, manipulación de las luchas, etcétera. El Consejo Nacional Cardenista, con bases en Colima, Jalisco y Guanajuato; el Movimiento Nacional Plan de Ayala, que, pese a su nombre, solo actúa en Morelos y encabeza Mateo Zapata, y una fracción del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, intentan primero entibiar los planteamientos políticos de la CNPA, y finalmente la abandonan pues estiman que las radicales posiciones de la Coordinadora podrían deteriorar sus relaciones con el Estado. También se apartan de la CNPA la CIOAC y la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y del Mayo, que habían participado en el encuentro de Milpa Alta. En este alejamiento operan factores distintos de los que mueven a los oficialistas: la CIOAC parece subestimar, en un primer momento, la importancia del nuevo proceso organizativo y pretende ser reconocida como organización histórica y nacional sin haberse ganado este lugar ante las bases de los otros agrupamientos; en cuanto a la Coalición, independientemente de posibles diferencias políticas, influyen en su distanciamiento las diferencias objetivas que provienen de su ubicación en la lucha por la producción, frente a una mayoría de organizaciones coordinadas cuyas principales demandas se refieren a la tenencia de la tierra. Esta depuración, y la naturaleza de las organizaciones que a fin de cuentas constituyen la CNPA, no son casuales; se manifiesVIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 192 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 ta en ellas una profunda racionalidad social. La nueva organización expresa la urgencia objetiva de coordinación entre una serie de agrupaciones campesinas regionales, cuyo eje es la lucha por la tierra y que están en repliegue, forzadas por una represión generalizada que amenaza con extinguirlas. A fines de los años setenta el movimiento campesino, y en particular los destacamentos enfrascados en el combate territorial, vivían una etapa de reflujo y potencial desbandada, que solo podía superarse con relativo éxito mediante una coordinación que modificara a su favor la desproporcionada correlación de fuerzas que enfrentaban por separado. Quienes no se encontraban en este predicamento, o pretendían evadirlo mediante compromisos con el Estado, podían estar de acuerdo proclamativamente con la unidad, pero esta no era para ellos una necesidad vital; y, en definitiva, la CNPA se constituyó con quienes dependían de la coordinación para sobrevivir y avanzar políticamente. La CNPA no podía conformarse con una coordinación de cúpula, y la solidaridad y acción conjunta por la base no se logran por decreto, mucho menos en un movimiento tan disperso y heterogéneo como el campesino, de modo que una de las primeras actividades de la Coordinadora fue impulsar la intensificación de los contactos y la convergencia entre las bases, lo que, de paso, creó un contexto favorable para la siempre conflictiva interacción política de los dirigentes. En sus primeros dos años de vida la CNPA organiza tres Encuentros Campesinos Nacionales con miles de participantes. El primero, ya mencionado, en Milpa Alta; el segundo en Santa Fe de La Laguna, Michoacán, y el tercero en Vega Chica, Veracruz. Pero además se llevan a cabo decenas de Encuentros Regionales en los que no participan todas las organizaciones miembros de la Coordinadora pero que generalmente cuentan con una asistencia masiva. En este periodo se realizan cerca de 20 encuentros regionales en 17 estados de la República, prácticamente un encuentro cada mes. Esta intensa convergencia social, que moviliza a decenas de miles de campesinos, supone difíciles y prolongados desplazamientos y se expresa en más de 65 días de intensos debates multitudinarios, es radicalmente distinta de los tradicionales compromisos de cúpula y constituye la clave de un proceso organizativo que enfrenta con éxito los retos combinados de la dispersión geográfica, la heterogeneidad social, la disparidad e inexperiencia políticas, la escasez de recursos y, ante todo, la omnipresente y cotidiana represión. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 193 Al llegar a su tercer encuentro y cumplir dos años de vida la CNPA es una organización más o menos estabilizada de la que forman parte 12 agrupaciones regionales y que tiene presencia en más de 15 estados de la República. En este sentido, el balance puede ser optimista, pero desde otro punto de vista los resultados son insatisfactorios, pues las demandas de las organizaciones coordinadas prácticamente no han avanzado. El trámite agrario sigue estancado y cuando las autoridades mueven los expedientes es para formular fallos negativos. Y lo más alarmante es que el Estado siembra por todas partes banderas blancas, anunciando la “regularización de la tenencia de la tierra”, y ratifica insistentemente su decisión de clausurar el reparto agrario en un plazo peligrosamente corto; primero en 1980 y después para e1 fin del sexenio lopezportillista. Al terminar la década de los setenta resulta claro que la intransigencia agraria del Estado no puede enfrentarse solamente con trámites conjuntos y movilizaciones locales. En última instancia el problema es político y no solamente reivindicativo, y hay que enfrentarlo con acciones también políticas, además de coordinadas y nacionales. El 12 de mayo de 1981 la CNPA organiza una manifestación en la ciudad de México en la que participan cinco mil campesinos provenientes de 315 comunidades repartidas en 18 estados de la República. A la marcha campesina se suman una movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros contingentes solidarios hasta alcanzar un total de más de 20 mil personas. Los cinco mil campesinos que marchan unas cuantas horas en la ciudad de México representan a muchísimos más que permanecieron en sus comunidades, y su corto despliegue en el Distrito Federal es la culminación de semanas de movilización y recorridos de miles de kilómetros, de modo que la manifestación refleja una decisión política profunda y una fuerza social considerable. Por otra parte, la alianza coyuntural con la CNTE es también significativa, pues la acción conjunta de las coordinadoras se apoya en el ascenso paralelo de la lucha de diferentes sectores populares y expresa la convergencia objetiva de las organizaciones sociales independientes. La marcha arroja, en general, un saldo positivo. En relación con la lucha reivindicativa se logra que la SRA reconozca a la CNPA como interlocutor, y a partir de ese momento la Coordinadora dispone por derecho propio de una audiencia mensual con las autoridades agrarias. Pero el avance más importante es de carácter VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 194 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 político: la movilización nacional, asociada a la persistencia de las luchas regionales y a una fuerte campaña de opinión pública, colabora decisivamente a bloquear los intentos gubernamentales de dar por terminado el reparto agrario en un plazo corto. La marcha de mayo no es más que una parte de la movilización rural, pero dramatiza, en el corazón político del país, el enérgico rechazo campesino a la política antiagrarista del Estado, y en la práctica el gobierno de López Portillo se ve obligado a abandonar el proyecto de declarar cancelado el reparto agrario en su sexenio. Pero si bien el reparto agrario no se suprime formalmente y los campesinos logran mantener abierto el espacio político para sus demandas territoriales, en los hechos los expedientes siguen bloqueados y, pese a las audiencias, la lucha reivindicativa avanza a paso de tortuga. Y lo peor del caso es que la CNPA ha mostrado su fuerza y en los meses siguientes se concentra sobre ella la represión. De marzo a julio de 1981 son asesinados 11 campesinos miembros de la Coordinadora en Chiapas, Veracruz y Chihuahua, y más de 30 se encuentran en las cárceles de siete estados de la República. La lucha contra la represión es la otra cara del combate por la tierra y la CNPA tiene que asumirla. En julio de 1981 la Coordinadora, con el apoyo del Frente Nacional Contra la Represión, inicia una jornada de rechazo a la violencia anticampesina que tiene como eje la huelga de hambre de 31 campesinos presos. En un primer momento se impone la lógica de la intransigencia y el principio de autoridad. El Estado responde con más represión a la lucha contra la represión: otros seis campesinos son asesinados en Tlacolula, ocho más son detenidos en la Huasteca hidalguense y los presos de Chiapas, en huelga de hambre, son golpeados e incomunicados. Pero la protesta se intensifica y finalmente el gobierno tiene que abrir negociaciones. Entre agosto de 1981 y marzo de 1982 cerca de 40 campesinos presos son excarcelados. En agosto de 1981 la CNPA realiza su IV Encuentro Nacional Campesino en Juchitán, Oaxaca, donde comienza a discutirse el Programa de Acción y la Declaración de Principios; y en junio de 1982 se lleva a cabo una segunda marcha en la ciudad de México que también moviliza a unos cinco mil campesinos pero en la que ya no participan los maestros de la CNTE y resulta, por ello, menos concurrida que la anterior. En julio de 1982 la CNPA organiza en Venustiano Carranza, Chiapas, el V Encuentro Nacional Campesino. En esta reunión se Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 195 aprueban la Declaración de Principios y los Estatutos, y poco después, en una asamblea plenaria, se define el Programa de Acción de la Coordinadora. A los pocos meses, en enero de 1983, la CNPA realiza su Primer Congreso Nacional. Para estas fechas aglutina a 19 organizaciones, sus fuerzas se extienden a 22 estados de la República y, en cierto modo, al cumplir su tercer año de vida concluye también una primera etapa de su existencia. Para 1983 la CNPA ha mostrado su viabilidad como coordinadora campesina nacional, se ha transformado en la organización más representativa de la lucha rural por la tierra y aglutina a la mayor parte de los agrupamientos campesinos regionales enfrascados en este combate y susceptibles de coordinarse nacionalmente. En este sentido, la CNPA, a tres años de su fundación, es una organización social consolidada. Pero en el mismo lapso se ha puesto de manifiesto que la intransigencia agraria del Estado no era coyuntural y que ni siquiera la unidad y la acción conjunta de numerosas fuerzas campesinas es capaz de arrancarle concesiones sustanciales. En este sentido, la CNPA se enfrenta a la disyuntiva de consolidarse sobre bases fundamentalmente políticas o desaparecer. En los primeros tres años de la CNPA sus promotores hicieron el milagro de cohesionar una coordinadora nacional de masas en condiciones de intransigencia oficial y reflujo campesino. Dado que espontáneamente las bases rurales se movilizan por demandas inmediatas y si no logran avances reivindicativos sustanciales tienden a dispersarse, resulta evidente que la perseverancia de la CNPA solo se explica por la maduración política de las organizaciones coordinadas. Como resultado de las circunstancias hostiles creadas por el endurecimiento del Estado, la CNPA, sin dejar de ser una organización social y reivindicativa, se fue transformando, cada vez más, en un agrupamiento sustentado en bases políticas. Independientemente de las motivaciones iniciales de sus miembros, la Coordinadora tuvo que superar la lógica inmediatista, que lo subordina todo a la a veces ilusoria conquista de algunas demandas, entrando en una dinámica que pone por delante la conservación de la organización independiente y la claridad en las perspectivas estratégicas. En otras palabras; la CNPA se transformó en un medio para que los campesinos pudieran recuperar la iniciativa política cuando la intransigencia del Estado los había colocado socialmente a la defensiva y en condiciones de repliegue reivindicativo. VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 196 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 Paradójicamente, una de las primeras muestras de madurez política de la CNPA fue el reconocimiento de las limitaciones del movimiento campesino por ella representado. Pese a su extensión e importancia la Coordinadora solo aglutinaba una vertiente del combate rural: la lucha por la tierra. En 1983, alrededor del 60% de los núcleos de base de la CNPA eran Comités Particulares Ejecutivos, es decir, grupos de solicitantes de tierra, mientras que los ejidos y comunidades constituidos solo representaban el 40%. Por otra parte la enorme mayoría de las demandas promovidas por la Coordinadora se referían a la tenencia de la tierra y de los 650 expedientes impulsados en la SRA destacaban, en orden de importancia, los referentes a Dotación o Ampliación de Ejido, los que demandaban la creación de nuevos Centros de Población Ejidal y los que se orientaban a la Restitución o Confirmación y Titulación de Bienes Comunales. En este mismo sentido es sintomático que más de la mitad de las organizaciones regionales aglutinadas en la CNPA tuvieran una base predominantemente indígena, y que tres de cada cuatro se ubicaran en el centro, sur y sureste del país. Por todo ello es claro que la CNPA representaba predominantemente al sector más pobre de los trabajadores rurales, y que logró su inserción más profunda en las zonas de estructura agraria tradicional. Pero si en la CNPA predominaban socialmente las demandas orientadas a la tenencia de la tierra, esto no significa que se hubieran soslayado las reivindicaciones referentes a la producción. Desde 1982 la coordinadora inició negociaciones con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Banrural y Conasupo, y sus demandas programáticas incluyeron las reivindicaciones generales de los trabajadores del campo, referentes tanto a la tenencia de la tierra como a la producción y comercialización y a los derechos de los asalariados rurales. Así pues, la CNPA reivindicó programáticamente todas las demandas de los trabajadores del campo, pero hay que admitir que en las organizaciones por ella coordinadas predominaba el combate territorial. Y esto supone, implícitamente, la apertura hacia otras organizaciones rurales independientes. Un gran avance político de la Coordinadora fue reconocer que no tenía la exclusividad sobre la organización rural independiente, y asumir en la práctica que el avance del movimiento campesino demanda un gran despliegue de fuerzas que solo puede lograrse a través de la más amplia unidad. Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 197 El ejemplo más claro de esta convicción fue la Marcha Nacional de abril de 1984 y la gran manifestación del día 10 en la ciudad de México. Las jornadas de abril fueron la expresión más espectacular y dramática de la profunda radicalización social y política que había vivido el movimiento campesino mexicano en los 10 años anteriores. La punta del iceberg fue una multitudinaria manifestación campesina que culminó con un impresionante mitin en el Zócalo que congregó a cerca de 100 mil personas. Pero estas acciones, que capturaron la atención de los periódicos transmutadas por obra y gracia del amarillismo en “mayúsculo caos vial” y “embotellamiento del siglo”, constituían el último acto de una acción nacional, masiva, unitaria y multiforme, que se prolongó por casi tres semanas. Desde el 26 de marzo las organizaciones de la CNPA comenzaron a marchar hacia la ciudad de México por rutas que se extendían sobre 18 estados de la República; desde Sinaloa hasta Chiapas y desde Guerrero hasta Veracruz. Durante dos semanas los campesinos fueron confluyendo en tres grandes columnas que dejaban a su paso una estela de agitación popular. En total nueve capitales estatales se cimbraron al paso de los contingentes campesinos, en el recorrido se realizaron cerca de 40 mítines, y en siete ciudades las movilizaciones rebasaron al millar de asistentes. EnMorelia, Michoacán, la marcha congregó a cerca de 10 mil personas. El día 9 los marchistas llegaron a la periferia del Distrito Federal y el 10, las interminables columnas campesinas penetraron hasta el centro de la ciudad, en una ocupación simbólica que inevitablemente remitía a la noche del 24 de noviembre de 1914 en que los campesinos zapatistas ocuparon por vez primera la capital del país. A 70 años de distancia un movimiento, de nueva cuenta distanciado del Estado y en franca rebeldía, llegaba hasta el corazón político del país para ratificar la validez de un Plan de Ayala proclamado hasta la saciedad y nunca consumado. Al atardecer se sumaron a las polvorientas columnas de la CNPA las fuerzas campesinas que la CIOAC y la UGOCM Roja habían concentrado en la ciudad, y a ellas se unieron los contingentes solidarios de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la CNTE, la Coordinadora Sindical Nacional, el Frente Nacional Contra la Represión, los partidos y organizaciones políticas VIII. Los años setenta y ochenta del siglo XX. Zapata cabalga de nuevo 198 Los nuevos herederos de Zapata, campesinos en movimiento. 1920-2012 de izquierda. A las seis de la tarde el río humano desembocó en el Zócalo y la gran plaza se llenó de sombreros. Por primera vez, desde que el agrarismo se tornó gobierno, los campesinos de todo el país se congregaban masivamente ante el Palacio Nacional para proclamar su radical rechazo a la política agraria del Estado y con ello su definitiva independencia orgánica y política. Después de casi 70 años de agrarismo institucional las banderas de Zapata regresaban simbólicamente a manos de los campesinos y recuperaban su condición revolucionaria. Ocho años de política anticampesina y de represión rural durante dos gobiernos sucesivos empecinados en cancelar la reforma agraria, no habían logrado desmantelar el testarudo agrarismo, ni mucho menos liquidar al movimiento de los trabajadores del campo. El 10 de abril de 1984 un movimiento campesino poderoso y saludablemente unitario ocupó el Zócalo. Pese a la represión y la intransigencia, pese a las voces que proclamaban su extinción, los herederos de Zapata demostraron que seguían ahí, y que, una vez más, venían a contradecir.